Seguridad y Defensa

Después del 6 de junio, Mapa político del crimen o mapa criminal de la política

A pesar de que la advertencia fue hecha con suficiente anticipación, las autoridades judiciales, políticas y electorales nada hicieron para enfrentar el involucramiento directo o indirecto del crimen organizado y del crimen desorganizado en el proceso de votaciones del pasado 6 de junio y el resultado pronto se conocerá: un nuevo mapa político del crimen o, si se quiere, un nuevo mapa criminal de la política.

La sociedad vio con pasividad y sin exigencias la realización de elecciones sin condiciones democráticas en buena parte de los estados de la República. Ahora se sabe que el crimen organizado no tiene el 35% del control de la República, sino que su presencia es mucho mayor en todo el país. No se necesita que haya un cártel dominando con ostentación alguna plaza municipal o estatal, pues basta saber que el control criminal sobre zonas territoriales de la soberanía del Estado mexicano se realiza con la corrupción de autoridades municipales, estatales y federales.

En este sentido, la gran falla estuvo en el Instituto Nacional Electoral porque contaba con el instrumental de reglamentos, leyes y apoyos sociales para impedir la distorsión electoral por parte de organismos no políticos ni tampoco sociales, sino articulados a los principales delitos perseguidos por las leyes. El INE pudo haber sido más estricto en el otorgamiento de candidaturas y en la aplicación de reglamentos, pero dejó pasar casos gravísimos en Estado de México, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas, sólo para señalar los más sobresalientes expedientes de activismo criminal en zonas capturadas por los grupos delictivos.

Ahora debe venir, a posteriori, una revisión minuciosa por parte de las autoridades sobre los intereses de candidatos en todos los niveles de gobierno, a fin de que la promoción de decisiones y la aprobación de leyes no vayan a estar contaminadas de intereses de grupos delictivos. Y, en realidad, las autoridades no tendrían que hacer gran esfuerzo para dilucidar casos concretos, pues muchas de las denuncias públicas antes y durante las elecciones contenían suficientes evidencias para negar candidaturas o para revisar voto por voto e impedir irregularidades que favorecieran a candidatos no sociales.

La grave preocupación de seguridad nacional en grado de seguridad interior radica en tener un cruzamiento analítico estratégico entre el mapa criminal de las elecciones políticas y el mapa político de organismos y personalidades vinculadas a intereses de grupos delictivos. no sería la primera vez que llegarán a cargos públicos personajes representando intereses delincuenciales, pero sí podría ser el inicio de un ciclo de involucramiento criminal en el control institucional directo de los organismos de gobierno.

No existe, o al menos no se ha hecho visible, alguna mente estratégica de los grupos criminales que hubieran articulado un proyecto de captura de candidatos y elecciones. Sin embargo, sí existen evidencias que revelan que determinados grupos delictivos apoyaron con recursos, votos y sicarios a candidatos y partidos y que esos apoyos pudieron haber sido determinantes para las victorias electorales.

La gran preocupación estratégica estaría en el modelo de gobernanza criminal que se dio en Colombia durante el reinado de Pablo Escobar Gaviria, un narco que llegó a tener cargo legislativo y que enfilaba sus intereses hacia la presidencia de la república. en el caso de Bolivia nunca se analizó a fondo sí el apoyo del presidente derrocado Evo Morales a la industria de la coca pudiera haber sido producto de alguna alianza institucional entre los grupos criminales y los partidos.

Hasta ahora, en México parecía haber bastado el control del crimen organizado sobre instancias municipales y estatales en materia de decisiones referidas al tráfico de drogas y a la aplicación de las leyes penales para estos delitos. El crimen organizado ha logrado tomar el control de policías municipales estatales y federales, sólo para protección de sus labores delictivas. Pero ha habido casos de presidentes municipales y gobernadores que estuvieron al servicio de grandes o medianos carteles del crimen organizado, aunque aliados después de haber llegado por la vía electoral a instancias de poder.

El riesgo de hoy radica en el hecho de que el crimen organizado hubiera tenido el poder, la audacia y sobre todo el enfoque estratégico para apoyar candidatos, empujar aspirantes propios y tomar el control de organizaciones partidistas en la distribución de candidaturas a cargos de elección popular municipales estatales y federales.

En lugar de celebrar las elecciones del 6 de junio como un ejemplo de democracia, autoridades políticas, electorales y de seguridad debieran de realizar una evaluación crítica y autocrítica sobre candidatos, candidaturas y posiciones de poder que pudieran haber caído en manos del crimen organizado. Los gobernadores, senadores, alcaldes y diputados que están siendo procesados por acusaciones vinculadas a delitos del crimen organizado debieran ser la alarma encendida para revisar a fondo el resultado electoral y crear mecanismos para evitar la gobernanza criminal o el acuerdo político institucional entre el sistema de gobierno y el crimen organizado para controlar y administrar los delitos y no para combatir los a fondo.

Zona Zero

·         El Gobierno del presidente Joseph Biden está realizando una serie de cambios, ajustes y realineamientos en su estructura de inteligencia y seguridad nacional para determinar desde ahí su política exterior. El hecho de que el presidente Biden hubiera preferido viajar a Europa a una reunión especial de la OTAN y no hubiese tenido una reunión directa personal y de Estado con el presidente de México fue un mensaje de prioridades que debe ser asimilado y analizado por la estructura de seguridad nacional de México, porque por ahí vendrán presiones, desestabilizaciones y condicionalidades que limitarán la soberanía de México.

El Autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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