Indicador Político

Contrarreforma eléctrica necesita contrarreforma del Estado salinista 

Si se miden bien las posibilidades estratégicas, la reforma eléctrica del presidente López Obrador no va a depender de los votos legislativos que le faltan para reformar la Constitución, sino que exige de antemano una contrarreforma del modelo económico del Estado en sus fases de desarrollo estabilizador, desarrollo compartido y neoliberalismo. 

En su recuento La política económica en México, 1970-1976, el economista Carlos Tello Macías afirmó que el fracaso del proyecto echeverrista de economía popular de Estado se debió a la falta de reforma integral del presupuesto público para evitar que el gasto estatal careciera de ingresos fiscales. Y así fue: el colapso de 1976 comenzó con el déficit presupuestal. 

La iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador regresa la Comisión Federal de Electricidad a la etapa anterior a la privatización energética del Pacto por México del presidente Peña Nieto y su aliado el PAN. Pero el modelo neoliberal de 2013-2014 pasó en la reforma del Estado de la Revolución Mexicana para introducir el Estado salinista sin compromisos sociales, el Estado autónomo de la economista conservadora Theda Skocpol. 

La reforma neoliberal salinista, aquí se ha señalado, fue producto de un proceso de construcción de un nuevo proyecto nacional diferente al definido por la Revolución Mexicana: el desarrollo estabilizador 1956-1970, los planes nacionales de desarrollo de López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, la reforma de la madridista de 1983 para redefinir el papel decreciente del Estado en el sector productivo y que permitió la apertura comercial y la primera ola reprivatizadora y la reforma salinista para introducir la economía de mercado  costa de disminuir la economía del Estado. El modelo neoliberal se coronó con el Tratado comercial Salinas-Negroponte. 

El modelo de economía de Estado nació con la Constitución de 1917 en su contenido retórico y se consolidó en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas con su modelo económico de capitalismo monopolista de Estado, un sistema productivo con hegemonía y rectoría predominante del Estado y por aquel entonces un sector empresarial incipiente. Ante el conflicto con los empresarios de Monterrey en 1936, el presidente Cárdenas fijo la línea doctrinaria-pragmática de su modelo: si los empresarios no pueden operar sus fábricas, entonces que se la cedan a sus trabajadores. 

El otro problema que enfrentará la reforma eléctrica se va a localizar en el hecho de que requerirá de fondos presupuestales que no existen, de una estructura sindical corrompida y de el formato legal-constitucional del Tratado de Comercio Libre que ampara la actividad económica privada nacional y extranjera y cuya modificación será disputada en tribunales internacionales y con las amenazas de disminuir la inversión extranjera. 

Por lo demás, la reforma eléctrica no contiene el impulso colateral suficiente para redefinir la preponderancia económica del Estado, y no solo por la ausencia de instrumentos legales reformados, sino porque carece de una propuesta integral de un nuevo modelo de desarrollo impulsado por una nueva rectoría institucional y productiva del Estado. 

Todas las carencias alrededor de la reforma eléctrica tienen la oportunidad de ser planteadas por el presidente de la República, pero la presentación aislada de una reforma eléctrica no tendrá los efectos necesarios en la reformulación del nuevo Estado de desarrollo económico que termine con la vigencia aún sólida y latente del proyecto del Estado neoliberal salinista. 

El gobierno y la propuesta del presidente Echeverría tuvieron objetivos precisos para superar el dominio político de la empresa privada y se basaron en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. sin embargo, su fracaso estuvo en la política fiscal conservadora que, en palabras de Tello Macías, se redujo a un “desarrollo estabilizador vergonzante”, es decir, una escasez de fondos que aumentó el déficit presupuestal, estimuló el circulante artificial, potenció la inflación y condujo a la devaluación de 1976. El gobierno de López Portillo sea confío en los ingresos petroleros, pero la deuda externa adicional y la corrupción, además de una política económica neoliberal vigente, condujeron al colapso de 1981-1982. 

La derrota del modelo populista 1971-1982 fue producto de la vigencia vergonzante del modelo neoliberal. 

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