Nigromante/José Vilchis Guerrero

El equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador tiene el reto de coordinar todas las acciones que el nuevo gobierno emprenderá a partir del primero de diciembre y ha mostrado a los mexicanos y ante el mundo que el compromiso adquirido el primero de julio de este año va en serio. Se rompió la tradición del PRI y del PAN, que en lugar de aprovechar el tiempo, en el período de transición había desfiles para felicitar al ganador de la contienda. Aquello se denominaba el “besa manos”.

Ahora se ha provocado la polémica desde el 2 de julio, en que se fue conformando el gabinete y de inmediato se dieron a conocer los nombres de los principales colaboradores. Antes se conocían hasta los primeros días de diciembre aunque se fueran acomodando los interesados en ese periodo en que se rendía pleitesía al siguiente presidente, ya electo. En esta ocasión ya se conoce el gabinete que incluso ya participa con López Obrador.

Obras monumentales del gobierno, como el Nuevo Aeropuerto y el tren México-Toluca, que sólo tuvieron su comienzo con Enrique Peña Nieto, ahora son objeto de revisiones por parte de los nuevos encargados del área, porque el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) Gerardo Ruiz Esparza, y su equipo tuvieron descuidos que provocaron que se elevaran sus costos a más del doble. Y un socavón donde se precipitó su credibilidad.

En este lapso, López Obrador no quita el dedo del renglón de acabar con la corrupción, que fue el eje central de su campaña; es también su propósito formal y en esta tarea lo apoyan los legisladores de la mayoría morenista en las dos cámaras del Congreso de la Unión, donde senadores y diputados federales ya implantaron el plan de austeridad con novedoso recorte presupuestal –y quedó a la mitad el gasto y prebendas de que disfrutaban los legisladores- para acabar con el derroche y el abuso de los recursos al asignarse salarios altos y bonos que nadie tiene en México.

Las fallidas obras faraónicas de Peña Nieto

Organizaciones como México evalúa, participan y simpatizan con las medidas de austeridad que propone AMLO y considera que la falta de planeación y supervisión de proyectos de megainfraestructura como el Paso Exprés, el tren México-Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) han generado sobrecostos promedio de 70%, al no existir topes presupuestales en su financiamiento.

Por lo tanto, señalan, es necesario que el nuevo gobierno realice acciones que ayuden a eliminar dicha práctica, como modificar la ley de obra pública, fortalecer los órganos de control interno, incrementar los niveles de transparencia y no

responder a presiones políticas. Estas se han presentado sobre todo con la controversia de los hombres de negocios que tienen sus intereses en el NAIM y esperan con incertidumbre la próxima consulta sobre la materia, que se efectuará del 25 al 28 de octubre.

Al presentar el proyecto ¡Ojos a la Obra!, su coordinadora, Mariana Campos, destacó que el nuevo aeropuerto, que lleva un avance global de 32%, ha incorporado paulatinamente buenas prácticas internacionales, pero no ha estado exento de dicha situación e, independientemente de la decisión que se tome sobre su futuro, aún hay oportunidad de mejorar.

En su análisis los especialistas encontraron, por ejemplo, que la barda perimetral que rodea el polígono tuvo un sobrecosto de 89%, al pasar de mil 547 a 2 mil 930 millones de pesos, y en lugar de construirse en los 563 días planeados estuvo concluida en 863 días, un desfase de 53 por ciento.

En presencia de José Octavio López Presa, integrante del comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y del comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas, Mariana Campos consideró que tanto en el NAIM como en el tren Toluca-México y el Paso Express, hubo mucha prisa y aceleraron la implementación de sus procesos de licitación, lo cual es una práctica recurrente en países con deficiencias en la planeación de obras.

Por lo que respecta al caso del tren México-Toluca, el incremento de su costo, que se calcula en 77% (al pasar de 33 mil 741 a 59 mil 217 millones de pesos), es resultado de una mala planeación en su trazo, lo que obligó a cambiarlo sobre la marcha, y por la falta de negociación con los colonos y ejidatarios de las poblaciones afectadas. A la fecha los tramos de la obra se han suspendido en Santa Fe. Y no se ve para cuándo se pueda concluir.

De los tres casos, el único que está concluido es el Paso Exprés de Cuernavaca, en donde el sobrecosto fue de 73%, al terminar costando 2 mil 213 millones de pesos, y el plazo para concluir los trabajos sólo se incrementó 17% (el menor aumento). No obstante, se presentó un socavón en donde perdieron la vida dos personas. Un año después, Gerardo Ruiz Esparza le dio carpetazo en su comparecencia en el Senado, aunque todavía hasta hace poco había maquinaria y equipos laborando en el lugar, donde hay todavía dificultades para circular, debido a “detalles” de filtración de agua. La constructora Eppcor se llevó el contrato porque ofreció la cotización más baja, de mil 45 mdp, pero al final, luego del socavón, cobró mil 796 mdp.

Freno a los industriales de la construcción

Por su parte, once alcaldías de la Ciudad de México donde gobierna Morena acordaron suspender los permisos para nuevas obras inmobiliarias tras reunirse el sábado pasado con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa de la capital, y

diputados locales. Todo ello como un mecanismo para frenar la corrupción de que han sido señaladas constructoras y autoridades salientes.

Las demarcaciones son: Cuauhtémoc, Álvaro Óbregón, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Además, están proponiendo a las cinco alcaldías restantes aplicar la misma acción.

Armando Quintero, de Iztacalco, a nombre de los 11 alcaldes de Morena, dijo que durante el encuentro se hicieron diversos acuerdos, entre ellos el referente a la solicitud formal que hizo Sheinbaum al actual gobierno para que no autorice el trámite administrativo de nuevos grandes proyectos de desarrollo urbano en ninguna de las 16 alcaldías.

Las once alcaldías que detendrán los trámites hasta que inicie el gobierno de Sheinbaum, argumentan que la decisión responde a la preparación de planes de desarrollo urbano para la ciudad, de acuerdo con el diario Reforma.

Por lo que toca a la alcaldía de Coyoacán, del PRD, las obras continúan en todos los puntos donde los anteriores delegados Mauricio Toledo y Valentín Maldonado autorizaron decenas de permisos. Ambos fueron exhibidos de corrupción por parte de ejecutivos de constructoras a los que exigieron dinero extra luego de haberles otorgado permisos de construcción.