Seguridad y Defensa

El nuevo poder

Narco Estado, narco política,

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Por Carlos Ramírez

La afirmación presidencial de que en tiempos del gobierno de Felipe Calderón había habido en México un narco Estado sacudió las estructuras institucionales, sobre todo con exjefes policiacos, militares y políticos encarcelados por aliarse con bandas de la droga y con el poderío criminal in crescendo.

Luego de abrir uno de los temas centrales de todo gobierno de alternancia, el presidente López Obrador lo cerró al día siguiente y el tema salió de la agenda de discusiones nacionales. Pero con un exjefe antinarcóticos en la cárcel, un exsecretario federal de seguridad arrestado en los EE. UU. y comandantes contratados como testigos protegidos para delatar formas y nombres de criminales, el tema quedará como una agenda política latente.

Aunque el tema del narco Estado haya salido de la agenda presidencial, de todos modos, quedó ya instalado en los debates nacionales. Las cifras mensuales de los saldos de la violencia criminal y el lastre de los homicidios dolosos y las apariciones espectaculares de los cárteles delictivos en sus diversas especialidades llevan a tener que discutir el hecho de que ningún grupo delictivo puede funcionar y crecer si no es con el aval, directo o indirecto, de las autoridades del Estado.

El tema del narcotráfico se socializó en 1984 con el asesinato del columnista Manuel Buendía cuando se disponía a publicar informaciones de funcionarios, políticos y agentes de seguridad vinculados al crimen organizado. La fecha no es arbitraria. En 1983 se liquidó finalmente del tema de la guerrilla y la seguridad política del Estado y las fuerzas de seguridad dedicadas a esos menesteres de manera paulatina fueron orientando sus funciones a proteger bandas de narcos. La mente organizadora de esa alianza fue la de Miguel Angel Félix Gallardo, ex policía de la Judicial Federal de la antigua Procuraduría General de la República, exescolta del gobernador Leopoldo Sánchez Celis del estado de Sinaloa en los tiempos de nacimiento del narco en esa entidad. Félix organizó a Caro Quintero y Don Neto, creó el cártel de Guadalajara y lo asoció al colombiano Pablo Escobar Gaviria. Encarcelado en 1989, Félix tuvo tiempo para crear el modelo de los cárteles o asociaciones de comercializadores de droga para fijar los precios del mercado.

En 1983 la Dirección Federal de Seguridad, organizada para defender la seguridad política del estado como policía represiva, terminó su labor persiguiendo disidentes y guerrilleros y comenzó a proteger criminales. Los antiguos policías represores de disidentes se fueron retirando y llegó a la DFS el político José Antonio Zorrilla Pérez a operar esa alianza seguridad-narcos. En 1985, en la búsqueda de los asesinos del agente antinarcóticos estadunidense Camarena Salazar se reveló que capos del narco tenían credenciales legales de la Federal de Seguridad de Gobernación, pero como pruebas desaparecieron entre Gobernación y la PGR de entonces.

De entonces a la fecha hay dos casos superiores: el czar antinarcóticos general Jesús Gutiérrez Rebollo fue arrestado por recibir regalos y dinero del narco, aunque en un expediente de muchas dudas reales. Y en 2019 el secretario federal de Seguridad del gobierno de Calderón, Genaro García Luna, fue arrestado y está siendo juzgado en los EE. UU. acusado de aliarse con el cártel de El Chapo Guzmán.

Los datos revelan que el crimen organizado en sus diferentes características, especialidades y grupo de poder sólo pudieron nacer y consolidarse con el aval directo o indirecto de funcionarios de Estado. Si en 1984 con el asesinato de Buendía se encendió el foco de alarma, en treinta y seis años el crimen organizado ha crecido hasta ocupar espacios territoriales de la soberanía del Estado y capturar áreas de decisión del mismo Estado. El primer indicio está muy claro: el Estado y sus funcionarios son responsables directos del auge de las organizaciones criminales.

Ley de la Omertá

Existen ya suficientes investigaciones –libros, ensayos y estudios de caso– que revelan el auge consolidación y expansión del crimen organizado en sus diferentes modalidades que prueban que el Estado como institución y que funcionarios en lo particular han sido responsables directos del fortaleciendo criminal. En 1985, como producto de la corrupción de la Federal de Seguridad de Gobernación en sus complicidades con el narco, se desapareció la Federal de Seguridad y se creó la oficina de investigación y seguridad nacional con diferentes nombres.

Y de 1984 a la fecha, las organizaciones criminales han crecido, han tomado el control territorial de partes territoriales de la república, tienen bajo su poder a áreas importantes del Estado, se han expandido al extranjero y han contribuido a aumentar los niveles de consumo de droga en México. Todo ello ante la mirada pasiva o cómplice o ineficaz del Estado y de sus tareas de seguridad.

La estrategia de seguridad del gobierno actual se ha centrado en tomar el control, operativo de esas tareas, pero falta trabajar sobre las complicidades del Estado en sus tres niveles.

Zona Zero

· Derrotado El Marro, la guerra del Cártel Jalisco Nueva Generación para conquistar nuevos territorios bajará de intensidad. Sin embargo, fuentes de seguridad revelan que ahora el CJNG se en fila contra el debilitado Cártel de Sinaloa del encarcelado de por vida El Chapo Guzmán. Den los hechos pareciera que el CJNG quedaría como el factor de estabilidad de los cárteles.

· La limpia de seguidores de Genaro García Luna en los actuales cuerpos de seguridad era necesaria y venía de atrás, aunque fue acelerada por el arresto del exsecretario de Seguridad. La orden del secretario actual Alfonso Durazo Montaño no es sólo separar e investigar a los sobrevivientes del viejo modelo policial, sino construir nuevas formas de control de confianza que eviten que jefaturas de seguridad se conviertan en núcleos transexenales de poder policiaco.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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