Teléfono Rojo

 Languidece la reforma en telecomunicaciones

La principal reforma del sexenio, la de mayores beneficios sociales, está en riesgo.

La posición de un ministro (Javier Laynez) tiene sentada en la sala de ejecuciones la disposición merced a la cual se han eliminado los cobros de larga distancia y la asimetría en ese sector.

El tema será fundamental para la mayoría de los mexicanos, quienes utilizan más de 100 millones de líneas telefónicas para comunicarse y, como dice la publicidad oficial, “mover a México”.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida por Eduardo Medina Mora, escuchará el proyecto de sentencia de Laynez a partir de un amparo promovido por América Móvil, dueña de Teléfonos de México (Telmex) y Telcel.

El grupo de Carlos Slim impugnó el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, mediante el cual se prohíbe al agente preponderante (Telcel) cobrar a sus competidores.

Pero Laynez va más lejos y desconoce las facultades del Congreso de la Unión para regular el sector de telecomunicaciones y las reconoce únicamente en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Y si los demás ministros -Medina Mora, José Fernando Franco, Margarita Luna y Alberto Pérez Dayán- se suman a Laynez, se eliminará la llamada tarifa cero.

También se eliminarán las demás medidas asimétricas impuestas por el Congreso en la Ley, fuente de mejores paquetes y precios bajos para beneficio de los usuarios.

Un cheque en blanco para el agente preponderante con 65.7% del mercado de telefonía móvil.

Laynez y la guerra entre poderes

Sin llevar a debate su ponencia, Javier Laynez ya desató un choque entre poderes.

El gobierno de Enrique Peña y el Congreso de la Unión se han apoyado en datos concretos para destacar la trascendencia de la reforma en telecomunicaciones por sus repercusiones sociales.

Al conocer el proyecto, el Senado de la República alzó su voz en contra de esa reversión, y en un comunicado firmado por siete legisladores rechaza el planteamiento del ministro Laynez.

Dicen:

“No coincidimos en la conclusión principal del proyecto en el sentido de que el Congreso invalidó facultades del IFT al haber incluido en la ley una disposición expresa en la que se establece que, mientras exista un agente económico preponderante, éste no podrá cobrar por la terminación de tráfico en la red”.

Borrón a facultades del Congreso

El Senado reivindica el derecho del Poder Legislativo a establecer medidas en la ley y reproduce el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional:
El Congreso “deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”.

Los senadores Raúl Pozos, Juan Gerardo Flores, Marco Antonio Blásquez, Zoé Robledo, Sarahí Ríos y Mariana Gómez presentan más alegatos.

Pero surgen las preguntas:

¿Los escucharán los ministros de la Segunda Sala?

Más aún, ¿estarán en sus mentes los intereses de la población?

El debate se abre hoy, y lo sabremos en la semana