Libros de ayer y hoy
Con una sincera disculpa a Rosario Castellanos por usar el título de su importante obra literaria; “los convidados de agosto” son los Partidos Políticos en México, que recibirán por acuerdo del INE del presente mes, cerca de 7 mil millones de pesos para las campañas del 2018.
En un país como el nuestro, al que desde donde quiera que se le observe, presenta cada vez más desigualdades económicas y sociales, con una agraviante realidad para la inmensa mayoría de su población en sus condiciones materiales de vida, se debe empezar a reconsiderar hacia donde se destinan los dineros públicos.
Los Partidos Políticos no deben ni pueden seguir siendo beneficiarios del erario público, con ese desmesurado crecimiento de privilegios permanente, que año con año representan una tremenda carga económica para la población. Si a lo anterior le sumamos los resultados de Transparencia Internacional, que señalan que de los estudios realizados en más de 50 países, México se ubica entre los 4 primeros junto con Grecia, Nepal y Nigeria, en los que sus Partidos Políticos son de las instituciones más corruptas, la necesidad de un cambio es más que obvia.
Deben emitirse reglas para que las formas y los medios en que los Partidos lleven a cabo el proselitismo político, se efectúen de la manera más económica posible. Debe reducirse el proselitismo político a la realización de planteamientos sobre la problemática y las propuestas y soluciones que ofrezcan los candidatos, relacionadas con la realidad social, política y económica que vive la población; además, prohibir y sancionar realmente la entrega de dádivas y el uso de recursos públicos en campañas políticas.
Los pequeños, medianos y grandes Partidos Políticos, deberían tener el derecho a que sus proyectos políticos y los de sus candidatos sean conocidos por el mismo número de ciudadanos y en la mayor cantidad posible, porque de la información que se les transmita y obtengan, hará que puedan tomar las decisiones para votar en favor de lo que más le conviene a México.
Deben revisarse a profundidad las reglas que aplica la autoridad electoral para la fiscalización de los recursos públicos utilizados en las campañas políticas; hasta ahora parece que esas reglas solo benefician y privilegian a quién tiene el poder y controla a las instituciones; existen “perfectos” controles de contabilidad, pero no de fiscalización de los partidos, dicen los expertos.
Debería también haber mecanismos de evaluación de resultados del desempeño del partido político cuando ya obtuvo el triunfo y gobierna, para determinar el monto de lo que se le asigna del presupuesto para sus siguientes campañas; entonces sabríamos quién es el responsable del progreso nacional o del creciente deterioro que vive este país, en los que la ineficiencia administrativa, la corrupción y la impunidad imperan; lo anterior, sería causa para no volver a financiarlo con mayores recursos.
En conclusión, debe acabarse el reparto desmedido, injusto, indebido, inequitativo, agraviante para la población, de los dineros públicos en favor de los Partidos Políticos y sus candidatos; deben emitirse reglas para que se usen los medios tecnológicos que abaraten al mínimo el costo del proselitismo político y, la oportunidad de los partidos de acceder al mismo número de electores, para presentar sus propuestas y soluciones sobre la problemática que vive el país.
Dicho de otra manera, no porque un partido o un candidato tenga pocos afiliados o pocos seguidores, no quiere decir que su propuesta de gobierno no sea la mejor o menos importante.
El derecho que tiene toda la población de conocer por igual a todos los proyectos de gobierno, es superior al derecho que dicen tener los partidos, de que se les dé más dinero sólo porque obtuvieron más votos en la elección inmediata anterior. Eso debe acabar.