Presupuestar el robo, una ironía

Sin duda el robo de hidrocarburos es uno más de los grandes problemas que mantienen en jaque a las autoridades del país; no solo por el daño que representa a las finanzas gubernamentales, sino por todo lo relacionado a la operación, casi en total libertad, del crimen organizado y los altos índices de inseguridad en la que vivimos los mexicanos.

El robo de combustible ha ido en franco crecimiento, porque ahora pasó de ser cometido por bandas locales, a ser fuente importante de financiamiento de grupos del narcotráfico, con alcances mayores de incidencia delictiva y daños patrimoniales muy altos al erario público, como lo afirma el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés, al portal digital Animal Político.

El especialista declaró al mismo medio de comunicación que “entre 2011 y 2012 ocurre una fusión entre las organizaciones del narcotráfico violentas y las bandas locales que se dedicaban al robo de combustible. Entonces se dispara la actividad y el número de tomas clandestinas detectadas por las autoridades”.

Lo que es una realidad es que estamos ante un muy grave problema, que ha hecho titubear a los estrategas del estado que están ocupados en brindarnos  seguridad a los ciudadanos y en contener delitos (antes que prevenirlos) como el robo de hidrocarburos, que se multiplican por varios rincones del país.

El crimen organizado ya sabe que esto es un buen negocio y en abierta alianza con grupos y bandas más pequeñas de delincuentes en entidades federativas como Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, el Estado de México y Puebla (en el llamado “triángulo rojo”) y lamentablemente también en Tlaxcala, han empezado a involucrar a sectores de la población, que por tener y padecer tantas carencias en situaciones de pobreza, son vulnerables a ser manipulados para que aquellos obtengan protección ante el embate de las autoridades.

Comentaba hace unos días, una experiencia en la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, a principios de los años dos mil; fue una reunión de trabajo en la que participé junto con otros ejecutivos estatales y el entonces Subsecretario de Hacienda Agustín Carstens, nos dijo que en lo relacionado a los excedentes del petróleo, recursos económicos serían distribuidos entre los Estados, todo gracias a los altos precios que había tenido el hidrocarburo en los mercados, pero habría que descontarles los impactos financieros por el robo que se estaba ya dando por la ordeña a ductos propiedad de la paraestatal PEMEX.

Carstens, calculaba en esos años en más de nueve mil millones de pesos el robo del combustible en un ejercicio fiscal, ahora se habla de 20 o 25 mil millones la afectación a los ingresos del gobierno; un compañero gobernador expresó aquella ocasión, un tanto con ironía, que sí en la distribución de esos excedentes económicos a los Estados por la venta del petróleo, sería descontado el robo del mismo, entonces habría que formalizarlo en el presupuesto federal.

Según cifras oficiales, hace 17 años, se registraron 15 lugares dónde se extraía ilícitamente combustible; en el 2010 ya se habló de más de 700 tomas clandestinas y para el 2017, seguramente los datos serán aterradores en el rubro.

Mientras los esfuerzos no sean focalizados en la prevención de los delitos a los cuales hoy nos referimos; mientras no existan acciones de coordinación eficientes entre las instituciones responsables y mientras no se investigue también la posible participación de servidores públicos en los ilícitos, el problema será aún mayor y seguirán presentándose hechos, por todos conocidos, como los de Palmarito, Puebla.

Una cita informativa alarmante para mi Estado de Tlaxcala, es la publicada hace dos días en el Diario Reforma, que da cuenta lo siguiente: “Ladrones de combustible originarios de Tlaxcala agredieron a elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, que realizaban un recorrido por la zona de ductos en la comunidad de San Francisco Tláloc, en el Municipio de Tlalancaleca, Puebla”; algo se tendrá que hacer sobre el tema, los casos de ordeña de ductos que se han registrado también en Tlaxcala, hace evidente que los demonios andan sueltos y presumiblemente han llegado a mi tierra.

Finalmente, se ha anunciado por parte del Ejecutivo Federal, que se estará implementando un novedoso plan de combate al robo de combustibles, con el uso de altas tecnologías. Mi pregunta, la reitero aquí, por qué hasta ahora si lo saben hace casi 17 años.