Sí (como afirma el griego en el Cratilo)
el nombre es arquetipo de la cosa
en las letras de ‘rosa’ está la rosa
y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’.

Jorge Luis Borges (1899-1986) en “El Gólem”

Horacio Erik Avilés Martínez

Para algunosm tal vez parezca trivial la reciente reforma realizada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte del Congreso Federal para armonizar el nombre de nuestra entidad federativa, conforme a lo que nuestra Constitución Estatal ya estipula, pasando de ser Michoacán a Michoacán de Ocampo. Sin embargo, la mera modificación del nombre -como diría Jorge Luis Borges en el epígrafe de esta entrega- cambia el modelo, restando que los michoacanos hagamos nuestra parte para transformar la realidad conforme al dignísimo nombre del prócer que ahora lega constitucionalmente su apellido a nuestro estado.

Justamente, la sempiterna discordia entre el centro y la periferia se manifiesta desde los máximos ordenamientos a nivel nacional y estatal en un hecho tan elemental como la disonancia que existía en el nombre de nuestra entidad, lo cual por fin se está saldando después de muchos años, hecho que debe de revelar la magnitud del reto que implica coordinar los esfuerzos entre ambos órdenes gubernamentales. Es una manifestación diáfana de que hay un inmenso camino por recorrer al respecto.

Esperemos que este hecho sea mucho más que un tema cosmético y tomen en serio nuestros representantes populares y el funcionariado la enorme responsabilidad que implica honrar la memoria del insigne Melchor Ocampo; quien fue, tal vez, el más grande arquitecto de instituciones que a la fecha ha dado nuestra tierra. Debe tomarse como una señal favorable de llamado al orden, al darle su lugar como se merece a nuestra entidad federativa, que en la legislación nacional ya por fin ostentará el nombre citado.

Esperemos que se enaltezca el nombre de Melchor Ocampo por parte de los actores gubernamentales, desde el escritorio y en las visitas de campo, para por fin poder salir adelante en los inmensos retos que existen en nuestra entidad federativa, donde la solución empieza por ponerse de acuerdo para sumar fuerzas y lograr resolver las circunstancias que agobian a los michoacanos. Precisamente, lo que por fin hicieron en torno a este tema. Si ya lograron ponerse de acuerdo, esperemos que logren generar, de la mano de la ciudadanía, una agenda michoacanista e ir resolviendo, punto a punto, las necesidades más sentidas de nuestra población.

Gobernar es presupuestar. Y bajo esa óptica, sí que hemos padecido muy malos gobiernos. Sin duda, el principal problema financiero que padecemos en la entidad es el colosal déficit en las arcas educativas, las cuales se encuentran en una situación crítica. Como consecuencia, el derecho a aprender de más de un millón trescientos mil estudiantes está sumamente vulnerado. A la par, durante este año se han movilizado miles de trabajadores de la educación y normalistas por la situación de incertidumbre y de impago que han padecido respecto a la obligación gubernamental de proveer los recursos suficientes en tiempo y forma para que se garanticen los derechos de los actores del sistema educativo estatal.

En este año, el adeudo incrementó la tensión social, lo cual acabó por generar un estallido en materia de gobernabilidad: el hilo se rompió por lo más frágil y la precaria institucionalidad interna de la Sección XVIII de la CNTE se partió en dos. Por otra parte, un número indeterminado de estudiantes permanecen sin la asesoría ni el liderazgo de un docente como resultado de la pugna intestina, a la par que las vías del tren llevan 50 días tomadas, ya que los militantes de la escisión centista denominada Poder de Base exigen por esa vía el reconocimiento de parte del gobierno, tanto el federal como el estatal, mientras que reclaman contar con la certidumbre del pago puntual de sus salarios, así como la pronta liquidación de los bonos aún adeudados.

En otro flanco del sistema educativo, las protestas de los normalistas continúan dándose, apretando al gobierno para conseguir más inscritos en sus escuelas, así como apoyos económicos que no solamente no llegan, sino que se les sigue recortando presupuesto, como aconteció con el recientemente aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, que por decisión de los diputados federales dejará a estos planteles en una situación aún más precaria y desesperada por la falta de recursos. Como si fuera poco, se suma la incidencia de actores externos a las instituciones de formación de formadores, quienes impelen a los jóvenes a realizar actos vandálicos.

A pesar de que la situación está claramente politizada, a la autoridad no le debe bastar cualificar los actos realizados como tales, ni tampoco repudiarlos. Se requiere actuar conforme a derecho, pero respetando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso, porque eso evita que se les sancione, ya que fácilmente se pueden recurrir los actos administrativos derivado de este tipo de declaraciones, como ya ha ocurrido en decenas de ocasiones.

Por lo anterior, aunque la autoridad constantemente apercibe a los jóvenes normalistas que, de continuar cometiendo actos que atenten contra los derechos de terceros, realmente hay escasísimos antecedentes de expulsiones de planteles de educación superior en la entidad, ya que generalmente suele llegarse a la mediación y a la conciliación o a interponerse recursos legales que posibilitan que los estudiantes salgan libres nuevamente y, a la vez, que continúen matriculados en sus planteles respectivos en total impunidad.

Una situación más que tendrá consecuencias financieras y que está derivada de la falta de recursos es la crisis del proceso de ingreso a las escuelas normales durante este 2020, el cual se salió de control y falló en innumerables cuestiones, por lo que ahora se buscar remediar las circunstancias desde la autoridad educativa estatal promoviendo un posible acuerdo de matricular aspirantes a ingresar a las escuelas normales de Arteaga en la Universidad del Bienestar ubicada en Tacámbaro. Si bien, es una medida que aparentemente no genera compromisos a largo plazo en materia de entrega incondicional de plazas automáticas, a la vez que garantiza el derecho a la educación de los jóvenes involucrados resulta claramente insatisfactoria para los intereses de quienes desean estudiar en el CREN y en el CRENAM, ya que les implicará trasladarse, y modificar sus expectativas iniciales. Más aún, preocupa la serie de contraprestaciones que pudieran estar exigiendo los aspirantes a las autoridades responsables en materia educativa en la entidad a manera de agenda confidencial y cobijada con el respaldo de grupos fácticos. Desde Mexicanos Primero en su capítulo Michoacán señalamos en tiempo y forma las falencias, irregularidades y omisiones acontecidas durante los tres intentos de aplicación de examen de ingreso para las normales citadas, ante lo cual exigimos públicamente que se anularán los resultados, se sancionará a los presuntos responsables suscitados y se repusiera el proceso con condiciones de total transparencia, legalidad y supervisión externa. Lamentablemente, esto no ocurrió así. Las tres exigencias siguen en pie.

Ante este nuevo escenario, desde Mexicanos Primero Michoacán hemos elevado un respetuoso y firme llamado a que no se comprometa el erario educativo, ni en presente ni en futuro, que se sancione a los responsables y que se recupere la rectoría de la educación estatal, especialmente la de las escuelas normales.

Es importante hacer una proyección actuarial de cuánto costaría entregar 140 plazas automáticas adicionales a partir de 2024, que elevarían el gasto corriente en, al menos, unos 25 millones de pesos anuales, lo cual implicaría alrededor de mil millones de pesos adicionales de gasto en nómina en aproximadamente 40 años de servicio de los trabajadores de la educación, así como unos 500 millones de pesos adicionales en pensiones y jubilaciones.

De ese tamaño sería el daño patrimonial que estarían generando los funcionarios que en 2020 cediesen o prometiesen plazas automáticas, tal y como sucedió en 2009 y cuyas consecuencias estamos pagando en el déficit financiero educativo que se arrastra hasta la fecha.

Estos son los tipos de problemas que nos aquejan a los michoacanos en materia de finanzas educativas. Pero, no conforme con lo anterior, durante la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se manifestaron una enorme cantidad de expresiones de preocupación, reclamos y demás, provenientes de partidos políticos de oposición, de legisladores del partido en el poder, de parte de funcionarios del poder ejecutivo, especialmente de los gobernadores de oposición que componen la denominada Alianza Federalista, de organismos defensores de derechos humanos y de académicos. Ello se manifestó en las más de mil reservas que se presentaron en el Congreso Federal, que fueron desechadas apriorísticamente.

En Michoacán, se tuvieron dos encuentros de algunos legisladores federales con un encuentro con un centenar de organizaciones de la sociedad civil, preponderantemente religiosas y empresariales, así como académicas y defensoras de derechos humanos, donde solamente se hizo un recuento parcial y politizado de las afectaciones que sufrirá nuestra entidad federativa en materia presupuestal, a la par que hubo intercambio de acusaciones y reclamos que no condujeron a solución alguna. No cabe duda de que la preocupación entre toda la sociedad crece, pero sí que es urgente y necesario cambiar este estado de cosas para poder transformar la situación.

Especialmente, resulta ya imprescindible trazar una ruta de mejora para paliar los posibles efectos que la desorganización, la discordia y el interés particular han dado hasta el momento en Michoacán, desde la época de la conquista hasta nuestros días.

Es necesario que se establezcan en tal ruta un pacto para generar coordinación irrestricta entre los poderes de la unión, entre órdenes de gobierno, así como con la ciudadanía y la sociedad civil organizada. Aunado a lo anterior, que se puntualicen las medidas de austeridad, de transparencia, rendición de cuentas, de participación y colaboración ciudadanas, de gobernanza, de estado de derecho, de control y combate a la corrupción, de respeto a la normatividad y de lograr una presupuestación digna que garantice los derechos humanos de los michoacanos.

Ya llegó el tiempo de romper la tensión y la discordia entre coterráneos que, históricamente nos ha impedido desarrollarnos al mismo ritmo que el resto de las entidades federativas. Ser liberal, como Melchor Ocampo lo señalaba implica luchar por garantizar los derechos de todos, por encima de cualquier interés particular. En contrapunto, ser moderado en la intención garantista implica no ser otra cosa, sino que un conservador más despierto

Quedar a medio camino en la expansión y progresividad de los derechos de los michoacanos es una forma estilizada de conservadurismo que seguirá asfixiándonos. No hay tiempo que perder para lograr consensos. Que este pequeño gran paso dado en el Congreso Federal sirva de antecedente proactivo para que nuestros legisladores federales enaltezcan el nombre de Michoacán de Ocampo de aquí en lo sucesivo, que todos los funcionarios se articulen y que la sociedad michoacana pase a tomar un papel mucho más activo para lograr una entidad más desarrollada, próspera y en donde, especialmente se garantice el derecho a aprender de todos, logrando un rescate integral para las finanzas educativas estatales.
¡Merecemos un gobierno educador!

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