Indicador Político

Ante EE. UU., México con seguridad
nacional obsoleta y ajena al Estado

Si el gobierno de EEUU tiene muy claro desde 1969 que la relación con México es de seguridad nacional en su máxima expresión y ha creado instancias, doctrinas y oficinas especializadas, en México sigue operando el viejo modelo de cerrar los ojos como una forma de suponer que el problema de la vecindad estratégica no existe.

Las nuevas relaciones bilaterales que potenció el Tratado de Comercio Libre de 1991-1993 no fueron procesadas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Vicente Fox, en atención a la propuesta de Adolfo Aguilar Zínser, creó el Consejo de Seguridad Nacional tipo Casa Blanca y la ley de seguridad nacional, pero sin construir instancias de autoridad adecuadas.

Calderón y Peña se conformaron con oficinas de seguridad pública, pese a que la lucha contra el narco fue asumida en función de dos criterios desafiantes: la seguridad nacional y la seguridad interior. Y de 1989 a 2018, la cancillería quedó en una ventanilla grandota para emitir pasaportes.

Como prioridad, el gobierno del presidente Biden tardó sólo dos semanas en dar un adelanto de su estrategia de seguridad nacional, sobre todo para romper con la del gobierno de Trump que seguía vigente hasta tener una del nuevo gobierno.

México debiera tener nuevas oficinas y sobre todo enfoques, doctrinas y directrices de seguridad nacional estratégica vis a vis la geopolítica del imperio estadunidense en instancias precisa de poder: Palacio Nacional, la cancillería, Defensa Nacional, el mismo Centro Nacional de Inteligencia, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, Economía y Gobernación, entre otras.

La línea conductora debiera estar en Relaciones Exteriores y la Defensa Nacional, pero en la primera desaparecieron la subsecretaria de asuntos de América del norte, trasladaron los temas a una dirección general y buena parte de los enfoques salen de la jefatura de la oficina del canciller.

En materia de funciones, México debió de haber tenido desde la negociación, firma y operación del Tratado comercial cuando menos cinco doctrinas estratégicas: de defensa nacional, de geopolítica, de seguridad nacional, de inteligencia y de asuntos norteamericanos. Y falta un sistema nacional de inteligencia para temas nacionales vinculados a extranjeros, donde los temas criminales se procesen como enfoques de seguridad nacional.

La cancillería ha comenzado a explorar la construcción de un frente integral de política exterior-defensa nacional-seguridad nacional, pero sin representar nuevas políticas de Estado. El Consejo de Seguridad Nacional propuesto por Aguilar Zínser sigue vigente en la Ley de Seguridad Nacional, pero es inexistente en la realidad.

El enfoque estratégico de seguridad nacional constituye la principal necesidad en la formación de gobernantes y de instancias institucionales que tengan que ver con la política exterior. En el Senado existe una comisión bicameral de seguridad nacional que fue creada a instancias de Manuel Camacho Solís, pero en los hechos no funciona.

La apertura del poder legislativo a áreas de inteligencia, seguridad nacional y defensa nacional fue una de las grandes victorias en EE. UU. en la reforma de seguridad ante el terrorismo. En el Comité de Inteligencia se aprueban estrategias, se supervisan operaciones secretas y se mantiene el control de los espías, aunque no siempre con éxito.

En México no existe siquiera alguna idea del papel que debiera jugar el Senado en la seguridad nacional, aunque tiene en su seno una comisión que sólo recibe fondos sin realizar funciones de supervisión y vigilancia.

El Senado mexicano, sobre todo, tiene facultades constitucionales para atender asuntos de política exterior, pero carece de personal, senadores y experiencia. Ahora mismo se percibe una ignorancia asombrosa de la crisis en EE. UU. entre los senadores mexicanos vinculados a la política exterior, al grado de que la Secretaría de la Defensa Nacional ha tenido que dar cursillos de comprensión de la seguridad nacional a senadores y su personal.

Pero el asunto debe ir más allá de la comprensión de términos y aterrizar en la profesionalización de funcionarios públicos de los tres poderes, porque hasta en la Suprema Corte hay una enorme incomprensión de las doctrinas de seguridad nacional que rebasan el modelo kelseniano de derecho puro.
La asimetría en los enfoques de un país hacia otro tiene que ver en México con el miedo a profesionalizar la seguridad nacional como un concepto de Estado.