Otro País/Tomás Tenorio Galindo

La UPOEG, impune y activa

A casi un mes del asesinato de siete integrantes de una familia en San Pedro Cacahuatepec, comunidad del municipio de Acapulco, los responsables identificados, policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG, aún no han sido detenidos.

La detención el martes de esta semana de cuatro miembros del brazo armado de la UPOEG, en la carretera de la Costa Chica cerca de la comunidad de El Tejoruco, municipio de San Marcos, dio lugar a la suposición de que se trata de los homicidas de Cacahuatepec, pero esa presunción no ha sido confirmada oficialmente.

Una nota de la Agencia Quadratín precisó ayer al respecto que la detención de los cuatro policías de la UPOEG se produjo casualmente, cuando viajaban a exceso de velocidad en una camioneta pick up. Policías estatales les marcaron el alto pero desatendieron la orden y aceleraron más, lo que motivó una persecución que terminó diez kilómetros adelante en un retén del Ejército, donde la camioneta se vio obligada a frenar. En la revisión de la camioneta se detectó que era robada, y debajo del asiento fueron encontrados 47 bolsitas de mariguana, 32 de piedra y ocho de cristal, además de 16 carrujos de papel periódico con hierba verde, precisa Quadratín. Se encontró también una báscula portátil, un refrigerador Daewoo en cuyo interior había 11 playeras rotuladas con la leyenda de “Policía Ciudadana” y el escudo oficial del estado de Guerrero, 10 gorras con este mismo logotipo y tres radios de comunicación. Los detenidos son René ‘N’, de 43 años, originario de Florencio Villarreal; Juan Carlos ‘N’, de 22 años, de San Marcos; Juan de Dios ‘N’, de 22 años, del mismo municipio y Celedonio ‘N’, de 57, originario de Tecoanapa.

A la detención realizada antier en la Costa Chica debe sumarse lo sucedido el sábado pasado en la sierra de Chichihualco, donde efectivos militares y policías estatales decomisaron diez vehículos, dos lanzagranadas, un fusil AK-47 y un AR-15 pertenecientes a un grupo de la policía ciudadana de la UPOEG, cuyos miembros huyeron al ser detectados por un helicóptero militar.

No hay sorpresa en el hecho de que las autodefensas de la UPOEG estén en posesión de armamento de alto calibre. En febrero de 2014, el propio líder de esta organización, Bruno Plácido Valerio, informó que su policía ciudadana estaba integrada por mil 160 efectivos y tenía en su poder 800 armas, un arsenal sólo comparable con el de la policía estatal o con el de la Policía Ministerial.

Tampoco es una novedad que integrantes de la UPOEG sean sorprendidos en poder de drogas, pues desde hace tiempo existe la sospecha pública de que la agrupación abandonó su perfil de policía comunitaria para aliarse al crimen organizado. Los líderes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, el FUSDEG, creado por líderes comunitarios de Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero, conocen muy bien a la UPOEG y a Bruno Plácido y no tienen dudas de la conversión que sufrió esa organización.

Como sostuvimos en esta columna hace un mes, todo lo que tocan Bruno Plácido y la Policía Ciudadana de la UPOEG se descompone. Una vez asentado hace tres años en Tierra Colorada y extendida su fuerza hacia Mojoneras y Ocotito, comunidades del municipio de Chilpancingo, un grupo se escindió de la UPOEG y creó el FUSDEG, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, en repudio a las prácticas de Bruno Plácido. El FUSDEG quitó a Plácido Valerio el control de Tierra Colorada, Mojoneras y Ocotito, lo que desató un asedio permanente de la UPOEG en busca de recuperar la zona, que aparentemente considera suya. Ese interés no se diferencia en nada de las disputas que caracterizan a las bandas de la delincuencia, y ha provocado ya unas dos decenas de muertos en esa región.

La matanza perpetrada por la UPOEG en San Pedro Cacahuatepec parece haber marcado el límite para esta organización y para Bruno Plácido. A juzgar por los datos públicos sobre sus actividades, sus vínculos con la delincuencia son reales y estrechos, y el riesgo de que cometa otra atrocidad muy alta.

El fiscal Xavier Olea Peláez ha asegurado en estos días que investiga la matanza, pero hasta ahora no hay ningún resultado de esa investigación ni detenidos, y los policías ciudadanos que dispararon contra la familia ni siquiera han declarado sobre el hecho, ni por su propio pie ni llevados por la fiscalía. Tampoco parece que los cuatro detenidos en la carretera de San Marcos sean los homicidas. Mientras tanto, en una acción que lo incrimina, Bruno Plácido se ha hecho ojo de hormiga.