Pedro Haces, líder de la CATEM
La reforma salinista del Estado autónomo ha sido completada por el presidente López Obrador al retirar subsidios directos e indirectos a sectores sociales no productivos cuya actividad de crítica en la superestructura cultural-política requiere de apoyos públicos. En este punto se localiza el conflicto intelectuales-gobierno.
El sentido figurado de Mario Vargas Llosa en 1991 al señalar al Estado mexicano como la “dictadura perfecta” radicaba en el hecho de que el Estado mexicano había logrado incluir en su seno a todos los sectores, sobre todo a sus acérrimos críticos como los escritores comunistas. A diferencia de la dictadura soviética que resolvía la disidencia con el Gulag, en México se usaban las becas y los estímulos y hasta las asesorías.
En este sentido, los intelectuales nunca han sido opositores, sino que se dividían entre los complacientes, los funcionarios, los disidentes y los autónomos, pero nunca hubo opositores reales de alternancia al sistema/régimen/Estado priísta. Octavio Paz definió al Ogro Filantrópico por su capacidad de integración estructural de sectores en los espacios visibles e invisibles del régimen y José Revueltas habló del Estado total y totalizador, no totalitario, cuya clave se localizaba en el control total de las relaciones sociales en el PRI.
El Estado de De la Madrid-Salinas fue definido en 1985 por el propio Salinas de Gortari como “Estado autónomo”, ajeno a los intereses y conciliaciones de las clases sociales, volcado sobre sí mismo. López Obrador dio otra vuelta de tuerca con el Estado centrado en las obras insignia en turno y a los sectores sociales específicos, no necesariamente los más pobres. En este sentido, la disputa de los intelectuales con el presidente López Obrador no es de proyecto de desarrollo, sino por la reorganización de los sectores aliados al Estado y por la redistribución de los fondos solidarios del Estado.
El desplegado de la disputa ha revelado una ruptura estructural entre el viejo y ya inexistente Estado totalizador y los sectores intelectuales, mediáticos, políticos y académicos que han sufrido merma en los fondos estatales para su funcionamiento. Más que crisis del Estado, en todo caso es la revelación de la estatalidad totalizadora del Estado populista priísta que subsidiaba a la disidencia intelectual, aprovechando o no los frutos de sus reflexiones. Y ese debate ha revelado la realidad de que la empresa privada nacional y los partidos de oposición han carecido de enfoques estratégicos para subsidiar la disidencia sistémica crítica.
En suma, se trataría desde gobierno, de la aplicación en sectores intelectuales del modelo de López Portillo de que “no pago (con fondos del Estado) para que me pegues”.
El Estado totalizador que denuncian hoy algunos intelectuales ya existía desde los tiempos de gloria del PRI, con casos ejemplares como el de Echeverría y el apoyo que tuvo de intelectuales como Carlos Fuentes, Fernando Benítez, Ricardo Garibay y otros, como los que pululaban alrededor de Carlos Monsiváis, que nunca criticaron de frente al Estado totalizador.
Hacen bien los intelectuales en criticar (su función única: criticar), al presidente y al Estado y en acicatear a la oposición a alianzas estratégicas, pero hacen muy mal en eludir la respuesta presidencial y quejarse de intimidación cuando ellos comenzaron el debate.
La falta de subsidios estatales a la tarea intelectual ha visibilizado a intelectuales y críticos y los ha colocado en el escenario de disputar y debatir ideas y no reclamar subsidios estatales al pensamiento crítico. Sin el agobio de los subsidios académicos, hoy la crítica puede ser más libre que antes.
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Lozoya y el piano. La gran negociación de Emilio Lozoya Austin con la Fiscalía fue encontrar la forma de eludir uno de los protocolos más importantes de los procesos judiciales: el momento en el que el acusado tiene que tocar el piano, forma graciosa que señala cuando el delincuente imprime las huellas digitales en la ficha signalética e incluir las fotos de frente y de perfil ya con el número de preso. Los delincuentes políticos tratan de eludir ese proceso porque es una marca indeleble de por vida. Y hasta ahora Lozoya la ha evitado; es decir, es un delincuente anónimo.
Política para dummies: La política es el acto de debatir ideas en la plaza publica, no en el espacio privilegiado de los desplegados de abajofirmantes.
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