Ráfaga
LAVADO DE DINERO ELECTORAL
SIN GAFETE
Lo que vivimos, y habremos de padecer en las próximas elecciones, es una doble moral de los gobernadores. Y de casi todas las autoridades.
Tal parece que las elecciones, que su partido gane a cualquier costo, son una “Patente de Corzo” para utilizar el dinero del erario. Y, también, el inicio de un proceso inacabable de enriquecimiento personal. Como lo que sucedió en Veracruz con Javier Duarte.
Los gobernadores, con la venia de todos, utilizan dinero del presupuesto para darlo a partidos, candidatos, así como a quienes quedan fuera del proceso electoral. Dinero, pues, para hacer política.
Esto es lo que comenzó a aflorar por el tema del Partido del Trabajo, en manos de una familia por muchos años, y el dinero que recibieron del gobernador de Nuevo León.
Ya un juez dictó orden de aprehensión contra uno de los implicados en el uso de 100 millones de pesos que, supuestamente, irían a centros de atención infantil.
Falta detener al gobernador. Porque no es lógico que Jaime Rodríguez, “El Bronco”, no se haya enterado de los pasos siguientes de ese dinero. ¿Por qué un gobernador puede sacar así, con total impunidad, 100 millones de pesos para “apoyo” de quién sabe qué?
Más grave que estos “centros de atención a la niñez” formen parte de la secretaría de educación pública del Estado de Nuevo León… y sean también del “Frente Popular Tierra y Libertad”. ¿En qué quedamos?
Se trata de dinero público sin etiquetar, sin supervisión.
Todo indica que es un membrete. Como tantos otros. Como las empresas “fantasma” que proliferan todavía en muchas entidades federativas. Que es un juego que a sabiendas juegan los poderosos.
Esos cien millones de pesos nunca debieron llegar a manos de la esposa del líder del Partido del Trabajo, María Guadalupe Rodríguez Martínez, quien los depositó en sus cuentas personales. ¿Es o no funcionaria pública? ¿Qué tipo de entidad “política” son estos centros?
¿Y por qué llegó dinero, de estos cien millones de pesos que no sabemos si provienen del presupuesto estatal de Nuevo León, o de las asignaciones federales que recibe, a la cuenta personal del líder del Partido del Trabajo en Aguascalientes?
O sea, para que podamos entendernos, que con total impunidad un político “independiente” que está registrado como “aspirante” presidencial, puede tomar cien millones de pesos del presupuesto y depositarlo en la cuenta personal de la esposa del líder del Partido del Trabajo. Quien, a su vez, “dirige” unos centros de atención a niños que son parte de la secretaría estatal de educación… Y ésta persona tiene capacidad para depositar 12 millones de pesos en la cuenta, también personal, del señor Héctor Quiroz que es dirigente de ese partido en… Aguascalientes.
¿De parte de quién?
Si cualquier ciudadano recibe un depósito en efectivo en su cuenta bancaria, tiene que pagar impuestos. Es decir, sus cuentas están bajo total supervisión de las autoridades. ¿Y las de la señora esposa de Alberto Anaya?
¿Cómo puede suceder esto?
¿Y por qué no hay una orden de aprehensión contra Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León?
Si este es el mecanismo para llevar dinero del presupuesto estatal, incluso recursos federales etiquetados, a partidos políticos… Habrá que imaginar qué hacen, siguen haciendo el día de hoy, algunos gobernadores priistas o panistas. Este dinero, cien millones, era para un partido político que en la pasada elección estuvo en riesgo de perder su registro…
Tal vez por eso varios partidos políticos pueden “renunciar” al financiamiento público. Tienen asegurada la “entrada de recursos” por otras vías que desconocemos.
El tema de fondo, hay que insistir, es la doble moral de los gobernadores, que está sustentada tristemente en autoridades que todo les permiten. Ese es el verdadero origen de la impunidad. Y si no detienen al gobernador de Nuevo León por estos cien millones de pesos, habrá que ofrecerle una disculpa a Javier Duarte…
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