Miscelánea, salud y política

Los costos de un sueño

Yo no creo que nadie puede especular sobre lo que sucederá con respecto a los precios del petróleo y los precios del gas, ya que se encuentran en la economía global:  Ken Salazar

De Palacio Nacional salió la iniciativa de reforma eléctrica que ha provocado un nuevo debate que nos divide y confronta. ¿De qué se trata? De re-nacionalizar la industria eléctrica o de expropiarla, revirtiendo  la reforma energética aprobada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2013, junto con las leyes secundarias aprobadas en agosto de 2014.

Para Andrés Manuel López Obrador esta sería la reforma de reformas de su gobierno, y para lograr su aprobación echa toda la carne al asador, requiere de 334 votos en la Cámara de Diputados para ser aprobada; no obstante, aún con los 278 votos que suman Morena, PT y Verde Ecologista, faltarían 56 más para lograr el aval.

Los legisladores del PAN y PRD ya establecieron su posición irreductible: en contra, por considerar las reformas en exceso dañinas para el país y significar un retroceso para el desarrollo. El PRI pidió tiempo para resolver.

Decidido a librar la batalla, el mandatario envió a la Cámara de diputados la iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales a fin  de recuperar la rectoría económica  del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Aumentaría, la CFE, cuando menos, al 54% la generación de energía eléctrica que requiere el país, mientras que el sector privado participaría hasta con el 46%.

Según la exposición de motivos de la reforma, la CFE actualmente sólo participa en el mercado eléctrico con el 38% de la energía que se genera y consume en el país, mientras que la iniciativa privada mantiene el 62% del mercado.

La CFE se integra como un organismo del Estado  en forma vertical y horizontal, por lo que desaparecerán sus empresas subsidiarias y filiales, con excepción de las subsidiarias Telecomunicaciones e Internet para Todos y las filiales CFE Energía, CFE I Internacional y CFE Capital, y podrá crear las que considere conveniente.

¿Qué está en juego con esta iniciativa?  Además de la modificación del modelo de desarrollo nacional, la CFE se convierte en un órgano del Estado, una empresa monopólica a cargo de planear, generar, distribuir y controlar el precio de la electricidad. También deberá realizar la transición energética. Misión que se antoja imposible, en un mercado competitivo y volátil,  regido por leyes internacionales.

Además en la iniciativa se establecen como bienes exclusivos de la Nación los minerales radioactivos (como el litio) los cuales son estratégicos para la transición energética. 

A la derecha, siguiéndole el “juego” de divide y vencerás, que emprendió el señor presidente Andrés Manuel López Obrador desde diciembre de 2018, se colocan quienes defienden el libre mercado y la libre competencia, y con ello la libertad del consumidor de poder comprar la energía eléctrica al proveedor que brinde el mejor servicio, calidad y precio.

Los empresarios consideran que si la CFE recupera el monopolio eléctrico del Estado esto constituiría un retroceso para un sector estratégico,  el mercado nacional perdería la posibilidad de crecer, generar empleos, obtener servicios de calidad a precios competitivos como consecuencia de la libre competencia. 

Además, representantes de sectores productivos consideran que se dificultaría la modernización y la incorporación de energías amigables con el medio ambiente, ventajas de  la internacionalización del sector, mismo que se cancelaría al no existir regulación ni la participación de las  empresas extranjeras que actualmente participan.

Los cambios propuestos establecen que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) con sus funciones y atribuciones se reincorpore a la CFE; en tanto que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se suprimen y su estructura y atribuciones se integrarían a  la Secretaría de Energía.

A la 4T no parecen importarle los altísimos costos que acarrearían en índice de transparencia la desaparición de los órganos reguladores independientes; ni el riesgo de que la CFE sea declarada anticonstitucional -violaría el artículo 28- al convertirse en un monopolio más pesado y robusto. 

Ni tampoco la imagen de inseguridad para las inversiones extranjeras por parte de un gobierno que cancela compromisos ni el gasto de recursos públicos, necesarios para la salud y el bienestar, en litigios con las empresas extranjeras expropiadas.

 A la izquierda se ubican quienes creen que retornar la industria eléctrica  al control del Estado, en todas sus fases –desde la generación de energía eléctrica hasta su entrega a los usuarios finales–, nos hará más soberanos e independientes en un mundo globalizado e interdependiente.

Pero más allá de la confrontación reduccionista derecha vs. izquierda, el presidente López Obrador ha dirigido su esfuerzo a conseguir el apoyo de los legisladores priístas para poder completar los 56 votos que le hacen falta a la coalición Juntos Haremos Historia –integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde– para reunir las dos terceras partes de votos del Congreso de la Unión que se requieren para aprobar las reformas constituconales. 

Para convencer a los priístas de apoyar su reforma, AMLO recurre a tiempos históricos que a él como expriísta también enorgullecen y los conminó a deslindarse del proyecto neoliberal de Carlos Salinas de Gortari y apoyar el nacionalismo que caracterizó al PRI de los años 60´s, cuando López Mateos nacionalizó la industria eléctrica e identificarse con Lázaro Cárdenas, quien en 1938 nacionalizó el petróleo.

En síntesis, el propósito de la 4T explícito en esta iniciativa constitucional es la nacionalizar la industria energética, esto comprende la electricidad y el petróleo, así como evitar que ningún extranjero pueda extraer litio y otros minerales útiles para lograr la reconversión energética.

El PRI se ha convertido en el fiel de la balanza, y existen fundadas razones para creer que Alito Moreno pueda ceder, aunque su liderazgo está en entredicho. Entrevistado sobre el tema así lo dio a entender, aunque seguramente no todos los prístas lo seguirían, ya que algunos de ellos demostrarán que mantienen dignidad y respeto por su electorado.

El presidente López Obrador insiste en que su refoma energética es lo que más conviene al país y a todos, se trata de limpiar a la CFE de corrupción y es para evitar que se disparen los precios de luz y gasolinazos. 

Fiel a su creencia de poseer la verdad universal y la autoridad moral,  advirtió a los legisladores que exhibirá a quienes voten en contra, “no va a haber anonimato” y él “no es tapadera”, y cuestionó a los legisladores:  ¿están a favor del pueblo o de las empresas?

Los argumentos persuasivos que esgrime López Obrador son imposibles de alcanzar en el  contexto actual, ni el más grande poder presidencial garantizaría per se que haya precios bajos en las tarifas eléctricas o en la gasolina, como él sostiene “en beneficio del pueblo, incluidos los empresarios”, aunque insista en lo contrario. 

Menos mal que no ha dicho que no le cambien ni una coma a su iniciativa, aunque sí amenazó a los legisladores que voten en contra de dar a conocer sus nombres en su conferencia  mañanera, con la cosiguiente desaprobación del ejército virtual de chairos que se congrega en contra de quienes piensan diferente a su líder.

¿Será necesario organizar otra vez un gran debate público sobre la reforma eléctrica?. La electricidad es un insumo que usamos todos a diario, por ello debe tomarse en consideración la opinión de los consumidores, la iniciativa privada, los expertos, los académicos, la sociedad civil, etc.

Y mientras en el país la confrontación continúa, en el mundo del siglo XXI hay un debate pospandemia, encaminado a encontrar nuevos modelos de desarrollo que modifiquen los esquemas tradicionales del capitalismo.

La UNAM acorde a los tiempos actuales recién celebró el foro  “En busca de nuevos derroteros para el desarrollo”, coordinado por el programa Universitario de Estudios del Desarrollo, en el que los investigadores académicos participantes destacaron que ante la apertura de un mercado global unificado el desafío es lograr un desarrollo socialmente sostenible con justicia social.

Revisar los términos de la globalización es una necesidad  urgente a fin de evitar la debacle del capitalismo en su forma actual,  señalaron, al tiempo que urgen a las principales potencias a efectuar un reordenamiento económico donde se establezcan medidas como la reestructuración de las deudas externas, crear un sistema de salud universal, formular un nuevo contrato social y adoptar una política industrial con energías limpias, entre otros temas.

En México, se dijo, se requiere construir un acuerdo político nacional por un nuevo desarrollo  sustentable que se exprese en un pacto fiscal de largo alcance. A nadie se le ocurrió que se adopte un modelo socialista de desarrollo para superar la crisis actual o que las nacionalización de la industria energética sea necesaria.

Tenemos que reflexionar sobre el rumbo del desarrollo pospandemia y la necesidad de propiciar uuna recuperación. Una nueva normalidad requiere de transformaciones de fondo, repensar el camino y emprender transformaciones estructurales. Pero a nuestro presidente de la República le preocupa alcanzar su sueño: la re-nacionalización energética como logro de la 4T.

Necesitamos una nueva narrativa, una nueva clase política que mire hacia el futuro, que aborde los temas actuales con información actualizada, verídica y confiable. 

Por eso mencionaré un video realizado por Enrique de la Madrid Cordero, en el que se manifiesta en contra de la reforma eléctrica lópezobradorista porque significaría que México dejaría de contribuir en el control del cambio climático, y explicó que actualmente, la CFE compra y utiliza  el combustóleo que PEMEX genera al refinar el petróleo y con este produce energía eléctrica, cara y contaminante.

Pero debido a a las leyes vigentes y los órganos reguladores, que de aprobarse esta reforma desaparecerían, la CFE actualmente debe comprar de otras empresas, primero, la electricidad barata y limpia –proveniente del sol y el viento–. De lograrse el cambio propuesto por la 4T, México retrocedería y dejaría de participar en la compra y distribución de energías limpias.