Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

Ayotzinapa, manoseo político

En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira: Ramón Campoamor

La verdad histórica confrontada ahora por la verdad de AMLO, en lo fundamental no varían: “no hay –y no había- indicio alguno de que los normalistas de Ayotzinapa se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, esto sin dejar de ser una vileza, ya lo sabíamos, al igual que la declaratoria de que se había cometido un crimen de Estado en el que estuvieron involucradas autoridades gubernamentales y el grupo delincuencial Guerreros Unidos.

En ambos periodos se ha querido resolver este horrendo crimen masivo cometido hace 8 años haciendo uso político a conveniencia de los grupos en el poder, sin desentrañar fehacientemente los hechos ni identificar a los responsables. Ahora se giraron 33 nuevas órdenes de aprehensión. Por mencionar algunas estadísticas sobre el caso ocurrido hace 8 años: 26 personas han sido asesinadas por conocer de los hechos y 77 han sido liberadas por invocar tortura.

El gobierno de la 4T presentó el pasado jueves 17 el Informe Presidencial de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) del caso Ayotzinapa y al otro día, sin el debido proceso, ofrendó para el linchamiento púbico al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a quien detuvieron en un aparatoso operativo, con decenas de agentes armados, pero montado con tanta celeridad que el policía al frente ni siquiera mostró orden de aprehensión y sí externó su pesar.

Murillo será enjuiciado por “la creación de esa verdad histórica, acción que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”, se asentó en el Informe leído por el presidente de la COVAJ, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Con la presentación del informe arrancó el nuevo montaje propagandístico para mantener la popularidad de AMLO y ocultar la debacle gubernamental en materia de seguridad con alrededor de 130 mil homicidios y contando; la inflación sin precedente en los últimos 20 años, de 8.62 en la primera quincena de agosto; el rebase de 500 mil muertos por COVID, que nos coloca en el cuarto lugar mundial por mortalidad reconocida oficialmente, sin contar que existe un subregistro mayor al 50 por ciento.

Esos y otros indicadores refieren un desastroso cuarto año de gobierno, al entrar en la recta de la sucesión presidencial, por eso se puede interpretar que fue necesario dirigir los reflectores a la maquinaria de justicia, al fin que el control en tiempo y forma es operado por el inquilino de Palacio Nacional, a su conveniencia, uso y arbitrio, sin recato alguno a la autonomía de la FGR.

De esta forma, el primer mandatario hace como que cumple con el compromiso hecho a padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, refuerza su credibilidad ante sus huestes morenistas y protege a los altos funcionarios involucrados en esos hechos, pero ahora leales a la 4T, algunos jefes del Ejército, así como sus aliados inconfesables, estatales y municipales.

Por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la CDMX, a quien se le involucra en el cónclave de siete funcionarios que crearon “la verdad histórica”, ya salió en su defensa su jefa Claudia Sheimbaum.

Así también se podría explicar que López Obrador, de antemano, haya exculpado al expresidente Enrique Peña Nieto y al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos: “…ellos, no serán requeridos, sólo los que participaron en forma directa”, aclaró en su mañanera del pasado día 22, y en contrapartida aseguró que Murillo Karam ya se inculpó solito pues, repite en su mañanera: “…el señor menciona que él es el responsable con el señor Zerón”.

Inexplicablemente, ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), que surgió del acuerdo entre la CIDH, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el gobierno, el 18 de noviembre de 2014, ni los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa conocían ni fueron consultados sobre el Informe Presidencial, cuando ellos son los principales partícipes en la evolución del caso. El Informe lo conocieron a través de Encinas.

Las acusaciones en contra de Jesús Murillo Karam son tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Este día el juez lo vinculó a proceso y como, al parecer, se programó desde la presidencia de la República, de encontrarse culpable de tortura -que haya infligido a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener información o una confesión, etc.–, se le aplicará prisión de tres a 12 años (multa e inhabilitación); y por desaparición forzada, delito que se persigue de oficio –no prescribe–, en tanto el paradero de la persona desaparecida no se haya determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados no se podrá dictar sentencia. Hasta la fecha sólo tres de los 43 ha sido identificados.

Alejandro Encinas, uno de los pocos políticos allegado a López Obrador que goza de buena reputación y credibilidad a estas alturas de la administración, ahora que la 4T decidió declarar muertos a los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos deberá estar dedicado a hacer el trabajo de contención para mantener bajo control las protestas de los familiares de los normalistas, a quienes alentaron desde la oposición y luego durante casi cuatro años de gobierno a mantener la esperanza en que aparecerían vivos los muchachos.

Para los buscadores de justicia para sus hijos, hermanos o familiares victimizados aquella fatídica noche de Iguala, seguramente no es menor que haya a quien ajusticiar como culpable, aunque se trate de una justicia selectiva. Ojalá sea atendido el requerimiento del GIEI para conocer las nuevas pruebas documentales y grabaciones en que se sustenta el Informe Presidencial dado a conocer y se avance en encontrar la verdad de fondo de esta tragedia. El caso Ayotzinapa reúne los males agravados de un sistema de justicia enfermo, pero en lugar de curarlo, la 4T ha logrado agravarlo.