El agua, un derecho del pueblo
No debiera causar sorpresa, pero de todos modos ha llamado la atención la dinámica mediática en redes a favor de Carlos Loret de Mola por su confrontación directa y personal con el presidente de la república. Pero debajo del ruido en las redes sociales se localiza la incorporación de los medios de comunicación como voceros de un bloque político conservador y empresarial.
La defensa a Loret por parte de la sociedad y otros medios nunca se vio en esa dimensión en casos concretos anteriores: el boicot publicitario de la ultraderecha empresarial de Juan Sánchez Navarro contra el Excelsior de Julio Scherer García, el golpe para destituir a Scherer con el apoyo presidencial, el boicot publicitario de López Portillo contra Proceso en 1981 y 1982 por notas publicadas, el asesinato artero de Manuel Buendía cuando se disponía a publicar nombres de funcionarios involucrados en el narcotráfico y desde entonces los asesinatos contra periodistas por labores de denuncia, como Javier Valdez, Miroslava Breach, los casos concretos del 2000 a la fecha y las decenas de periodistas que han tenido que acudir al mecanismo de protección ineficaz del Estado.
La personalización de conflictos de la prensa en nada abona a lo que debiera ser una agenda concreta de construcción de leyes e instituciones que protejan, garanticen y promuevan el periodismo crítico. Asimismo, esta personalización suele ocultar la diferenciación entre el periodismo crítico en función de las necesidades informativas de la sociedad y el periodismo crítico financiado y promovido por grupos que disputan el poder desde la izquierda a la derecha.
Los presuntos abusos de poder contra la prensa no pasan por las instituciones que tienen la función de garantizar el Estado de derecho y entonces se promueve el escándalo en redes. La falta de organización periodística profesional ha llevado solo a la contabilidad de agresiones y no ha derivado en ninguna iniciativa legal para reconstruir el marco jurídico de la libertad de expresión.
Los medios afectados aplican el método de María Félix en La Cucaracha cuando sus tropas le avisan que se terminaron las municiones para sus rifles, a lo que ella les responde: “pues miéntenles la madre que también les duele”. La falta de vinculación de las estructuras legislativas con grupos sociales vulnerables ante el poder ha impedido la creación de leyes que garanticen las libertades de expresión, de imprenta, de prensa y de pensamiento, y se ha dado el caso de que hasta el Instituto Nacional Electoral que se ha autoerigido como el Ministerio de la Democracia Neoliberal también coarta la libertad de expresión y persigue con inquisiciones judiciales a quienes se salen de sus reglamentos autoritarios que desconocen los mandatos constitucionales.
El análisis objetivo del caso Loret no puede dejar de lado el punto central que afecta el ejercicio social de la libertad de expresión: la propiedad privada de los medios de comunicación o los capitales empresariales poderosos que utilizan el financiamiento de la prensa crítica para defender sus intereses. Ahí ha fallado la oposición panista y ahora morenista porque no contribuyeron a modificar esta estructura de dominación ideológico-cultural de los medios al servicio de sus propietarios empresarial.
Tampoco escapa al enfoque analítico el hecho de que los principales promotores del apoyo a Loret sean aquellos que han sido ubicados como defensores del modelo neoliberal-conservador que en el pasado habían participado de los beneficios presupuestales vía contratos y apoyos existentes e inocultables.
La prensa crítica comercial pasó de sector invisible del sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional priísta a enfoques mediáticos contrarios a cambios en los intereses partidistas en el poder. No debe olvidarse el hecho también inocultable de que la única izquierda socialista –el Partido Comunista Mexicano– se postró al PRD priísta de Cárdenas y López Obrador y no construyó una alternativa, con la imagen patética del PRD hoy aliado al PRI, al PAN y a la Coparmex en su lucha contra el proyecto social lopezobradorista.
La prensa mexicana ha acumulado agravios serios contra los poderes políticos y empresariales, pero es la hora en que la respuesta es de gritos, quejas y alianzas con la derecha empresarial y partidista que no busca redefinir el marco jurídico de las libertades de prensa, sino solo ajustar cuentas con el grupo político en el poder presidencial.
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