Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

Hacia un México sin ley

La dictadura, devoción fetichista por un hombre, es una cosa efímera, un estado de la sociedad en el que no pueden expresarse los propios pensamientos: Winston Churchill

Cada fin de semana hay un promedio de 250 homicidios en nuestro país, la cifra por demás alarmante, aquí ya se hizo cotidiana, aun así, debe llamar a alerta máxima el uso por parte de grupos criminales de artefactos explosivos de guerra, como fue la mina que provocó lesiones graves a cuatro militares en Apatzingán, Michoacán.

El analista universitario Javier Oliva consideró que el incendio de la subestación en Huetamo, Michoacán, ubicada también en tierra caliente, dos días después de la explosión, podría estar relacionada con la detonación de la mina y la desactivación de otra, pues podría ser parte de la escalada por parte de alguna organización criminal, de ahí que el Ejército y la Guardia Nacional además de anunciar el despliegue de 400 elementos en esa zona seguramente estén reforzando las acciones de seguridad.Quizá este indicio logre hacer que se revise la ineficiente política y estrategia de seguridad pública.

La violencia no para, en mil 198 municipios de los 2 mil 471 que hay en México, existe la presencia por lo menos de un cártel, banda criminal o célula delictiva, de acuerdo con el análisis hecho a más de 50 documentos de inteligencia militar extraídos del hackeo que realizó el grupo Guacamaya. A esto se suma el hecho de haber identificado a más de 170 organizaciones criminales operando en territorio nacional, cifra dada a conocer por una consultoría internacional que en breve publicará el mapa delictivo.

Lo cierto es que, a la inseguridad y sus estadísticas exponenciales de homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos, violaciones a derechos humanos, chantaje, extorsión, etcétera,  son parte de nuestra realidad, lo alarmante es que no se enciendan focos rojos y se establezca una estrategia urgente gubernamental para poner orden donde vemos tanta desolación humana y que los grupos delictivos llevan la delantera en cuanto a uso de armamento. Ahora, a fusiles y ametralladoras de alto poder, suman artefactos explosivos de guerra de guerrillas.

También existe enorme preocupación por los actos anticipados de precampaña rumbo al 2024 en que están inmersos las corcholatas de López Obrador quienes deberían ajustar su conducta a la ley electoral y a la Constitución, que establece el inicio de estas para noviembre de 2023, y hasta el momento el Instituto Nacional Electoral ha consentido en estas violaciones.

Por ese motivo partidos políticos y organizaciones sociales han presentado 300 quejas ante el INE, mismas que deberán analizar las autoridades electorales incluido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para actuar en consecuencia, sin caer en el disimulo que lleva implícito el supuesto proceso iniciado por Morena para definir, vía encuesta, quien será el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación o sea su candidato presidencial.

Se trata de evitar que se vulneren los principios de equidad en la competencia electoral del 2024. Estamos por conocer la verdadera fortaleza de un organismo autónomo que muchos dan por un hecho el haberse supeditado a la voluntad del jefe del ejecutivo federal y al morenismo a raíz de la elección como presidenta del Consejo de Guadalupe Taddei Zavala, quien por cierto aún no consigue los ocho votos necesarios para nombrar a quien ocupe la secretaría técnica.

Por lo pronto, por sus argumentos estamos conociendo a las corcholatas que parecen pelear por ser la mejor y más leal tapadera de su líder. A Claudia Sheinbaum y Adán Augusto ya les conocíamos su capacidad de mimetización con su jefe, pero el que sorprendió fue Marcelo Ebrard Casaubon, quien sonrojó a muchos de sus simpatizantes al exhibir su zalamería y ofrecerse a crear una secretaría de la 4T, y por qué no, ponerla bajo el mando de Andy López Beltrán (¡!). Las otras tres corcholatas parecen no tener futuro para “coordinar los comités de defensa de la 4T”.

El gobierno federal en funciones ha dirigido sus intereses y acciones no a gobernar y entregar buenas cuentas de su gestión. No, si el líder cree que llegaron para quedarse. Su interés principal cuando menos desde julio de 2021, desde que dio a conocer a sus corcholatas es controlar la sucesión presidencial, decidir la elección de 632 legisladores federales, nueve gobernadores estatales, 25 elecciones municipales y 31 congresos locales.

La oposición aliada Va por México –PRI, PAN y PRD– anunció que el próximo lunes 26 de junio dará a conocer un plan de acción para integrar una gran alianza ciudadana, con organizaciones sociales que quieran defender la democracia en México en los comicios del 2024. Habrá que analizar su propuesta y cómo resuelven la disyuntiva creada por el gobierno de la 4T al adelantar los tiempos electorales medio año.

Quienes quieran conocer un informe sobre el estado de la democracia mexicana bien podrían leer el reporte: “El Estado Mexicano a revisión”, elaborado por #Signos Vitales, una organización apartidista integrada por analistas de reconocido prestigio, entre ellos varios de quienes han sido denostados por el presidente López Obrador por la falta de afinidad con su proyecto.

El estudio advierte que la concentración de facultades formales e informales en el presidente de la República, la eliminación de contrapesos y la subordinación de los poderes legislativo y judicial amenazan a la democracia mexicana.

Además, la falta de límites para el Ejecutivo federal pone en riesgo el ejercicio de los derechos humanos, ha generado bajos niveles de transparencia en el manejo presupuestal, así como enormes niveles de impunidad y opacidad en el cuerpo judicial del país, entre otros problemas.

En este contexto es que el presidente López Obrador y el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, han unido a organizaciones de jueces, magistrados y defensores de derechos humanos en su contra, pues le solicitaron a la CIDH que dicte medidas cautelares en favor de la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien ha denunciado detención arbitraria y ser víctima de tortura por parte de agentes de la fiscalía de Veracruz.