Libros de ayer y hoy
México registra en su historia, graves situaciones de intervención extranjera en sus asuntos internos, incluso de fuerzas armadas, provenientes de países europeos pero más del vecino país del norte, los Estados Unidos de América.
Por ello, resulta paradójico y contraproducente para la política exterior de nuestro país, la manifestación conjunta hecha en los últimos días de julio de este año, por los Secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores mexicanos en apoyo a la posición expresada por el gobierno norteamericano, de imponer sanciones a funcionarios y exfuncionarios de Venezuela, dicen, que por menoscabar el régimen “democrático” en el país del sur del continente.
Penoso que los funcionarios del primer nivel federal mexicanos, hagan este tipo de declaraciones en apoyo a un gobierno como el norteamericano, del que solamente hemos recibido agravios, amenazas y persecución de nuestros compatriotas en su territorio.
Pero además, no obstante que este mundo se ha globalizado, en donde los intereses económicos de los países y de las grandes empresas han condicionado las acciones políticas de los gobiernos, es indispensable mencionar que los principios de autodeterminación de los pueblos y el de no intervención en los asuntos internos de otros países, siguen legalmente vigentes en nuestro país, no sólo por cuestiones de “moralidad o tradición diplomática”, sino porque son obligaciones constitucionales establecidas para el Presidente de la República, en el artículo 89 fracción X de nuestra Carta Magna y aplica obviamente a los Secretarios de referencia, que dependen del propio Ejecutivo Federal.
Los funcionarios mexicanos se atrevieron además, a respaldar las acusaciones hechas por los norteamericanos a los funcionarios y exfuncionarios del gobierno Venezolano, acusándolos de participar en actos violatorios de derechos humanos y de ser represores y corruptos.
Los Secretarios mexicanos dijeron que han actuado y dicho con relación a Venezuela, conforme a los tratados internacionales que México tiene suscritos; sin embargo, habría que preguntarles a los especialistas si cualquier acuerdo internacional firmado por nuestro país, está por encima de las normas establecidas en la Constitución de la República.
La opinión pública libre de nuestro país, reflexiona que antes de “sumarnos voluntariamente” a la campaña en contra del gobierno latinoamericano en cuestión, deberíamos resolver primero lo que sucede en México con las escalofriantes cifras del número de muertos que llevamos en los últimos años, con la corrupción incontrolable que vivimos, la enajenación de nuestros más preciados recursos naturales en favor de los extranjeros, la impunidad que gozan indebidamente los gobernantes y que tanto daño le ha ocasionado a nuestra sociedad, el bajísimo nivel educativo, el deterioro económico de la población y el desempleo, el crecimiento incontenible del crimen organizado, la ineficiencia administrativa gubernamental, etcétera, etcétera y muchos más etcéteras.
Valga la expresión bíblica de que “vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro”.
Quedan en el aire algunas preguntas sin responder, entre otras: ¿las declaraciones de los Secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores contra el gobierno de Venezuela, se deben a una presión del gobierno de Trump sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Los Secretarios desconocen la Constitución? ¿Les ordenó el Presidente hacer las declaraciones y por qué?
Venezuela y su pueblo, tienen que resolver sus problemas, decidir qué es lo que más les conviene, determinar su destino como país y escoger el rumbo que ellos definan, sin intervenciones de ningún tipo, porque de no ser así, todo hace indicar que el gobierno de Nicolás Maduro no se ajusta a los intereses económicos del país vecino del norte, y en una crisis social de altas dimensiones en la que están inmersos, aquellos quieren obtener el mejor botín.
Qué fácil es ver los defectos ajenos, cuando nuestros problemas son inmensamente mayores. Una mancha más al tigre ¡ni se nota!