Indicador Político

Replanteamiento de la estrategia de seguridad; cárteles rechazan abrazos

El decreto presidencial del 11 de mayo para enviar a las fuerzas armadas a labores de seguridad pública en grado de seguridad interior inició una serie de ajustes-desajustes y modificaciones circunstanciales de la estrategia gubernamental de “abrazos, no balazos” ante las ofensivas de grupos delictivos contra posiciones del Estado.

No se trata de modificar la estrategia de no-persecución de capos, pero sí de iniciativas contra organizaciones y jefes criminales que se han negado a ajustarse a las condiciones de pacificación virtual. La estrategia gubernamental de paz se ha encontrado con el principal problema criminal: las bandas no pueden quedarse quietas, la disputa por territorios carece de voluntades y cada organización está esperando que otra u otras bajen intensidad a sus actividades para ocupar esos territorios.

Lo que la estrategia de seguridad no ha podido usar como variable no dependiente es que las bandas, por razones de sus actividades, viven una permanente guerra de posiciones propia de la economía suma cero (Lester Thurow): lo que pierde un grupo lo gana, casi en automático, otro. Y la estrategia no ha podido, sin contaminarse, lograr un acuerdo no formal ni pactado de las organizaciones criminales para disminuir la violencia para bajar la respuesta autoritaria del Estado.

Los sobresaltos a la estrategia de seguridad han sido varios:

–El decreto del 11 de mayo para enviar militares a seguridad pública.

–El arresto de los padres de José Antonio Yépez El Marro y las amenazas del capo de usar terrorismo contra el Estado.

–La Operación Python de los EE UU para perseguir al jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, aún dentro de territorio mexicano.

–El encuentro y saludo del presidente López Obrador con la mamá de El Chapo Guzmán en territorio del Cártel de Sinaloa.

–El atentado brutal contra el secretario de Seguridad del gobierno de CDMX en la capital de la república y las amenazas posteriores contra otros altos funcionarios del gobierno de López Obrador, cruzando la línea de violencia de resistencia a la de violencia de ofensiva contra el Estado.

–El ambiente en la reunión AMLO-Trump respecto a los temas de seguridad que las autoridades de ambos países han intensificado para obligar a México a dejar la defensiva y pasar a la ofensiva contra los cárteles.

–Algunas técnicas de la guerrilla que han comenzado a usar algunos cárteles en su escalada de violencia.

–La presencia en México de agentes de inteligencia y seguridad nacional de los EE UU como parte de la Operación Python y las presiones a México para arrestar y extraditar a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo y nieto de María Consuelo Loera Pérez.

–El retraso en la capacitación de policías locales por desidia o interés negativo de gobernadores y alcaldes por algunas economías estatales y municipales que viven del dinero del narco.

–Y la visita del presidente López Obrador, esta semana, a tres de los principales, hoy, entidades corroídas por el crimen, el narco y los cárteles: Guanajuato, Jalisco y Colima.

–La controversia constitucional presentada en la suprema Corte por la oposición en la Cámara de Diputados para bloquear, por enésima ocasión, el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior en zonas territoriales de la soberanía del Estado hoy en poder de grupos criminales. Al retirar por orden de la Corte a fuerzas armadas de zonas del narco, los grupos criminales habrán ganado la batalla jurídica de seguridad contra el crimen organizado. Las policías locales y la Guardia Nacional carecen hoy de capacidad de fuego y entrenamiento para responder a la fuerza violenta y criminal de los cárteles. Las fuerzas armadas estarán en seguridad pública en grado de seguridad interior hasta que la Guardia Nacional sea ya una fuerza armadas capaz de enfrentar la violencia criminal.

–Y el retraso en la construcción de un Sistema Nacional de Inteligencia que dote al Estado de la capacidad de percepción del grado de cooptación criminal de instituciones y funcionarios del Estado.

La lista, aún incompleta, de escenarios conflictivos apenas dibuja la guerra de posiciones de los grupos criminales para acotar al Estado y quedarse con manos libres en el control criminal de zonas territoriales de la soberanía del Estado.

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