Normales Michoacanas: la lucha contra la corrupción

Estar con el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes es sumarse a favor de la escuela pública, por la defensa de los atributos constitucionales de la educación enunciados en el artículo tercero constitucional, en pro de los derechos de los maestros y por el impulso a la formación de formadores en las escuelas normales públicas, las cuales requieren fortalecimiento.

Un momento especialmente crucial para el devenir del derecho a aprender es el examen de ingreso a las escuelas normales, ya que con el marco normativo vigente constituye el mayor reto meritocrático con el que se enfrentarán los adolescentes aspirantes durante toda su vida, ya que, en caso de lograr matricularse en el normalismo, es prácticamente un hecho que, obedeciendo el reglamento escolar, realizando las actividades académicas que se les encomienden y acaten al pie de la letra los usos y costumbres imperantes en su plantel egresarán y contarán con plaza automática.

Por lo anterior, sería terrible que alguien sin vocación ni interés genuino en liderar el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad fuese admitido en una escuela normal, ya que sus probabilidades de egresar y conseguir una plaza docente vitalicia son altísimas. La importancia a la que la reciente reforma educativa ha elevado el examen de ingreso a las normales es tal que en estos momentos constituye el principal tamiz para garantizar un buen docente para nuestros hijos. Es lo que hay.

Mexicanos Primero capítulo Michoacán, en su ruta por la defensa del derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad, desde 2009 a la fecha ha dado seguimiento a los procesos de ingreso a las instituciones públicas de formación de formadores, por ser un proceso clave en el desarrollo educativo estatal. En la medida de nuestras posibilidades y bajo las condiciones imperantes hemos seguido los procesos identificando fortalezas y áreas de oportunidad. Cabe resaltar que no es la primera vez que hemos levantado la voz ante inconsistencias, pero sí tal vez el presente proceso es el más irregular del que hayamos tenido noticia.

En este 2020 se expidieron 3 mil 622 fichas, de los cuales se presentaron solamente 3 mil 430 aspirantes al examen de admisión, compitiendo por un total de mil 020 lugares disponibles. A pesar de la inasistencia de 192 sustentantes destacó el hecho de haberse identificado números de ficha duplicados, lo cual constituyó una de las irregularidades detectadas.

Cabe hacer notar que fue el máximo de aspirantes durante la actual administración estatal, el cual apenas llegó a 3 mil 038 aspirantes el pasado 2019, pero que en esta ocasión logró 584 solicitantes más por evidentes razones. Se entiende este fenómeno en buena medida por la desesperación imperante ante la crisis económica por la que atraviesa México y nuestro estado en particular. En momentos históricos como el actual todos quisiéramos pensar que nuestros hijos tienen su futuro económico asegurado y por ende, varios cientos de jóvenes más en el año pasado se decantaron por convertirse en profesionales de la educación.

Sin embargo, del total de los aspirantes, muchos lamentablemente cedieron ante el dilema sobre si hay que hacer un “sacrificio” o un acto inmoral e ilegal como dar un soborno con tal de asegurar su lugar en el normalismo. Esto se comprobó matemáticamente al verificarse que en ciertas escuelas normales hasta el 15 por ciento de los aspirantes lograron un examen perfecto.

Los orquestadores de este acto delincuencial sin duda pensaron en todo, ya que en primera instancia, los consejos estudiantiles monetizaron las fichas de admisión, incluso duplicándolas; grupos de supuestos docentes de las normales realizaron cursos de preparación para el examen, mientras que miembros de una red vendieron claves y hasta el lugar directamente, cumpliendo en algunos casos y en otros no. La derrama económica de este fraude monumental puede superar los diez millones de pesos sin problema alguno.

Por tal motivo, desde el primer paso, como consta en este mismo diario, en Mexicanos Primero Michoacán expresamos la necesidad de que la autoridad educativa estatal interviniera ante la suplantación de atribuciones de los directivos de las escuelas normales, cometida por parte de varios consejos estudiantiles de los propios planteles, quienes se dieron a la tarea de emitir fichas y cobrar cuotas a cambio. El 7 de ese mes, el subsecretario de educación señaló que supervisaría el proceso y sancionaría a los presuntos responsables en caso de comprobárseles actos indebidos. No se supo de alguna acción correctiva al respecto.

El tiempo transcurrió y llegó el momento de la aplicación del examen y ante la suma de irregularidades identificadas en el proceso de ingreso a las escuelas normales se exigieron desde Mexicanos Primero Michoacán tres acciones:
1) Anulación del proceso completo de ingreso a las escuelas normales;
2) Castigo con todo el peso de la ley a los responsables; y
3) Reposición del proceso completo con la participación de otros órdenes de gobierno y con vigilancia plural, incluyendo a académicos, padres de familia, estudiantes, maestros, sociedad civil organizada y organismos especializados.

Habiendo transcurrido ya cinco días, estos son los resultados en cada uno de los tres aspectos:
1) El día de ayer, la autoridad educativa estatal se decidió a anular los exámenes de ingreso de diversas escuelas normales y en determinadas carreras, lo cual fue anunciado mediante un boletín de prensa.
2) En el mismo comunicado se menciona que se instruyó al área jurídica de la SEE para intervenir en el caso y presentar denuncias ante las instancias competentes. Paralelamente, se hizo otra vez un carrusel de funcionarios en la SEE, rotándolos de cargo, como ya ha ocurrido en varias ocasiones durante el actual sexenio. Lo relevante es que se enrocó al director de evaluación educativa, responsable parcial, pero no único del proceso de ingreso a las escuelas normales. A los demás se les dejó en su lugar. La autoridad debería de explicar las razones de estos intercambios a la opinión pública, ya que despiertan suspicacias y son inconsistentes con la teoría de la administración de recursos humanos, en virtud de que algunos de los beneficiarios de esta ruleta han recorrido al menos cinco cargos en la estructura de la SEE durante la última década, sin que haya constancia de que tengan el perfil, las competencias ni de que hayan entregado resultados en sus encargos temporales. Adicionalmente, la curva de aprendizaje que recorrerán, asumiendo que sí tienen capacidades para ostentar dignamente sus nombramientos, de acuerdo con la teoría es de entre seis y nueve meses, lo cual nos haría esperar por lo menos, al primer trimestre del 2021 para conocer a plenitud sus buenos oficios en sus flamantes encargos.
3) Se dice en el comunicado que vendrá un nuevo examen la semana próxima, sin detallar suficientemente los términos y condiciones del proceso, por lo que se ha despertado un alud de dudas en las redes sociales de la SEE.

Si bien es de reconocerse que la autoridad no ha dejado pasar de largo el cúmulo de irregularidades, el cual ya motivó varias marchas y plantones, intentos de deslinde, declaraciones que resultan ser confesiones y apologías también es cierto que siguen muchos vacíos presentes en este ignominioso proceso. Veamos.

En el aspecto 1) se anularon solamente algunos exámenes, correspondientes a algunas normales y a determinadas licenciaturas específicas. Llama la atención que no se tocan ni Cherán ni Tiripetío, en donde también hubo denuncias e inconformidades a granel. Más elaborada es la sospecha que recae sobre la Escuela Normal Superior de Michoacán, donde si bien no hubo resultados perfectos, sí se lograron cifras muy por encima de los logros de años recientes. ¿De verdad contamos con una generación dorada de aspirantes a normalistas?
La autoridad está aún a tiempo de, en un alcance del comunicado ya emitido, realizar una declaratoria de nulidad más amplia, también con base en la cláusula decimoprimera.

En el punto 2), esperemos que se puedan clarificar las condiciones de los respectivos procesos de responsabilidades administrativas y las denuncias ante la FGE. Es evidente que muchos afectados y testigos están dispuestos a hablar, a marchar, a elevar la voz y a protestar. Del otro lado, muchos de los aspirantes con examen perfecto, en cuanto vean que se les fue de las manos el producto de su soborno se inconformarán. Esperemos que lleguen a la denuncia por fraude, que en la fiscalía le den procedencia a lo que se denuncie y se llegue hasta las últimas consecuencias. Otro tema pendiente que amerita investigación es seguirle la pista al dinero, a los millones de pesos malhabidos.
Por otra parte, el proceso no se pagó solo, lo pagamos los michoacanos. Todo esto implicó una merma al erario. Los responsables de esto deberían de reponer de su bolsa los gastos directos e indirectos generados por su acción u omisión. A la fecha no se conoce el monto del daño patrimonial motivado por esta situación.
3) La reposición apenas tiene fecha, pero no cuenta aún con un establecimiento minucioso de la ruta, de los actores involucrados ni de las garantías adicionales que tendrán los participantes en este nuevo proceso. Sería absurdo repetir el proceso con los mismos observadores que “ni vieron ni escucharon” (CNTE azul y ONOEM).

Ayer emitieron un comunicado diciendo a la opinión pública en donde incurren en francas contradicciones respecto al boletín que emitieron antier intentando deslindarse de la responsabilidad asumida al aceptar ser observadores del proceso. No consta ante la opinión pública ni en sus propios comunicados emitidos en redes sociales que hayan dado cuenta de la más mínima irregularidad. Su mutis inicial, cuando dijeron que “ni vieron ni escucharon”, seguido de su deslinde posterior en un primer comunicado diciendo que ellos “solo observaron” y ahora su posición de exigencia de castigo a los actos indebidos indican el nivel escandaloso de corrupción en el que se incurrió en este proceso.

Cómo habrá estado la corrupción en el proceso que ya ambas fracciones de la CNTE se suman a la misma exigencia que realiza Mexicanos Primero; así también lo hacen el SNTE, diversos movimientos estudiantiles, la comentocracia y diversos actores políticos, exigiendo castigo a los responsables y la reposición del proceso.

Ante la dificultad de llevar el proceso, bien valdrá la pena que se intervenga directamente desde el Despacho del Gobernador para supervisar la actuación de cada uno de los actores involucrados.
Queda de manifiesto que la política pública es ejercicio de aproximaciones sucesivas. Pero no podemos sumergirnos en el error deliberado de un eterno ensayo que beneficia a unos cuantos. Exijamos se avance a velocidad redoblada para que en uno o dos días podamos contar con una medida de política pública integral para la reposición completa del proceso y la sanción para quienes hicieron de esta situación una vergüenza a nivel nacional, para que se siente un precedente.

El futuro de Michoacán será tan grande como sea integral y de excelencia la formación de sus formadores. Aspiramos a mucho más que contar con docentes que lo fueron gracias a incurrir en el cohecho y otros actos de corrupción. Así, difícilmente llegarían a las aulas sin aspiraciones de monetizar todo lo que sea posible, convirtiendo la educación en su cadena de negocios. Por lo anterior, es indispensable formar a los formadores para la gobernanza, que implica entre otras dimensiones cultura ciudadana, valorar la transparencia, visibilizar y combatir a la corrupción. Lo anterior debe empezar desde el proceso de admisión, que también es formativo o corruptor, según se desee. El gobierno del estado debe de elegir de qué lado de la historia desea quedar.

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