Indicador Político

06 de marzo de 2020

8:00

Carlos Ramírez

Claves de crecimiento y bienestar: acuerdo con IP y competitividad

Si el crecimiento económico necesita de estabilidad política y entendimiento con el sector empresarial, las fases de conflictos determinaron históricamente caídas en el PIB. Pero detrás de esas confrontaciones se ha localizado la redefinición del papel económico del Estado que desplaza y sustituye con ineficiencia al sector privado.

El gabinete lopezobradorista para el crecimiento económico no dará resultados si se queda sólo en un reparto de algunas inversiones públicas. Desde septiembre de 1982 los empresarios quieren tener un Estado garante de la inversión, no un socio menor sometido a las decisiones gubernamentales.

El modelo de régimen del gobierno actual necesita de una nueva etapa del sistema político priista. El sistema es un equilibrio de poder entre el Estado, el presidente, el partido mayoritario como ecualizador, los empresarios y los sindicatos. Los problemas de este modelo han surgido cuando el presidente de la República concentra el poder por encima de los otros factores y coloca al Estado no como el pivote para la estabilidad de la economía política, sino como el centro de la actividad productiva: Cárdenas, López Mateos con su declaración de “extrema izquierda” y la nacionalización final de la electricidad, Echeverría y López Portillo.

De 1983 con Miguel de la Madrid hasta 2018 al terminar el sexenio de Peña Nieto, el Estado potenció al sector privado con privatizaciones de la economía pública, pero sin una reorganización productiva. El Estado sólo liberó empresas y áreas estatales, pero no construyó un sector empresarial fuerte. La apertura comercial indiscriminada se hizo sin reconversión industrial potenciada por el Estado y sectores productivos completos tuvieron que cerrar en una fase aún latente de desindustrialización.

El programa de inversiones que encabezará el empresario Alfonso Romo como virtual secretario de la Presidencia en materia de gasto productivo industrial del gabinete presidencial no implica atender el principal desafío de la economía mexicana desde el proceso de apertura comercial iniciada en 1984 por el gobierno de De la Madrid –con Salinas de Gortari como el estratega–: la construcción de un nuevo modelo de desarrollo con definiciones explícitas de áreas productivas y una remodelación de la planta industrial.

El problema del PIB, además de las inversiones públicas y privadas, radica en el retraso de un programa específico de competitividad que completaría la modernización de la planta productiva. Se trataría de 126 variables de competitividad que México tiene muy bajos y que le impiden potenciar los tratados comerciales. Un dato resume el fracaso industrial: el componente nacional de los productos de importación bajó de 45% en 2001 a 37% en 2018; es decir, México ha preferido, sin política industrial del Estado, ser un nuevo país maquilador que crear una planta productiva a la altura de los mercados abiertos.

El modelo industrial que generó el PIB de 6% duró hasta 1982 y fue sustituido por un modelo de control estatal; la razón, el sistema priista no quiso arriesgar su dominio con la existencia de un poder empresarial productivo mayor al del Estado, como todo país capitalista que se respete. Pero los controles estatales inhibieron la modernización industrial y hoy la planta es obsoleta, sin competitividad y ahogada por regulaciones del Estado.

El Gabinete de Crecimiento sólo centralizará inversiones de segundo y tercer nivel que no impactarán en el PIB y el Estado lopezobradorista perderá la oportunidad de reconstruir el sistema productivo para regresar a tasa de PIB de 6% promedio. La competitividad productiva mexicana siempre ha fracasado ante los objetivos prioritarios de mantener el control del Estado, del presidente en turno y de su partido, en lugar de darle prioridad a la producción industrial. En cambio, países como Australia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda y Singapur han aportado a la competitividad y han subido su PIB y su verdadero bienestar social.

El primer aviso adverso ya llegó: el PIB de 2020 será menor a 1%.