Otro País

Los dos discursos del jueves 22

“Estamos obligados a preservar el México donde la ley impere, la corrupción se erradique y la impunidad se destierre”. Por más que parezca, el autor de esta frase no es ninguno de los críticos del gobierno, que sin duda la suscribirían. Es el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien la usó en el discurso que ofreció el jueves pasado durante la inauguración del taller “Obligaciones y responsabilidades bajo el sistema nacional anticorrupción”, acto que se realizó en el Centro Militar de Ciencias de la Salud.

El general Cienfuegos Zepeda dijo ahí que la corrupción y la impunidad se han convertido en un ‘‘complejo fenómeno que ha dañado nuestra democracia, nuestra economía, profundizando la desigualdad e incrementando la violencia’’, lo que ha minado la credibilidad de las instituciones públicas, y confió en que el sistema nacional anticorrupción recientemente aprobado combatirá con eficacia este mal. (“Corrupción e impunidad dañan nuestra democracia: Cienfuegos”, La Jornada, 23 de junio de 2017)

No es obligatorio encontrar en la expresión del secretario de la Defensa una crítica a la cultura de la corrupción que nutre al sistema político del país, pero lo cierto es que lo es. Estas líneas tienen su sentido en el contexto de otros discursos de Cienfuegos Zepeda, por lo menos de diciembre a la fecha, en los que el secretario de la Defensa ha exigido lucidez y responsabilidad a los legisladores, a los gobiernos de los estados e incluso al gobierno del que forma parte, frente a la crisis de inseguridad. Debe tomarse en cuenta, además, que fueron expresadas justo cuando tres ex gobernadores del PRI y uno del PAN están encarcelados por acusaciones de corrupción, y las recientes elecciones en el estado de México y Coahuila son cuestionadas por presuntos actos fraudulentos.

Es evidente, asimismo, que el titular de la Defensa da continuidad con ello a sus ya numerosas intervenciones públicas –y de otros voceros de la Sedena– acerca de la iniciativa de ley de seguridad interior que sigue sin ser aprobada en la Cámara de Diputados y que se supone regulará la participación del Ejército y de la Marina en el combate al crimen organizado. Al respecto, el general Cienfuegos Zepeda ha sido incisivo en el diagnóstico de los problemas de inseguridad pública, sin ahorrarse señalamientos hacia los poderes civiles por la crisis de violencia que azota al país. Por ejemplo, el secretario de la Defensa ha dicho que la inseguridad pública y la violencia no se van a terminar con puras balas, y que él es el más interesado en que los militares regresen a sus cuarteles. Como consecuencia de lo anterior, ha expuesto también la necesidad de que las corporaciones policiacas –por ley las únicas encargadas de enfrentar a la delincuencia— se profesionalicen para estar en condiciones de hacer frente al crimen organizado.

El pasado 19 de febrero, Día del Ejército, el general Cienfuegos Zepeda manifestó que la ley de seguridad interior que analizan los diputados ‘‘no debe ser una ley a modo para las fuerzas armadas. Esperemos que fortalezca al Estado mexicano, que puntualice y obligue lo que a cada quien le corresponde hacer; que los gobiernos federal, estatales y municipales se responsabilicen y rindan cuentas; una ley que dé certeza jurídica a las autoridades, pero sobre todo a la sociedad’’. Y a “a quienes por falta de información, tergiversación de la misma u otros intereses no visibles señalan que la iniciativa induce a la institucionalización de militares en la seguridad pública o a su militarización”, advirtió, “les aclaramos que las fuerzas armadas creen, respetan e impulsan el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática y por tanto creemos que la iniciativa debe ser multidimensional, que involucre a todas las autoridades bajo el principio de legalidad’’.

El general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, puntualizó hace tres meses que “la seguridad interior no es un asunto de las fuerzas armadas, no estamos pidiendo una ley para las fuerzas armadas, es una ley de seguridad interior, que es una función a cargo del Estado mexicano para preservar su seguridad como Estado democrático y social”. Y “cuando hablamos que la ley (es) para darle marco jurídico a las fuerzas armadas, nosotros pensamos que es un error”, pues “tiene que verse como una ley para todo el Estado mexicano, para la función del mismo y no una ley para las fuerzas armadas”, dijo.

Lo que el secretario y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Defensa han planteado a los diputados es prácticamente lo mismo que reclaman las organizaciones defensoras de derechos humanos, que la ley que voten no normalice la irregularidad que supone hoy la intervención de los militares en actividades de policía, y que por lo tanto no se brinde una carta de impunidad a los efectivos responsables de abusos contra la ciudadanía. Pero hasta ahora no parecen haber sido escuchados, pues a un año de las elecciones presidenciales no se sabe cuándo será discutida y aprobada en el Congreso esa ley. La urgencia que el general Cienfuegos Zepeda imprimió a sus palabras al pedir el jueves anterior que la ley impere, la corrupción se erradique y la impunidad se destierre, tiene que ver con todo eso, con los males que afligen al país y con la negligencia civil que abrió cauce a esos males.

  Y Peña Nieto…  

Pero el discurso crítico –o autocrítico— del secretario de la Defensa Nacional contrasta con el del presidente Enrique Peña Nieto, quien el mismo jueves 23 incurrió en lo que se ha querido presentar como un traspiés y no como lo que realmente fue, la manifestación de su posición frente al caso del espionaje contra activistas sociales y periodistas retomado por el diario The New York Times. “Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”, dijo el presidente en Lagos de Moreno, Jalisco. Es decir, la ley contra los denunciantes del espionaje, no contra el espionaje. Un poco después ese mismo día, en Guadalajara, Peña Nieto –informado de la protesta social inmediata que sus palabras habían despertado– trató de corregir y dijo que no se había explicado suficientemente: “advertí que se investigue si fuera de una entidad pública están teniendo intervenciones, y esta es la indicación que he dado”. Pero volvió a la carga: “no sé por qué este empeño de llevar a ese escenario al gobierno, todo lo contrario. Lo que estoy queriendo afirmar es que no tenemos participación en espionaje”. Dos discursos, pues.

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