Otro País/Tomás Tenorio Galindo

La fiscalización del gasto de campaña en las elecciones de Coahuila y el estado de México, y con ello la posibilidad de que los comicios en el primer estado sean anulados, trasladó el teatro de la lucha política al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, lo que nuevamente puso de manifiesto la vulnerabilidad de este organismo ante las presiones y los intereses de los partidos, principalmente del PRI y del PAN.

Como ya se sabe, el viernes pasado el Consejo General del INE pospuso para mañana el análisis de los dictámenes elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el gasto de campaña de los partidos en Coahuila. El origen del aplazamiento fue la irrupción de documentos suplementarios que modificaron los dictámenes ya elaborados, como consecuencia de un ajuste a los criterios para calcular lo que pagaron los partidos a sus representantes en las casillas el día de la jornada electoral. Al menos eso se dijo, aunque puede uno discernir que fue porque no hay un acuerdo entre los consejeros electorales, o porque se pretende echar abajo los acuerdos existentes mediante el cambio de postura de algunos consejeros.

El punto que tensó las cosas en el INE es la posible anulación de las elecciones en Coahuila debido que el partido ganador, el PRI, y el que obtuvo el segundo lugar, el PAN, rebasaron el tope legal del gasto autorizado. No se dirá que es así, pero comprobado el exceso en que incurrieron ambos partidos, y en la escala de más de cinco por ciento que faculta a las autoridades electorales a declarar nulo el ejercicio electoral, es evidente que el INE es sacudido por la presión de los dirigentes del PRI y del PAN, que en los días anteriores realizaron varias visitas a los consejeros. Una vez establecido el uso excedido de recursos en las campañas en una votación extremadamente cerrada, la anulación tendría que ser un paso si no mecánico sí libre por parte de la autoridad electoral, pero eso es justamente lo que el PRI ha entorpecido.

La información que proporciona el “engrose” de los expedientes –terminajo de abogados y burócratas que significa agregado–, no modifica las primeras conclusiones de la Unidad Técnica de Fiscalización, la cual hasta este momento señala que el candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, Miguel Angel Riquelme, rebasó en 5.1 millones de pesos el tope legal del gasto marcado en 19.2 millones. Eso significa 26.5 por ciento más de lo autorizado y cinco veces el excedente máximo permitido por la ley. De acuerdo con los datos de la unidad fiscalizadora, el candidato del PAN, Guillermo Anaya, rebasó el tope por 4.3 millones de pesos, equivalente a 22 por ciento. (Reforma, 16 de julio de 2017)

Dada la contundencia de estas causales, y aunque la última palabra la tendrá en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Consejo General del INE no le queda otra opción más que declarar demostrada la irregularidad y sentar las bases para la anulación de las elecciones de Coahuila, lo que puede suceder este lunes. Si pese a ello nada de eso ocurre y, por ejemplo, se aplaza otra vez la decisión, estaremos presenciando una seria crisis en la institución, como consecuencia de las presiones provenientes del PRI y del gobierno federal, y de la falta de firmeza de los (o de algunos) consejeros electorales.

El artículo 41 de la Constitución federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales son muy claros y precisos en que si los candidatos y partidos exceden en más de cinco por ciento los topes de gastos de campaña incurren en una causa de nulidad de cualquier elección. Esta causal se agrava y es determinante si la diferencia entre el candidato ganador y el segundo es inferior a cinco por ciento de la votación. Y ese es precisamente el caso de Coahuila entre el candidato del PRI y el del PAN.

El viernes debió darse esta discusión (y la resolución del caso) en el Consejo General del INE. El “engrose” del dictamen fiscalizador, que redujo en una porción insignificante las sumas involucradas, parece haber sido tomado como pretexto para declarar el receso en la sesión y trasladar la decisión a mañana. Lo cierto es que no había un motivo real para ello, y puede percibirse en esa acción la intención de ganar tiempo. Y al único que le interesa y conviene ganar tiempo es el PRI. Tiempo para maniobrar, negociar, presionar y cambiar el sentido de la determinación final.

El consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez es la clave en todo lo que ha sucedido y sucederá en este caso, y desde luego en la resolución definitiva que adopte el Consejo General. No el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Eduardo Gurza, acusado por el representante de Morena de conflicto de intereses por haber trabajado en Banobras con el ahora gobernador electo del estado de México y por tener una hija que ha sido diputada del PRI. Los señalamientos contra Gurza han desviado en estos días la atención de Baños Martínez, con razón acusado en otras ocasiones de estar en el INE para servir a los intereses del PRI. A él es a quien deberá acreditarse el mérito de frenar la anulación de las elecciones de Coahuila, si eso es lo que sucede mañana en el INE.