El agua, un derecho del pueblo
El Paso: Ebrard abrió la puerta a
antiterrorismo de EU en México
Carlos Ramírez
En su estilo de capitalizar una crisis a favor de su imagen mediática, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón abrió las dos únicas puertas del Estado mexicano para que se metieran dos invitados indeseables:
1.- La trasera: al señalar que el ataque en El Paso, Texas, fue un acto de terrorismo contra mexicanos, escaló una temática que involucra intereses estratégicos de seguridad nacional militar de los EE. UU. y ayudará a que el gobierno de Trump, como ya lo adelantó, pueda caracterizar a los cárteles mexicanos de “terroristas” y con ello meterse en México con todos sus aparatos militares de tropas, inteligencia y seguridad nacional, un viejo anhelo desde Reagan en los ochenta.
2.- La del frente: Ebrard aportó elementos estratégicos que ya contienen las leyes mexicanas para caracterizar por nuestra cuenta a los cárteles como organizaciones también terroristas, obligando al Estado mexicano a escalar sus estrategias de persecución de bandas criminales que se dedican a sembrar el terror con asesinatos masivos, cuerpos desmembrados y embolsados y balaceras como la de la Plaza Artz. La lucha antiterrorista mexicana justifica el escalamiento del uso de la fuerza militar del Estado contra grupos que siembran temor entre los ciudadanos y debilitan al Estado.
En México, Ebrard replanteó la lucha contra el crimen organizado: los afectados directos o indirectos por la violencia de los cárteles pasarán de víctimas pasivas a víctimas de guerra y los narcos asumirían la condición de terroristas o enemigos del Estado, con lo que esas organizaciones tendrán que ser encaradas con mayor energía porque el terrorismo es un asunto de seguridad nacional y no policiaco. Por tanto, la agenda pasaría de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas responsables de la seguridad nacional ante bandas de narcos-terroristas que, además, tienen articulaciones internacionales.
La precipitación oportunista de Ebrard, en todo caso, metió a México en un nuevo conflicto: que Trump cumpla su amenaza de declarar terroristas a las organizaciones criminales transnacionales que trafican droga en los EE. UU. y que tienen su asentamiento en México, porque entonces el tema entraría a la agenda de seguridad nacional de Washington y los espacios de defensa nacional militar.
Y los mexicanos inocentes o víctimas colaterales afectados por las acciones violentas y criminales de los cárteles y bandas del crimen organizado y desorganizado podrían preparar una denuncia para que se dé trámite al modelo de Ebrard y los delincuentes del crimen organizado que cometen crímenes para sembrar terror en zonas de la república sean caracterizados como terroristas. Ya no se trataría de enfrentamientos de seguridad pública, sino atentados contra el Estado.
La legislación mexicana sí consideraría a los cárteles del crimen organizado como terroristas. El artículo 139 del Código Penal Federal establece como terroristas a quienes usen “armas de fuego” para “intencionalmente (realizar) actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.
El uso de la violencia del narco tiene el objetivo de crear “alarma, temor o terror” en la población para tomar el control de zonas territoriales del Estado; el tiradero de cadáveres, las balaceras en las calles y carreteras, el aumento de homicidios dolosos y la fuerza criminal para imponer su dominio territorial y social son actos, en efecto, para generar terror. La prueba se encuentra en el índice de percepción que difunde mensualmente el INEGI: la percepción es, de manera sencilla, el miedo social al terror la violencia inducida.
Y las víctimas no deben recibir sólo compasión, abrazos y promesas de justicia por parte del gobierno, sino que podrían estar en condiciones, como lo piensa hacer Ebrard con el tirador de El Paso, Patrick Crusius, de exigir indemnizaciones altas.
Además, la caracterización de terroristas a los grupos de delincuentes que aterrorizan a la sociedad obligaría al Estado a dejar de considerarlos un asunto de seguridad pública con efectos policiacos y de derechos humanos y asumirlos como grupos armados terroristas que quieren desplazar al Estado de espacios de soberanía territorial de la Constitución para imponer un reinado criminal con sus propias leyes y códigos: es decir, la fuerza terrorista con armas y violencia inusitada atenta contra la unidad del Estado y de la república.
Así que Ebrard dio aval mexicano al presidente Trump para caracterizar a los cárteles mexicanos como terroristas y con ello el permiso para que el ala militar EE. UU. entre a México en aras de su seguridad nacional y reclasificó a esos cárteles como adversarios para hacerlos parte de la agenda militar mexicana de seguridad nacional de Estado.
Política para dummies: La política es la demagogia del poder.
@carlosramirezh