¡Jueces electos: Fin de la propiedad privada!

         Lo primero que se debe entender es que más del 90 por ciento de los mexicanos no saben nada –y menos entienden–, lo qué significa la Reforma al Poder Judicial.

         No saben, por ejemplo, que se trata de una reforma que abre la puerta al abuso faccioso de la ley; que permitirá la existencia de jueces por consigna, impuestos o comprados no solo por quien los propongan al cargo, sino por aquellos que compren los votos que les dará la victoria.

         Y no saben que, en el extremo, no habrá freno para impedir que el crimen organizado y el narcotráfico lleven al Poder Judicial a sus propios jueces, lo que dará paso a los perniciosos “narco-jueces”.

Y es que, por sus implicaciones legales, por sus complicidades sociales y, sobre todo, por las violaciones a los derechos humanos, tales reformas son un peligro no sólo para todos los ciudadanos todos, sino para el país entero y, en especial, para aquellos mexicanos indefensos, de a pie, que no tienen recursos para pagar una defensa.  

         Incluso, está claro que la reforma al Poder Judicial no solo busca una venganza personal contra la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, sino que se convertirá en el más poderoso instrumento en manos de López Obrador para llevar hasta las últimas consecuencias su venganza contra las clases medias, los críticos, empresarios, opositores y, en especial, contra la propiedad privada.

         Sí, en el fondo, con la reforma al Poder Judicial el tirano de Palacio lo que busca es crear las condiciones para mantener vigentes sus mayores habilidades; el chantaje, la extorsión y la venganza.

         Es decir que, con jueces por consigna y comprados, los gobiernos de Morena podrán despojar a los potentados de sus propiedades; a los opositores les puedes escatimar de sus libertades y, en general, le pueden arrebatar a los ciudadanos ese preciado concepto llamado propiedad privada.

         En pocas palabras, la reforma judicial no es más que la legalización de un estandarte criminal –y el establecimiento de leyes a modo–, para acabar con derechos democráticos básicos como la propiedad privada.

         Si hoy, sin reforma al Poder Judicial, López fue capaz de llevar a prisión no sólo a Rosario Robles, sino a reputados empresarios que se atrevieron a retarlo. 

         Sí así, sin reforma al Poder Judicial, Obrador ha perseguido a sus críticos; obligó a las empresas mediáticas a no contratar a críticos como Ricardo Alemán, entre muchos otros.

         Sí así, sin reforma, AMLO ha perseguido a jueces y ministros de la Corte, a los que incluso pretende destituir y hasta llevar a juicio político.

         Sí así, sin reforma, hoy las bandas criminales gozan de total impunidad.

         Sí así, sin reforma, han sido asesinados 78 periodistas en el sexenio de Obrador y ninguno ha sido aclarado.

         Ahora imaginen, por un momento, que la reforma al Poder Judicial ya estuviera vigente y que, desde el poder presidencial deciden lanzar una más de sus demenciales purgas contra críticos y opositores.

         Por un momento imaginen el tamaño de la persecución que lanzarían desde Palacio contra Ricardo Salinas Pliego, contra Latinus y sus periodistas, contra los opositores y los críticos en general.

         Por un momento imaginen la cantidad de crímenes violentos que serían impunes y el número de periodistas perseguidos y asesinados sin que a nadie le importe castigar a los responsables.

En efecto, la reforma al Poder Judicial y la llegada a la judicatura federal y a todas las entidades federativas, de jueces y ministros a modo, no será otra cosa que moldear la impartición de justicia al antojo del dictador Obrador, quien emprenderá rabiosas purgas contra todo aquel que se atreva a disentir, a cuestionar y criticar.

Y el mejor ejemplo lo pueden ver en Nicaragua, en donde Daniel Ortega, el otrora guerrillero que luchó contra el dictador Somoza, hoy es el nuevo dictador que despoja de sus propiedades no solo a empresarios, sino a sacerdotes católicos críticos, a los adversarios y opositores.

Es decir, que una vez impuestos a modo los jueces, magistrados y ministros –por el presidente o la presidenta–, no solo habrá muerto la democracia, sino que no existirá ninguna institución del Estado capaz de defender a los ciudadanos de los abusos del poder, de a violación de los derechos humanos, del despojo y el robo de la propiedad privada.

Y frente a la desaparición de un Poder Judicial independiente, proliferarán las invasiones de tierra, el despojo de propiedades, la venganza desde lo más alto del poder y la violación de los derechos humanos.

Además, claro, de que proliferarán las bandas criminales y la impunidad de la que gozan, mucho más de lo que hoy existe.

Y por eso la pregunta. ¿Dónde están hoy aquellos políticos de la vieja izquierda mexicana, que luchaban por la democracia y contra el autoritarismo?

La respuesta todos la conocen; esos políticos están en Morena y siempre han sido farsantes y mentirosos. Al tiempo.

EN EL CAMINO.

Por vacaciones, el Itinerario Político estará de vuelta el martes 9 de julio.