Reflexiones sobre conflictos actuales en la SEE

Hemos conocido de muchas protestas de parte de grupos encunados al interior del sistema educativo estatal. Ante la respuesta responsable de la actual administración pública estatal y del gabinete educativo, pagando por fin los salarios, prestaciones y bonos de los trabajadores de la educación de la entidad, una pregunta constante que surge es por qué razones continúan en movilización diversos actores gremiales, si el justo reclamo por el impago a trabajadores de la educación, al cual nos sumamos muchos ciudadanos, está simplemente agotado.

Amable lector, en esta entrega hagamos un recorrido por las causas de algunos de los grupos, expresiones sindicales y organizaciones gremiales más visibles, de los cuales solo unos cuantos mantienen al estado en situación de conflicto.

Comenzamos con Poder de Base, la denominada CNTE roja, grupo acrisolado en enero de 2020 por la escisión de la Sección XVIII de la CNTE, en un conflicto hasta ahora irresuelto generado en el VIII Congreso Seccional de Bases, en el cual surgieron las fracciones roja y azul. La roja tiene como características principales haberse quedado con la mayoría de la base militante, la beligerancia de algunas tribus en su interior y su agenda pública. Actualmente, entre sus causas destacan la intención de que se remuevan a ciertos funcionarios de algunas áreas de la administración educativa estatal, que coincidentemente resultan estratégicas para el control de determinados procesos. Por esta razón han llegado a tomar las vías del tren, a hacer marchas, plantones y tomas de oficinas.

El movimiento normalista, aglutinado principalmente en torno a la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) también se mantiene muy activo. A pesar de ser solo unos pocos miles de estudiantes en las ocho normales públicas de la entidad han generado una vasta cultura de la protesta y se han especializado en tácticas particularmente desafiantes al orden y a la autoridad. Actualmente sus principales causas son el otorgamiento de plazas automáticas para los egresados de las normales, lo cual ha generado una profunda polémica entre el Gobierno del Estado y la ONOEM, ya que las autoridades señalan que en muchas ocasiones esas plazas solían ser vendidas a personas ajenas, hasta en 300 mil pesos en el mercado negro, acusación a la cual no han respondido directamente los líderes normalistas, pero que, ciertamente, tendría una fácil solución difundiendo un padrón de egresados de cada generación de las escuelas normales. Su otra causa es la posibilidad de que haya un recorte a la matriculación de nuevo ingreso en la convocatoria 2022, lo cual consideran es un intento de desmantelamiento y cierre de las escuelas normales. Lo que también es cierto, es que se ha demostrado la existencia de redes de corrupción en el proceso de ingreso a las escuelas normales, donde se vendían lugares y claves hasta en 30 mil pesos.

La CNTE azul, la mitad menor de la escisión de 2020, que como principales características tiene el haber poseído la gestoría durante la administración estatal pasada y contar con el reconocimiento de otras secciones de la CNTE, tiene varias causas que los mantienen en movimiento. Justamente, el viernes 11 Morelia tuvo una concentración de militantes, que incluye marcha. La intención, de acuerdo con sus comunicados es exigir al gobierno mediante un mitin el pago a programas de los Centros de Desarrollo de la Creatividad, la Cultura, el Arte y el Deporte (CDCCAD), apoyo económico a las denominadas escuelas integrales, una versión propia de las escuelas de tiempo completo, el programa de alfabetización denominado Alfa, así como el pago y basificación a trabajadores eventuales y pago de proyectos especiales en el nivel secundaria. Coinciden la falta de validación metodológica, pedagógica y la ausencia de sistematización de evidencias en el aprendizaje de todos los programas mencionados, que ahora por la vía de la movilización exigen se les otorgue suficiencia presupuestal, a pesar de no ser oficiales.

En contrapunto está el SNTE, sindicato institucional que tiene toma de nota y la representación mayoritaria, el cual ha sido escueto en sus pronunciamientos, en el sentido del cumplimiento de pagos, así como de brindar condiciones dignas en materia sanitaria a sus agremiados. Al respecto, ha hecho gestoría más bien en mesas de trabajo con las autoridades educativas. No se conoce mucho acerca de los resultados obtenidos, pero sí se sabe que han evitado realizar acciones de movilización, que es prácticamente la última de las opciones que suelen escoger.

Finalmente, la delegación sindical D-III-6, que se caracteriza por ser mayormente institucional, pero que, al contar en sus filas con alrededor de 3 mil 500 agremiados y al tener el control de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado, sin duda adquiere la mayor relevancia. Se han pronunciado principalmente de manera escrita, en cuestión a las condiciones sanitarias de las instalaciones administrativas y en torno al organigrama recientemente aprobado por la Comisión de Gasto-Financiamiento del Gobierno del Estado, el cual realiza algunas modificaciones menores a la estructura de la Secretaría de Educación, pero que ciertamente impactarán en la situación laboral de varias decenas de trabajadores administrativos.

En educación media superior y superior, destacan las acciones colectivas de dos federaciones sindicales, el FESSEMS y el CESTES, los cuales han presionado al gobierno del estado principalmente por el pago de laudos, por la reinstalación de trabajadores cesados y por el pago de prestaciones establecidas en los respectivos contratos colectivos de diversos subsistemas de educación media superior y de instituciones de educación superior.

En suma, la actitud de los grupos ha sido muy heterogénea, las causas que los llevan a pronunciarse públicamente también, ya que, en ciertos casos hay derechos laborales transgredidos de por medio, por lo cual las peticiones son ciertamente legítimas. En contraste, hay otras peticiones que están fuera de la normatividad, de acuerdos previos y que no responden a la protección de los derechos laborales, sino a francos caprichos de las cúpulas que exigen su cabal cumplimiento.

Hay que reconocerles a algunos de los grupos mencionados que han buscado evitar o minimizar el empleo de acciones colectivas que afecten la escolaridad de los estudiantes en los centros de trabajo en donde residen conflictos. Hay grupos que, aunque sean firmes sus pronunciamientos, contundentes sus ruedas de prensa y constantes sus acciones de gestoría con las autoridades competentes no han realizado en este año medidas que dañen el derecho a aprender de sus instituciones de adscripción.

Sería sumamente proactivo que, en esta lucha por hacer valer las causas y pliegos petitorios se especificara en cada uno de los casos en qué se beneficiarán los estudiantes, en caso de que las acciones gubernamentales les brindasen una respuesta positiva.

Es decir, que se difundiera públicamente qué valor agregado se obtendría si se reinstala a algún trabajador de la educación despedido injustamente, a qué se corresponsabilizaría con los estudiantes y con la institución, más allá de lo que pueda estipular su contrato o, si se destina presupuesto a un programa alternativo de alfabetización, qué clase de acciones se emprenderían por parte de los recipiendarios para validarlo metodológica y pedagógicamente, así como mostrar disponibilidad para presentar resultados e indicadores de desempeño y permitir la trazabilidad del impacto en el aprendizaje de los beneficiarios a lo largo del tiempo, por citar un par de ejemplos.

Lo que también se sabe, es que en muchas ocasiones existen agendas confidenciales. Es decir, por encima de las causas ya mencionadas, algunas justas y exigibles, otras francamente impresentables, residen intereses muy particulares de los líderes, que responden a sus necesidades o aspiraciones propias, de su familia o de sus allegados. Eso complejiza aún más las negociaciones. Por ende, hacer públicas las negociaciones entre las autoridades y las expresiones en conflicto sería altamente deseable, así se podrían conocer las posturas que se asumen de inicio, los márgenes de negociación y la legalidad de los acuerdos tomados. De esta manera, los ciudadanos podríamos conocer la capacidad de defensa de los derechos humanos que tienen los funcionarios y aproximarnos a conocer esbozos de las verdaderas intenciones de los grupos dialogantes.

En suma, esta situación no es nueva, ha sido originada desde hace varias décadas. Todo parte del adelgazamiento del gasto público en materia educativa, iniciado en 1992 con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), el cual generó vacíos, omisiones y atropellos que llevaron al magisterio a organizarse y movilizarse. Las rutas de solución no fueron tales, sino que complicaron el panorama hasta llegar al 2022, donde persisten grupos en el sistema educativo que están muy organizados y acostumbrados a protestar estridentemente, sin importar la legitimidad de las causas que los lleven a tales acciones, ni tampoco las afectaciones a terceros.

Ante este escenario heredado, es un hecho que el Gobierno del estado debe seguir dialogando con todos los grupos, es positivo que siga habiendo mesas y reuniones con todos los actores. Lo que no debe de hacer es ceder la rectoría de los recursos, procesos y plantilla laboral de la educación en la entidad, porque ello implica que grupos y líderes ya muy experimentados y conocedores de cómo obtener lo que desean se sirvan con la cuchara grande. Indicadores claros de que existe una sana distancia son la forma en la cual se expresan, cómo se fotografían, las designaciones de funcionarios, la entrega de recursos y lo que digan los demás grupos en disputa. Aunado a lo anterior, seguir la pista al estilo de vida de los gobernantes lleva rápidamente a conocer si recibieron contraprestaciones extraordinarias que les alcanzaron para cambiar de código postal y de clase social, mediante el fraguado de actos de corrupción.

Paralelamente, la imparcialidad debe de caracterizar a la autoridad para tomar decisiones justas, garantistas y apegadas a la normatividad aplicable en la materia. Hay causas específicas que ameritan solución y hay otras que definitivamente deben desmantelarse.

Amable lector, en este proceso es importante que nos informemos acerca de la política educativa en la entidad: quiénes son los grupos en conflicto, cuáles son sus líderes, cuáles son sus intereses reales y su agenda pública, a la par, intentemos dimensionar cuáles son las afectaciones que se generan por la situación irresuelta de cada una de sus consignas, cuáles son sus costos, en qué impactan a los derechos laborales de los trabajadores y, sobre todo, cuáles son las afectaciones presentes y futuras al derecho a aprender.
Resulta penoso, pero indispensable decir que, históricamente, varios de estos actores y, en ocasiones también los funcionarios han buscado confundir o engañar a la opinión pública. No lo permitamos e informémonos.

En la medida en la cual estemos debidamente enterados de la situación podremos exigir solución al gobierno, ya sea respaldando sus acciones o pidiéndole que salga de la inacción. La educación es demasiado importante para dejarla en manos de los actores en conflicto. Trascendamos la pandemia, el rezago heredado y la disputa presente, para construir juntos un Michoacán educador.

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