Poder y dinero
Luego del escándalo generado a partir del desabasto de gasolinas en varios estados del centro del país y las declaraciones mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el avance en la distribución del hidrocarburo sobre todo en Michoacán, Guanajuato y Jalisco, entre los estados más afectados, no faltan los que ya exigen nombres de quienes provocaron el desabasto mediante el robo institucional a Petróleos Mexicanos. Piden cárcel para ellos.
En respuesta, López Obrador fue enfático: “No queremos alebrestar, no queremos hacer escándalo, no queremos el sensacionalismo; queremos actuar con mucha responsabilidad. Pero también esto significa que no va a haber impunidad, trátese de quien se trate. Se acabó la corrupción y se acabó la impunidad, pero sin show, sin espectáculo, y también sin afectar la dignidad de las personas; no (vamos a) fabricar delitos, ni utilizar al gobierno con propósitos políticos”.
“Va a ser a partir de pruebas de investigación, pero en general, sin privilegios para nadie. Se acabaron los fueros y los privilegios”.
Por lo que toca al dirigente de los petroleros desde 1993 Carlos Romero Dechamps, uno de los sospechosos del robo institucional a Pemex, gestionó un amparo (para evitar su arresto) desde el inicio del operativo para combatir el huachicoleo. El presidente López Obrador dijo que su gobierno no ha interpuesto ninguna denuncia penal contra el líder sindical petrolero, porque no hay elementos para enjuiciarlo. Pero, aseguró que se está investigando a todos los que intervienen en las actividades de distribución, venta y vigilancia de combustible.
El portal Sin embargo.mx registró que María de Lourdes Díaz Cruz “Lula”, trabajadora de la sección 35 en Hidalgo y miembro del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, presentó una denuncia de hechos por la presunta relación del líder sindical con el huachicoleo. Y otra denuncia de Víctor Manuel Jacobo Domínguez, trabajador petrolero del grupo disidente Innovación Sindical de la sección 10 en Minatitlán, Veracruz.
Otros trabajadores disidentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) han denunciado penalmente al líder sindical Carlos Romero Deschamps desde 2004 en el marco del Pemexgate por el embargo de cuotas sindicales, la desaparición de fideicomisos, conflicto de interés al votar por la Reforma Energética y por huachicoleo. Pero los documentos con pruebas quedaron arrumbados en el Ministerio Público durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto para “protegerlo”, dijeron los denunciantes.
En conferencia de prensa por separado, los integrantes del Gabinete de Seguridad revelaron los primeros datos sobre los resultados de las investigaciones de la estrategia contra el robo de combustible: 5 denuncias ante el Ministerio Público que involucran a 15 personas morales, 13 gasolineras bloqueadas por operaciones irregularidades y 14 empresas bloqueadas por operaciones irregulares o inusuales.
Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que hay “cinco denuncias ante el Ministerio Público que involucran a 15 personas morales, cuyas cuentas ya están bloqueadas, vinculadas al comercio de combustible, por su puesto como franquiciatarios de Pemex, no tienen permiso de importación”.
En observancia del mandato presidencial, de no hacer de los presuntos responsables un show, un espectáculo, como sucedía tradicionalmente en las últimas cuatro décadas, Durazo detalló que hay también 13 empresas bloqueadas por operaciones e irregularidades, “que tienen franquicia de Pemex pero no le compran a Pemex pero sí reportan venta de combustible. Sus cuentas, por supuesto, ya están bloqueadas”, dijo.
Señaló que también hay 14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas. Así, sin mencionarlas por su razón social, sin identificar a las personas involucradas, servidores públicos y empresarios, para no perjudicar el debido proceso.
Sin embargo, proporcionó detalles: “En uno de los grupos de empresa que se les presentará, tiene ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos. De esto, hay una utilidad marginal por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria”, dijo.
“En esta primera etapa, y con la información existente, están en curso investigaciones por parte de personas identificadas con la comisión de conductas asociadas a delitos fiscales y financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles”, añadió.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que fueron identificados 23 sujetos que ya están siendo investigados porque dejaron de comprar a Petróleos Mexicanos desde 2016 y 2017; a nueve empresas que presentaron montos relevantes y operaciones inusuales, que son depósitos en efectivo mayores a los 10 mil dólares o cuando se hace una actividad no compatible con su actividad ordinaria.
Se revisaron también las cuentas y se encontraron diferencias en los litros porque se vendieron más de los que fueron adquiridos o importados en las estaciones de servicios. La diferencia fue de casi 11 por ciento. Agregó que hay una lista adicional de 50 sujetos con irregularidades fiscales, otros 16 más que aún están como objetivo y Pemex busca integrar 25 casos más.
Roberto Ochoa Romero, titular de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), agregó que en el marco de la estrategia, el Ministerio Público de la Federación ha obtenido en el periodo de diciembre a 16 de enero, mil 831 carpetas de investigación, 266 con detenidos, 97 carpetas se han judicializado, 124 se enviaron a proceso, hay 45 personas en prisión preventiva, se tienen 12 sentencias de las cuales 11 son condenatorias.
Mencionó un caso en Querétaro, en el que el MP obtuvo una sentencia en contra de dos personas por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos por 10 años de cárcel y 10 mil pesos de multa. Además, se realizaron 29 cateos y se recuperaron 11 armas de fuego de distintos calibres y en el mismo periodo se devolvió a Pemex la cantidad de 2 millones 605 mil 136 litros de hidrocarburos.
Ochoa Romero agregó que las empresas que se detectaron que no compraron combustible a Pemex están ubicadas en Tamaulipas y otras en Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Michoacán y Guanajuato.
El Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo explicó que además de modificar el sistema de distribución y de resguardo de ductos, se auxilia a los ministerios públicos en todas las detenciones que se realicen en flagrancia y que se están identificando los modus operandi de todos los casos de robo a través de mecanismos de inteligencia.
“Se va a identificar el número de investigaciones en curso para establecer los vínculos e identificar a los líderes, los recursos y quienes les brindan protección desde su calidad de funcionarios; se revisará cuántas carpetas de investigación hay o iniciar o integrarlas para el ejercicio de la acción penal”, comentó.
En otros puntos, añadió que se investigarán las cuentas bancarias, los bienes inmuebles, las estaciones de servicio y a los líderes y que se dará seguimiento procesal a las consignaciones y establecerán órdenes de aprehensión por delitos relacionados con el robo de combustible.
En la Unidad de Inteligencia de esta táctica estarán operando la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, PGR, Seido, la Policía Federal y el Centro Nacional de Inteligencia y Pemex.
“Este comité de inteligencia integrará los resultados e informará al gabinete de seguridad para que tome las decisiones correspondientes. También se creará una unidad policial especializada en lavado de dinero que será de Investigación Financiera para combatir la impunidad y el retraso”, detalló Durazo.
Así se está cerrando la pinza en torno a los involucrados en el huachicol, protegidos por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, que niegan haberse beneficiado con el robo institucional a Pemex. ¿Tú les crees? Yo tampoco