Teléfono rojo/José Ureña

• Huellas de Nicaragua en el holocausto migrante
• El cónsul, su compañía y 3 mil millones de pesos
• Un decreto para responsabiliza a Marceo Ebrard

Esta información parte de datos presidenciales.

Y no hablamos, claro, del dicho lópezobraorista de culpar a los centroamericanos encerrados intencionalmente y quemados en la frontera sin dejarlos salir a la vida.

No: en Ciudad Juárez el Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de Francisco Garduño Yáñez, contrató una empresa privada para dar vigilancia y seguridad en su centro de migrantes.

Las huellas llevan a Nicaragua… o a un representante del dictador Daniel Ortega porque su cónsul honorario es dueño de la empresa aludida, sin cita, en Palacio Nacional.

Se llama Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), una Sociedad Anónima de Capital Privado, con diversidad de contratos con dependencias del gobierno federal.

Tiene mala fama, está asentada en la calle de Puebla, en la colonia Roma Norte, con presencia en varias partes del país y sobre todo un dirigente de altísima influencia: el cónsul en Coahuila.

De él supimos gracias al periodista Carlos Loret de Mola y al diario Vanguardia, quienes difundieron los primeros datos sobre este personaje oculto y de mala fama en México.

Loret de Mola y Vanguardia difundieron información el 23 de febrero sobre Elías Gerardo Valdés Cabrera, cuya firma tiene contratos con la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Banco del Bienestar, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Seguro Social (IMSS).

Trato de privilegio para este cónsul de Managua:

Más de tres mil millones de pesos otorgados a través de 130 contratos a partir de marzo de 2021, dos de los cuales corresponden a Francisco Garduño Yáñez para el INM.

Y no una minucia: 460 millones de pesos… ¿para matar o dejar morir a los migrantes concentrados como delincuentes de alto riesgo en una estación de paso?

CONTRA LA LEY

Hasta ahí la historia recuperada de terceros.

Ahora la propia:

Durante decenios, con el proscrito de Palacio Felipe Calderón o el criticado Enrique Peña, el Instituto Nacional de Migración tenía prohibido contratar servicios de seguridad privada.

Es un asunto de seguridad nacional.

Y si eso es poco, vaya otro dato:

Andrés Manuel López Obrador prometió acabar con el outsourcing y en tal calidad ninguna dependencia federal debiera caer en esa práctica ilegal para evitar evasión de obligaciones contractuales.

Peor aún: ¿para qué quiere el gobierno el Servicio de Protección Federal?

Manejado al principio por Manuel Espino, luego fue encomendado a Luis Wertman Zaslav, quien prometió un cuerpo de diez mil elementos para junio próximo a fin de cubrir todas las oficinas públicas.

Agua de borrajas palaciegas.

COMISIÓN CERO

El cuidado de migrantes tiene otros aspectos.

El jueves 19 de septiembre de 2019, cuando Donald Trump sometía a Andrés Manuel López Obrador y se dedicaban 28 mil soldados, se creó por decreto la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria.

Conformada por 16 dependencias, dice el primer artículo:

“…dependerá de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tendrá por objeto fungir como la instancia de coordinación de las políticas, programas y acciones que las dependencias” para los objetivos señalados.

Artículo 2:

“La Comisión será presidida y coordinada por el Titular de la SRE (Marcelo Ebrard Casaubón), quien en sus ausencias será suplido por el Titular de la Subsecretaria para América Latina y el Caribe o por el servidor público que al efecto designe”.

¿Por qué este dato?

Porque es el sustento legal del dicho del secretario de Gobernación, Adán Augusto López: la atención y manejo de migrantes corresponde a la cancillería.