Indicador político/Carlos Ramírez

El Cártel de la Toga lanza la calle contra el Parlamento

Los trabajadores, funcionarios y élites del Poder Judicial entraron en una zona de conflicto que carece de viabilidad institucional. Lo de menos es que el paro de labores –que no huelga– carezca de bases legales, porque lo importante es que ninguna de las estructuras legislativas y partidistas que deciden la ley ha sabido oponerse institucionalmente las protestas contra la reforma judicial.

Los responsables del fracaso de la insurrección judicial serán la ministra presidenta Norma Piña Hernández (Enrique Peña Nieto) y los ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán (puestos por Felipe Calderón), Javier Laynez Potisek (Enrique Peña Nieto) y los lopezobradoristas Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat que cambiaron bandera.

Este bloque político de ocho ministros ha sido el responsable de la crisis en la relación judicial con el Ejecutivo y el Legislativo, pudieron entender o mal entender el modelo jurídico presidencial pero construyeron una autonomía absoluta de la Corte que antes se movía en el territorio de acuerdos y entendimientos que evitaran las confrontaciones. A lo largo del conflicto que comenzó con la conclusión del período del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en diciembre de 2022, el bloque de los ministros duros se colocó en rumbo de colisión y choque de trenes con el Ejecutivo.

Y una vez que se perfilaron en el segundo semestre de 2023 las intenciones presidenciales de reformar el funcionamiento del Poder Judicial, el bloque de los duros se negó a cualquier tipo de entendimiento. En efecto, uno de los puntos de ruptura que se asumió desde Palacio Nacional fue la negativa intolerante de la Corte para autorizar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para salvaguardar la disciplina de los encargados de la seguridad pública ya en modo de seguridad interior. El bloque Piña Hernández pudo haber encontrado formas intermedias o de un segundo plazo de la GN en la Sedena para fortalecer el funcionamiento de la nueva dependencia de seguridad, pero esos ministros se ocultaron detrás del escudo kelseniano de la teoría pura del derecho, aunque entendiendo con claridad que su decisión los metía en automático en la dinámica de choque de trenes.

El problema fue la falta de pericia política de los ministros de la toga y el birrete porque tomaron decisiones por sí mismos y no establecieron algún tipo de interrelación institucional-política con los partidos de oposición que hubieran podido canalizar las inquietudes e inconformidades a los mecanismos institucionales que tuvieran efectos en el replanteamiento de las iniciativas presidenciales.

El Cártel jurídico de la toga y los partidos de oposición en ningún momento concesionaron inconformidades y protestas, tampoco asumieron con seriedad el mensaje presidencial abierto que colocó la reforma judicial el 5 de febrero de este año como una de las banderas prioritarias de la campaña para renovar el poder legislativo y los resultados adversos a la oposición han convertido la reforma en una decisión de mayoría que no va a ser contenida porque las autoridades electorales le van a dar a Morena mayoría calificada en diputados y casi en senadores.

El paro de labores del Poder Judicial –trabajadores azuzados por la ministra presidenta Piña Hernández a través del control sindical por parte de las autoridades– carece de un sendero de negociación política y se ha definido en función de un hecho que es eminentemente antipolítico: obligar a la mayoría presidencial y legislativa de Morena a retirar su reforma judicial insignia, cuando el proceso legislativo está prácticamente terminado en dictámenes y espera la instalación de la nueva Cámara con mayoría calificada morenista el 1 de septiembre para darle la continuidad institucional y publicar las leyes en el Diario Oficial.

Por si fuera poco, el bloque judicial se opone –en modo lopezobradorista– a aprobar siquiera una coma de la iniciativa y el dictamen legislativo y no establecido liderazgos de negociación con el Gobierno de López Obrador, con la oficina de la oficialmente reconocida presidente electa, con los mandos de Morena en las dos cámaras, con el propio partido Morena como mayoritario o con las bancadas opositoras en las dos cámaras actuales y futuras y cerraron las puertas de las oficinas judiciales con plantones de trabajadores y empleados que no tienen claro el destino de la protesta.

México ha dado pasos institucionales para el funcionamiento del sistema/régimen/Estado/Constitución, pero trabajadores y empleados del Poder Judicial encabezado por la ministra Piña Hernández han dinamitado los puentes quieren regresar a la batalla callejera.