Indicador Político

Seguridad: militares, Estado y la ley de seguridad interior abrogada

La primera lectura mediática del decreto para la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha sido parcial, para decir lo menos, pero no desde la óptica de los enfoques de seguridad nacional que rigen formalmente en el Estado desde el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.

La decisión presidencial en el decreto del lunes 11 apareció sin explicaciones. Y en materia de seguridad, los contextos son vitales para entender las decisiones. Sobre todo, hay que enfatizar el hecho de que la decisión responde a la lógica de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Pero, sobre todo, tiene que ver con el concepto de Estado como la institución garante de la soberanía territorial (seguridad nacional), del bienestar (seguridad interior) y de las personas (seguridad pública) y los militares como la última línea de defensa del Estado-nación.

En todo caso, el decreto tendría que haberse contextualizado con cuatro decisiones atrasadas:

1.- El Programa para la Seguridad Nacional comprometido por la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, definida dentro del Pan Nacional de Paz y seguridad 2018-2024 y hasta ahora sin publicar. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto decretaron su programa respectivo como marco de referencia.

2.- El Sistema Nacional de Inteligencia para generar “productos estratégicos para sustentar la toma de decisiones en materia de seguridad nacional”.

3.- El fortalecimiento y mantenimiento “de la seguridad interior”.

4.- Y “promover el concepto de cultura de seguridad nacional (…) para contribuir al conocimiento colectivo del tema y fortalecer la toma de conciencia sobre los riesgos y amenazas, así como su posible impacto en la forma de vida de los mexicanos”.

Y además de estos compromisos de la Estrategia, se requieren cuando menos dos apoyos legales urgentes e indispensables:

1.- Una ley de seguridad interior (derogada una, y a la espera de otra) casi como reglamentaria de la facultad presidencial de mover tropas bajo el criterio de seguridad interior.

2.- Reformas a la Ley de Seguridad Nacional vigente para fortalecer las acciones de seguridad ante el amento en las tensiones provocadas por el crimen organizado/desorganizado.

La decisión de asignar a las fuerzas armadas labores de seguridad confirmaron las versiones de que la Guardia Nacional necesitaba de cuando menos diez años para profesionalizarse, con el entendido de que se requiere apresurar las otras decisiones de seguridad ya enfiladas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: la depuración y profesionalización de las policías estatales y municipales y la integración de un espíritu de cuerpo entre la Secretaría federal y las estatales de seguridad pública.

Ante el retraso y las justificaciones estatales y municipales de profesionalizar su seguridad y sus policías y ante evidencias de que esos cuerpos son estructuras de corrupción y control político local, todo el peso de la reorganización de la seguridad cayó en la Guardia Nacional. No pasa día en que se presenten evidencias de cuerpos estatales y municipales y algunos de la Guardia Nacional articulados al crimen organizado/desorganizado. En términos estrictos, la delincuencia sólo puede existir por complicidades oficiales y el 95% de los delitos son de fuero local.

Analizado el decreto sin su contexto de estrategia de seguridad, la confusión lleva a decretar el fracaso de la estrategia. Sin embargo, la Guardia está funcionando sin el apoyo de otras policías, ni de los gobiernos estatales y municipales, ni de las organizaciones sociales. Por ello la importancia de apresurar el Programa para la Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Interior, las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, la reforma policiaca local y la reforma del Centro Nacional de Inteligencia y construir un frente integral de seguridad que pueda acotar a los cárteles e irlos desmembrando.

El espacio temporal de la pandemia pareció ayudar para un despliegue de fuerzas de seguridad en territorios revelados de operación de los cárteles en su arrogancia y para romper la complicidad de los grupos delictivos con poblaciones rurales, semiurbanas y urbanas.

Más que militarización se trataría de una ofensiva integral de seguridad contra las organizaciones criminales en toda la república sin llegar a una nueva guerra de violencia.

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