Opinión/Horacio Erik Avilés Martínez

Invertir para incluir

Antes de comenzar el próximo ciclo escolar es importante fijar objetivos y metas para generar el punto de inflexión que garantice realmente los derechos de la niñez y juventud en la entidad, así como para cumplir con las expectativas generadas por la actual administración pública estatal, las cuales le brindaron la victoria en las urnas.

Al respecto, la presupuestación del sector educativo resulta clave. Es el nodo donde convergen los principales retos de la entidad y así se debe de priorizar para resolver la añeja problemática que data de al menos tres décadas atrás. Recientemente, atestiguamos la reestructuración de la deuda pública estatal de largo plazo, medida contingente que resulta costosa y dolorosa, pero que abona rumbo a una solución estructural. Es momento de avanzar en otros frentes.

Un proceso que resulta clave ya está en marcha y consiste en la serie de acciones programadas para la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, en donde debería de aparecer una serie de modificaciones respecto al FONE destinado a Michoacán de Ocampo, en aras de estabilizar las finanzas educativas estatales.

A la fecha, no se conocen públicamente cuáles son los avances al respecto, por lo cual existe preocupación magisterial en torno a la certidumbre de recibir sus percepciones salariales en tiempo y forma.

Es un hecho que la federalización de la nómina, de la noche a la mañana, integral y con saltos cuánticos en aspectos administrativos, laborales, pensionarios, patronales y otros más es una utopía imposible de concretar como tal. En cambio, la gradualidad es un principio que puede prevalecer para no violentar derecho de trabajador alguno, mientras se avanza en el adelgazamiento del gasto estatal en la nómina educativa, incrementándose el porcentaje federal.

Para que esta federalizasoft comience a materializarse es preciso cumplir con los requisitos que el gobierno federal impone en materia de orden, transparencia y cumplimiento de los lineamientos normativos respectivos. No cabe duda de que hay niveles, regiones y generaciones enteras a quienes les costará mucho trabajo cumplir con el marco respectivo, pero también es cierto que hay una gran cantidad de trabajadores quienes colaborarían de buena voluntad en aras de conseguir estabilidad laboral, pago puntual de sus salarios y el acceso pleno a beneficios como participar en las convocatorias de la Unidad Estatal para el Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros (UESICAMM).

Está en la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán la posibilidad de operar pronta y efectivamente en esta consolidación que retiraría cargas económicas inmensas a nuestra entidad federativa. De acuerdo con los requerimientos que se han mencionado desde hace años al respecto, todo indica que, para poder reunir lo requerido desde la federación al sistema educativo estatal, la actual administración cuenta con posibilidades de lograr al menos avances parciales al respecto.

Esto no es un lujo ni una necedad: que se contemple una federalización paulatina para 2023 es un acto prácticamente obligado para dotar de márgenes de maniobra y, quizás números negros a la cuenta pública educativa. Más aún, el panorama económico para el año próximo es de claroscuros para Michoacán, toda vez que la recaudación no necesariamente alcanzará los niveles de 2022, por la imposibilidad de realizar otro reemplacamiento vehicular, efecto aunado al impacto de fenómenos nacionales e internacionales como la inflación, la modificación de las tasas de interés y el ajuste a la baja de las expectativas de crecimiento de la economía, entre otros fenómenos. Por ello es urgente hacer la labor administrativa de preparar un posible paquete de trabajadores de la educación estatales para ser insertos en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a la brevedad. Que no quede por Michoacán.

Por otra parte, la situación que guarda la educación especial en la nación y en nuestra entidad federativa en particular resulta preocupante. Recientemente, en una revisión que realizó Mexicanos Primero al ejercicio del gasto público en la materia demostró que hubo un recorte durante el periodo enero-mayo de este año, contradiciendo totalmente el discurso de la titular de la SEP, quien prometió un incremento presupuestal sin precedentes para 2022, lo cual sucedió en el papel, pero en los hechos no aconteció, toda vez que, de los 433.1 millones de pesos que se debieron transferir a las entidades federativas, en cumplimiento de los respectivos convenios firmados con las autoridades educativas locales, en el marco del denominado Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial sólo se autorizaron 2.2 millones de pesos. Es decir, se recortaron 430.9 millones de pesos, práctica que, como es del dominio público permite redireccionar el recurso hacia otras áreas catalogadas como “prioritarias”. En suma, de acuerdo con el reporte de “Avance físico-financiero de enero-mayo” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el programa mencionado sí recibió un incremento presupuestal, pero solo sirvió para sustentar el discurso del 3 de diciembre de 2021 pasado, ya que, en los hechos, el recurso multimillonario sólo llegó temporalmente para partir hacia un destino aún incierto. Esto equivale a haber usado los servicios de educación especial de la nación a manera de alcancía o de tanda, a menos que se rectifique el accionar evidenciado por el reporte de la autoridad hacendaria.
Lo anterior no debe ser malinterpretado: no se trata de invitarlos a gastar alegre e irreflexivamente. No se trata de comprar 3 mil laptops a sobreprecio -lo cual parece una mala broma, pero es anecdótico-, sino de ejercer el recurso para satisfacer las ingentes necesidades que poseen los estudiantes en condiciones de discapacidad.
Por supuesto, hay que estar al pendiente de los posibles efectos que puede desencadenar este recorte en Michoacán, entidad que posee uno de los sistemas educativos más inefectivos del país, cuyos efectos combinados con flagelos sociales como la violencia, la inseguridad, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la migración, la dispersión territorial y la discriminación han ocasionado rezago educativo, baja escolaridad promedio, alta tasa de abandono escolar y un muy escaso valor agregado de la mano de obra local.
Una sociedad se legitima en la medida en la cual hace más por quienes necesitan de mejores condiciones para ejercer plenamente sus derechos humanos. Eventualmente, se vuelve insostenible y está condenada a la degradación hasta su desaparición. No se vale dejar desprotegidos a quienes más lo necesitan. Escatimarles unos pesos a los más necesitados es un acto mezquino y emplear la educación especial como alcancía es, además de violatorio de derechos, un acto simulatorio e inmoral, dando y quitando a quienes más necesitan 428.7 de 715 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022, bajo el supuesto objetivo de dignificar las condiciones que eliminan las barreras para el aprendizaje de más de tres millones de estudiantes, para, a mitad de año haber ejercido menos del 1 por ciento. Como consecuencia de la demanda social esperemos que la SEP recomponga sus pasos y cumpla lo prometido por su titular en el marco del Día Internacional de la Discapacidad.
Paralelamente, en el marco de las visitas de los funcionarios federales a Michoacán de Ocampo de julio hubiera sido extraordinario que se hicieran anuncios de recursos adicionales para una entidad víctima de la desigualdad y del abandono del gobierno central. Un acto de justicia y reivindicación hubiera sido venir a ofrecer más apoyos para los estudiantes en situación de discapacidad. No ha sucedido así. Lamentablemente, nuestra entidad federativa pareciera ser concebida desde el centro del país como un laboratorio político-electoral y de políticas públicas, en donde el costo de oportunidad de hacer bien las cosas son escaso y la tasa de impunidad en cuanto a perpetuar abusos es alta. Instrumentales, la necesidad de legitimar y el afán de controlar rezumaron en discursos y hechos sin ambages. Tuvimos visitas recientes en donde no hubo sino transmisiones, soliloquios y exhibición de supuestos resultados, sin soporte en evidencias. Parece que, a diferencia de otras épocas y de lo acostumbrado en otras entidades federativas, aquí los funcionarios federales llegan sin algo qué ofrecer y solamente vienen para cumplir sus propias metas.

Sin embargo, a pesar de la actitud del gobierno federal, también es momento también de considerar la posibilidad de enmendar la situación desde el orden de gobierno estatal. Ya ha ocurrido antes. Por ejemplo, 15 entidades federativas decidieron arropar los componentes de jornada ampliada y alimentación escolar insertos en el programa federal denominado La Escuela Es Nuestra (LEEN), el cual recibió la imposición de unas reglas de operación que excluyeron ambos componentes de la posibilidad de recibir presupuesto para tales efectos. Contraviniendo la visión de la SEP, los gobernadores y las autoridades educativas locales decidieron buscar la manera de asignar presupuesto estatal para impedir que fueran violentados los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes en sus respectivas entidades federativas.

Podría ser un momento en el cual se instrumentasen medidas análogas desde lo local para impedir que niñas, niños y jóvenes con discapacidad, así como sus maestros y familias padezcan. Se beneficiaría a una modalidad de atención que cuenta con alrededor de dos mil maestros especialistas, docentes de comunicación, psicólogos, trabajadores sociales atendiendo Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicio a la Educación Regular (USAER), Centros de Recursos e Información de Educación Especial (CRIEE) y otros, que sólo son reconocidos en el estado, pero ya no en la federación, cómo los Grupos Integrados (GI) y los Centros de Atención a la Educación Preescolar (CAPEP). A pesar de los esfuerzos locales, dificultosamente existe presencia de los servicios en menos de setenta municipios, por lo cual apenas si alrededor de doce mil estudiantes se benefician directa e indirectamente por la existencia de este enfoque de inclusión. Si bien, se atiende en ambos turnos, no todos los trabajadores de la educación en este ecosistema poseen clave de educación especial, ya que a algunos les asignaron claves de prescolar y primaria, como ejemplos. En las direcciones de los planteles, la mayoría de los líderes de las comunidades escolares trabajan bajo el esquema de encargaturas y aún no se rebasan las dos decenas de zonas escolares.

Gobernar es presupuestar. Es momento de mostrar la capacidad gubernamental existente en la entidad, sobreponiéndose a las circunstancias. Si se logra hilvanar una política integral y garantista en materia de finanzas educativas tendremos frutos dulces y raíces profundas en nuestro sistema educativo estatal más pronto que tarde. Que así sea.

Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en Twitter en @Erik_Aviles
*Doctor en ciencias en desarrollo regional y Director General de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.