Regresa Ayotzinapa a la agenda nacional

Luis María Aguilar en el filo de la navaja

Hace años los Tribunales Colegiados de Distrito dependían de la Suprema Corte de Justicia y regularmente les eran asignados, proporcionalmente, cuando eran 20, a cada uno de los integrantes del máximo tribunal del país.

Hoy esos tribunales dependen del Consejo de la Judicatura, organismo del cual también es presidente el titular de la Corte, en este caso el ministro Luis María Aguilar.

El Consejo de la Judicatura se integra en su dirección además por un representante del Poder Ejecutivo, un representante del Senado de la República, un representante de la Cámara de diputados, un representante de los jueces, un representante de los magistrados unitarios y un representante de los magistrados de Distrito.

Sin duda que el tema del día fue la resolución del Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas en el sentido de que se debe revisar la investigación del caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala cuando gobernaba Guerrero el perredista Ángel Aguirre Rivero.

El magistrado ponente Mauricio Fernández de Mora, “resolvió” además que se instalara una Comisión de la Verdad en cuanto se reabra el caso en la que participarían representantes de los padres de los desaparecidos, organismos defensores de derechos humanos, y los nuevos ministerios públicos e incluso considera la posibilidad de que regrese la controvertida Comisión de Expertos que emitieron unos muy cuestionados Informes de su inspección al basurero de Cocula.

En política todos los perros tienen dueño. Y la pregunta obligada es: ¿quién es el dueño del perro en el caso de la propuesta de un magistrado perteneciente al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas para crear una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa?

Sorpresivamente y a tres semanas de unas elecciones históricas, se suscitó este hecho trascendental para la historia de la justicia mexicana.

Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

Una nota informativa del Poder Judicial de la Federación que tenemos en nuestro poder dice lo siguiente:

“Ciudad de México, a 4 de junio de 2018

DGCS/NI: 19/2018

NOTA INFORMATIVA

 CASO: Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordena reponer el procedimiento del “Caso Ayotzinapa” y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)

ASUNTO: Por unanimidad de votos, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora (ponente), Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, informan que al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, relacionados con el “Caso Ayotzinapa”, concedieron la protección de la justicia federal a los quejosos, para efecto de reponer el procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul; en caso de no presentarlos con las exigencias del Protocolo, se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura.

Con relación a la investigación del “Caso Ayotzinapa”, se estableció que no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los Protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.”

Juristas consultados por el redactor de estas notas del prestigio de Everardo Moreno considera que el magistrado ponente Mauricio Fernández de la Mora se extralimitó en sus atribuciones.

La PGR ha dicho que está en tesitura de revisión y que no está aceptando tácitamente la resolución.

La creación de una Comisión de la Verdad en el caso Iguala-Cocula, podría dejar en libertad a peligrosos integrantes de la banda delincuencial conocida como Guerreros Unidos.

La CNDH por su parte está estudiando los elementos de la resolución y no se pronunciará con respecto a su contenido una vez que complete su estudio.

Queda en el filo de la navaja el presidente de la Corte Luis María Aguilar en virtud de que como presidente del Consejo de la Judicatura tiene que requerir al magistrado ponente para que sustente con todos los elementos necesarios si rebasó sus atribuciones o no.

Quienes también quedan otra vez en el ojo del huracán son Jesús Murillo y Tomás Zerón.

Ni hablar, este es el México Real.