Otro País/Tomás Tenorio Galindo

El caso del espionaje telefónico realizado contra activistas sociales, periodistas y dirigentes de partidos políticos mediante el uso del programa “Pegasus” está destinado a disolverse en la más oscura y sistemática de las impunidades que caracteriza al Estado mexicano.

El gobierno federal, señalado por el diario The New York Times de ser el responsable de las intromisiones, respondió a la acusación con dos chistes: negó los cargos y recomendó a las víctimas denunciar el hecho ante la Procuraduría General de la República.

Ante la publicación el gobierno usó el argumento capcioso de que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”, en referencia a que el reportaje contiene testimonios e inferencias pero no pruebas, como si un informe periodístico debiera ser un documento ministerial.

No negó el gobierno, sin embargo, la autenticidad del dato que da soporte al reportaje, que es la adquisición en el 2011 del programa de espionaje a una empresa israelí a un costo de 80 millones de dólares. Se sabe, y de ahí proviene la conclusión del diario estadunidense, que este programa sólo es vendido a gobiernos, no a empresas ni a particulares. En esos términos, la compra de Pegasus la hizo el gobierno del ex presidente panista Felipe Calderón con el objetivo de emplearlo contra el crimen organizado –no parece haberlo usado, pero eso es otra historia– y desde entonces utilizan esta herramienta la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Cisen. Sin embargo, de acuerdo con el diarioReforma, al menos tres gobiernos estatales habrían adquirido también el programa de espionaje. Uno de ellos habría sido el de Angel Aguirre Rivero en Guerrero, aunque el actual gobernador Héctor Astudillo Flores aclaró ayer que cuando recibió la administración ese instrumento no estaba en el inventario oficial ni ha sido encontrado después.

Pero es obvio que Pegasus no es el único instrumento para espiar a disposición de las instancias de gobierno, y a pesar de su alta sofisticación y eficacia para extraer información de los celulares, tabletas y computadoras, puede darse por hecho que esa tarea continúa realizándose también al viejo estilo y con los métodos tradicionales como la simple intercepción de las llamadas telefónicas y la vigilancia personal.

Con todo lo escandaloso y agraviante que resulta el espionaje que se pretendió ejecutar (y en algunos casos se ejecutó) contra quince periodistas y activistas sociales mediante la introducción de este software en sus teléfonos, lo peor puede presentarse si se descubre que Pegasus ha sido empleado y se emplea contra líderes de partidos políticos y candidatos, particularmente con objetivos vinculados a las elecciones presidenciales de 2018. Mejor dicho, a la luz de la utilización de Pegasus, es de temer que el espionaje ha vuelto a ser una práctica del gobierno para controlar a la oposición política y reprimir la libre manifestación de las ideas y al activismo social, lo cual puede introducir un ingrediente altamente explosivo en las elecciones de 2018.

La denuncia hecha el miércoles por el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, sugiere que, en efecto, las condiciones prelectorales adversas al partido en el gobierno han despertado en la administración de Enrique Peña Nieto los mecanismos autoritarios con los cuales el viejo sistema político solía mantenerse en el poder.

La PGR informó ayer que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión abrió una investigación por el caso de los periodistas y activistas atacados con el virus de Pegasus, y que rastreará los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. Anticipó que buscará saber a qué autoridades y a qué particulares les fue vendido el programa invasor, cuando es conocido que la empresa fabricante sólo lo vende a gobiernos y con el único fin de que sea usado contra la delincuencia.

Pero es totalmente ingenuo esperar un resultado –ya no digamos confiable— de esta investigación. ¿La PGR investigará a la PGR, al Cisen y al Ejército? Por lo demás, no se recuerda que algún caso de la larga historia de episodios de espionaje en México haya sido esclarecido, y menos castigado. Peor aún: algunos de los casos documentados por el New York Times ya habían sido difundidos hace dos meses por la prensa mexicana, sin que el gobierno mostrara la menor reacción. Si ahora lo hizo fue por el peso internacional del diario, al que sí le tiene miedo. La impunidad es lo único que puede esperarse. En tanto el gobierno se entretiene en tareas de espionaje a los que considera sus enemigos, mayo fue el mes más sangriento en el país desde 1997, con 2 mil 186 homicidios dolosos.

Aún no se disipan las dudas sobre lo que ocurrió en La Gavia, comunidad de San Miguel Totolapan, durante el operativo realizado por agentes de la PGR. Todo sugiere que la emboscada en la que murieron cuatro agentes federales fue posible por una fuga de información hacia la banda de Los Tequileros, y que muy probablemente ésta se produjo cuando la caravana que iba por él pasó por un retén del Ejército y la policía del estado. [email protected]