Fideicomisos/Felipe de J. Monroy

Fideicomisos, entre la transparencia y el horizonte

En 2007, la hoy secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, publicó un denso estudio titulado ‘Rendición de cuentas y los fideicomisos públicos. El reto de la opacidad financiera’ en el que la propia Auditoría Superior de la Federación reconocía “la apremiante necesidad de impulsar una mayor transparencia” en la operación de los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos “dados los cuantiosos recursos públicos que manejan”.

En aquella ocasión, se alertaba que en el año de transición entre Vicente Fox y Felipe Calderón, el gobierno federal había constituido 150 fideicomisos para alcanzar un total de 589, que manejaban 267 mil millones de pesos (equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto del país) y “que por desgracia en su mayoría no cuentan ni con el control ni con la supervisión adecuados”.

Sandoval criticaba que los fideicomisos funcionaran exclusivamente sobre la base de la confianza entre fideicomitente y fiduciaria; y propuso que operasen bajo el principio rector de la responsabilidad gubernamental. La alerta la consideraba oportuna debido “a la actual tendencia a dejar fuera del ámbito de la transparencia la conducción de los asuntos financieros y monetarios”; Sandoval ponía como ejemplos prácticos los casos de los rescates bancarios FOBAPROA e IPAB en los que “con el argumento del secreto bancario” se entorpecía las investigaciones con opacidad de información. De tal suerte que “la gestión transparente de otros fondos y fideicomisos a cargo de distintas dependencias del gobierno federal ha sido constantemente obstaculizada con el pretexto del secreto fiduciario. El gobierno federal y en particular la Secretaría de Hacienda han esgrimido este argumento en innumerables ocasiones para evitar el escrutinio público”.

Es decir, el problema no es reciente. En 2003, reporta el informe, llegó a haber 624 fideicomisos en operación, de los cuales el 96.8% se constituían sin estructura “esto es, sin obligación de ser transparentes, rendir cuentas y registrar egresos e ingresos en ningún registro público”. Por si fuera poco, la figura del fideicomiso, que suele perseguir un fin u objetivo muchas veces temporal, en el caso de los operados con recursos públicos no ponía límites a la temporalidad, ventaja que quisieron aprovechar el 84.9% de los fideicomisos operantes en la primera década del siglo.

Es cierto, la falta de transparencia por el secreto fiduciario no es un verificador automático de que los fideicomisos operaran con corrupción; pero la Auditoría Superior de la Federación ha documentado muchos casos de manejo irregular y corrupto de los recursos públicos depositados en los fideicomisos. La respuesta, según Sandoval, reside en la creación de modalidades específicas de fideicomisos (es decir, no arbitrarias); la prohibición expresa de fundación de fideicomisos en áreas concretas como salud o desarrollo social; poner límites a la cantidad de fideicomisos y a los montos permitidos de dinero público; mejorar la fiscalización y la rendición de cuentas; imponer sanciones a servidores públicos que cometan delitos especiales de opacidad financiera; y exigir mínimos estructurales en fideicomisos que manejen recursos públicos así como la obligación de presentar indicadores de desempeño.

El problema real con el actual proyecto de extinción de fideicomisos públicos es que el decreto afectará por igual a aquellos donde se sospecha corrupción como a los que no. Desaparecerían aquellos que quizá puedan ser verdaderamente prescindibles para una condición de grave emergencia (como en la que se encuentran todas las naciones este 2020) como muchos otros cuyo sentido de necesidad quizá no sea urgente pero sí indispensable para el futuro del país (ciencia, tecnología, cultura).

Tienen toda la razón las instituciones culturales, educativas y de desarrollo tecnológico que el futuro de México no puede darse el lujo de poner pausa en las inversiones que generarán la sociedad que responderá a los desafíos del siglo XXI. También tienen razón aquellos que aseguran que estos 68 mil 400 millones de pesos que operará directamente el Gobierno federal podrán sacar de la vera del camino a quienes la pandemia y la crisis económica los amenaza con descartar para siempre.

En el fondo, el problema es ético y práctico, pero también de perspectiva. Lo menciona una leyenda de indios americanos: El jefe de una tribu india acampada en la ladera de la montaña está por morir y envía a sus tres hijos a salir en busca de un regalo para él. Quien vuelva con el mejor regalo será el nuevo jefe. El primero lleva una flor rara y bella; el segundo una piedra hermosa pulida por la lluvia y el viento. El tercero dice: “Yo no traje nada. Pero estuve en lo alto de la montaña y he visto praderas maravillosas”. El anciano jefe le da a este último el título de su sucesor: “Tú serás el jefe; porque nos has traído el regalo de una visión de un futuro mejor”.

Será buena idea hacer caso, para variar, a aquellos que ponen una visión y un horizonte más amplio con los recursos de dichos fideicomisos. Personalmente, le apuesto a la educación, la cultura y el desarrollo científico.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe