El equipo de gobierno de transición de Andrés Manuel López Obrador tendrá que diseñar cuanto antes una política de comunicación social para evitar caer en los errores del régimen que concluye con Enrique Peña Nieto, quien gastó sin control más de 40 mil millones de pesos en la difusión de sus programas de gobierno y en su imagen como Presidente de la República.

Nunca se supo, bien a bien, cómo se distribuyeron esos recursos, ni los objetivos, ni la trascendencia, ni los impactos en la opinión pública y la imagen del Presidente Peña Nieto siempre estuvo en los más bajos niveles. No se informó de lo importante ni hubo control de daños en los escándalos de corrupción.

A partir del primero de diciembre habrá que informar con veracidad y oportunidad de los actos de gobierno a 120 millones de mexicanos, debido a que más de 30 millones acudieron a las urnas para llevar a López Obrador a ser el presidente electo con más contundencia en las últimas décadas. Y esto viene a cuento porque en la gira nacional tras la victoria electoral a López Obrador le regresó el ánimo de candidato, a pesar de que no cesa de recordar que ya se acabó la campaña, pero repite sus consignas y promesas y jura que cumplirá cada una y no engañará al pueblo.

No tenía necesidad de recurrir a la demagogia de candidato ni caer en exageraciones como la de afirmar que el país está en ruinas, ni tampoco que “Rosario Robles es un chivo expiatorio”, lo que contradice su promesa de que en su gobierno se hará justicia y no habrá corrupción. Eso lo tendrá que definir en su momento la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial.

Lo primero denota desconocimiento de la realidad económica nacional así como decir que la responsabilidad de una eventual crisis o alza de la inflación será del Banco de México, que para eso tiene autonomía.

No deja de preocupar que el próximo presidente diga que la economía nacional está en bancarrota, porque manda una mala imagen de México al exterior, un mensaje negativo a los mercados internacionales extranjeros. No querrán invertir.

Tan sólo en el rubro de Inversión Extranjera Directa, la información estadística de la Secretaría de Economía indica que de 1999 a 2018 la inversión extranjera directa fue de 523,984.6 millones de dólares y en el sexenio que concluye fue de 48,851.2 en 2013; de 29,396.8 mdd en 2014; de 36,137.3 mdd en 2015; de 30,368.5 mdd en 2016; de 31,234.2 mdd en 2017 y de 17,842.3 al 30 de junio de este año.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, ya se llevó una estrellita en la frente por parte de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de haber llevado con éxito las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Le agradeció públicamente: “gracias por lo que has hecho por México”.

López Obrador se defendió: “sacaron de contexto mi declaración” y luego matizó: la economía nacional “está en crisis desde hace 30 años” y que su crecimiento ha sido deficiente. Ha sido en promedio de 2% anual. Insuficiente para el crecimiento.

Tampoco es nada serio decir en entrevistas “de banqueta” que Rosario Robles es un “chivo expiatorio” luego de las múltiples investigaciones periodísticas sobre la “estafa maestra”, porque es una postura inaceptable, similar a la de Peña Nieto de –“no te preocupes, Rosario”-cuando se iniciaron las investigaciones en torno al desvío de siete mil 670 millones de pesos en sofisticada operación mafiosa en la que aparecieron 128 empresas fantasma y 8 universidades públicas.

A Rosario Robles le preocupa comparecer ante los legisladores con motivo de la Glosa del Informe, porque presiente los cuestionamientos de los legisladores cuando tenga que explicar su participación en el comprobado desvío millonario de recursos destinados a los mexicanos más pobres, beneficiarios de los programas sociales en Sedesol y luego en la Sedatu. A ello se deben, -dicen los que saben- sus constantes visitas a la Auditoría Superior de la Federación, donde llevan la cuenta de esos desvíos.

Una más: el próximo presidente de México tendría que considerar externar su confianza en los estudios de diversos organismos especializados en la materia, nacionales e internacionales, que han desechado en definitiva el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía, para decidirse por Texcoco, pues pareciera que sólo el Frente de Defensa de los Pueblos de Atenco, López Obrador y el constructor José María Rioboo, están de acuerdo en ese proyecto del cual no existe mayor información técnica.

Ni parece recomendable siquiera invertir 15 millones de pesos para un estudio que está pidiendo Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), cuyo informe estará listo en cinco meses y que en caso de que declare que el proyecto de Santa Lucía no es viable, esta decisión se hará pública y aunque haya ganado la opción en la consulta, se desistirá del proyecto.

Y además: la consulta a la que pretende convocar para octubre para tomar una decisión sobre Texcoco o Santa Lucía, “es ilegal, porque la convoca un presidente electo, y no el Instituto Nacional Electoral, que ya definió que no habrá tal consulta”, dijo a Nigromante el ex diputado federal Rafael Hernández Soriano, quien fuera presidente de la Comisión Especial de seguimiento del nuevo aeropuerto en la anterior legislatura. “No habrá tal consulta”, dijo premonitorio.