Miscelánea, salud y política

De Líder Demócrata a Tirano

                                                                                

Cuando los militares se meten en política partidista, la democracia peligra: Human Rights Watch 

Petulante aún por el  éxito alcanzado en la IX Cumbre de líderes de América del Norte, con la celeridad de estar consumando  “la Cuarta Transformación”, Andrés Manuel López Obrador nos sorprende con un decreto sui generis que es contrario a su supuesto propósito de evitar la corrupción en la asignación de obras gubernamentales y representa un retroceso en materia de transparencia en el uso de los recursos públicos.

Explica el propio AMLO que sólo se trata de “un acuerdo interior, para agilizar trámites”, que en los hechos exenta los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno de México de cualquier trámite -dictámen, permiso o licencia- porque deberán ser considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre, enmedio de otra controversia, esta provocada por el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, al intervenir en la ceremonia del 20 de noviembre, y pronunciarse a favor del proyecto de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador.

Ambos hechos fueron reprobados por varios especialistas en derecho constitucional con diversos argumentos legales, entre ellos, destacan: 

Ni el presidente de la República puede disponer de recursos públicos sin cumplir con dictámenes técnicos, licitaciones públicas y demás requisitos que establece el artículo 134 constitucional. Ni el general secretario  de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval puede inmiscuirse en asuntos políticos, sin violar varios preceptos constitucionales y  el Artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El Acuerdo, que exenta del cumplimiento de la ley a contratistas del gobierno, además faculta a dependencias  y entidades para otorgar permisos provisionales en un plazo de 5 días, y si no se ha resuelto se entenderá en sentido positivo. 

Esta autorización fast track  será de 12 meses. O sea que, por ejemplo, si un dictámen técnico sale en contra del proyecto seis días después, por afectar el ambiente o no ser viable, será demasiado tarde para revertir el daño y gasto de la obra.

El Acuerdo de marras declara de interés público los proyectos que abarcan los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidraúlico, salud, medio ambiente, turístico, vías férreas, entre otros. Y claro, de darse este Acuerdo, López Obrador estaría ganando tiempo para concretar sus obras faraónicas del sexenio: Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, las cuales tienen severos atrasos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que antes de 30 días presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra del Acuerdo emitido por AMLO.

Buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.

Se advierte posible transgresión al artículo 6º constitucional, asienta el INAI, así como al precepto de seguridad nacional  y se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservarse información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información.

Por considerar que es un grave atentado al orden jurídico nacional,  se pronunciaron en contra del acuerdo presidencial analistas y organizaciones, como la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Mexicana de la Industria de la construcción. 

El exministro de la SCJN, Jose Ramón Cossio, por su parte, consideró que dado que el presidente carece de facultades para subvertir el Estado de derecho o usar a su arbitrio preceptos constitucionales como seguridad nacional, el acuerdo constituye una “grave disolución del principio de legalidad”  y genera un Estado de excepción inadmisible.

Un día después de publicarse el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, AMLO en su conferencia mañanera exhortó a lo inconcebible: “a tenerle confianza…, que las empresas del Gobierno Federal están regidas por principios de justicia, honestidad y protección al medio ambiente…” 

¿Perdón? Ahora resulta que se ha creado a través de décadas todo un andamiaje jurídico para protegernos de los excesos cometidos por servidores públicos, y nos pide el inquilino de Palacio ignorar controles y ordenamientos legales y confiar ciegamente en su honorabilidad. Así no funciona, los ciudadanos debemos exigirle al presidente y cualquier servidor público transparencia y sometimiento a la ley.

Lo que se ve es obvio: el autócrata se quitó el traje de demócrata hace tiempo y  gobierna sin querer someterse a la ley, se ha facultado para promulgar y modificar leyes a su voluntad, al fin que el Congreso es en su mayoría morenista.  

Si no hay bloque de contención jurídica, está en vías de convertirse en tirano, persona que abusa del poder político y gobierna de manera totalitaria, sin limitaciones legales, que podría actuar de forma corrupta y  cruel. 

Más focos rojos…

Respecto al discurso pronunciado por el general Crescencio Sandoval con motivo del 111  aniversario del inicio de la Revolución,  que alarmó a analistas, señaló: “Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones, el bien de la patria.

“Se enfoca en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad entre otros rubros. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto”.

La política en nuestro país desde 1946, hace 75 años, la realizan los civiles, los militares conforme a la Constitución vigente están para proteger a la Nación, mantener la seguridad nacional y, en su caso, ayudar a la población civil, así como efectuar labor social entre los sectores marginados y auxiiar a los damnificados en caso de desastre. 

Es, pues, una institución del Estado mexicano, leal al presidente de la República -Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas-. Respecto a su honorabilidad, aunque conserva alto grado de aceptación popular, según Parametría es la tercera institución más confiabe, luego de la iglesia, la familia y los amigos. 

Aunque, desde la época postrevolucionaria, era vox populi, decir que “no había general que resistiera un cañonazo de 50 mil pesos”, frase  atribuida a Álvaro Obregón. Y es que la desconfianza es latente. Recién un  reportaje de Latinus denunció que luego de revisar 966 contratos otorgados por SEDENA, aparecen graves inconsistencias : datos falsos, empresas inexistentes y otras pruebas de corrupción.

Sin embargo, el presidente  Andrés Manuel López Obrador quien llegó a Palacio criticando la militarización del país y prometió regresarlos a sus cuarteles, en una más de sus contradicciones, es quien más ha ampliado las atribuciones del Ejército a niveles nunca antes vistos. 

Les ha dotado de presupuestos estratosféricos –administrados con opacidad por ser asuntos clasificados de “seguridad nacional”–, les ha dado consesiones para construir, operar y administrar sus megaproyectos: el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, los Bancos Bienestar, etcétera. 

Además del poder económico que han adquirido las Fuerzas Armadas, los ha involucrado como organizadores y actores en sus escenificaciones históricas del 15 y 20 de noviembre, donde incluyen la autoproclamada Cuarta Transformación.

Si bien, los movimientos de Independencia, Reforma y la Revolución, son tres transformaciones reconocidas por la historia, la autoproclamada Cuarta Transformación (4T) aún carece del rigor científico para serlo; por ello hasta hoy sólo es propaganda gubernamental del Jefe del Ejecutivo  surgido del partido  Morena.

Con la reforma lopezobradorista, de 20 mil elementos, las fuerzas armadas pasaron a 100 mil, incluida la Guardia Nacional -bajo el mando de Sedena-, disponen de 40 cuarteles para participar en labores de seguridad pública, protección territorial, auxiliar en desastres, transportar y resguardar vacunas contra Covid 19, resguardar instituciones electorales, y ahora construir y administrar las más importantes obras y programas del gobierno de la 4T, como Sembrando Vida.

Ayer, Día de la Armada, AMLO dio muestras del romance que sostiene con la milicia: mencionó que hizo entrega de sendos Reconocimientos a su Honestidad a los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, les agradeció su lealtad y compromiso, y  concluyó su discurso con la arenga:  “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

 Ha crecido tanto en importancia el sector militar que constitucionalistas, académicos, partidos de oposición y demás sectores ven con preocupación  la militarización del país, y seguramente este proceso ha contribuido a confundir a los jefes de las fuerzas armadas.

Ya una vez el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, sostuvo que en el Poder Judicial de la Federación “no hay funcionarios honestos” y calificó a jueces y magistrados que limitan el poder presidencial, como el “enemigo en casa”. Claro, luego se disculpó por las generalizaciones.

Ahora tocó al general secretario de la Defensa llamar a la unidad en el proyecto de la Cuarta Transformación, porque ven que persigue el bien de la Patria, como las otras tres transformaciones. 

Sin duda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá cumplir con resolver recursos de inconstitucionalidad interpuestos por diversas organizaciones sociales que ven como un peligro real el uso indiscriminado que hace el primer mandatario de las Fuerzas Armadas en tareas civiles.

Los militares tienen las virtudes más preciadas para AMLO y su proclividad a ser un líder autoritario: son leales al Jefe Supremo, saben obedecer sin discutir, se apegan al presupuesto establecido por el Ejecutivo, trabajan sin descanso porque no tienen sindicatos ni derechos laborales, son leales y discretos.