Uso de razón

 Protección a periodistas: un razonado escepticismo

Los gobiernos no sólo están obligados a garantizar la seguridad de los periodistas, sino de todos los ciudadanos.

Obviamente el periodista que investiga al narcotráfico tiene muchas posibilidades de ser amenazado, hostigado y en algunos casos, como Javier Valdez y Miroslava Breach, asesinados.

Y ahí sí el Estado tiene una responsabilidad grave porque no se trata solamente de salvaguardar la vida de un profesionista en particular, sino de la libertad de expresión.

El deber del Estado no es únicamente dejar hablar, sino garantizar que nadie sufra represalias por lo que diga.

Ahí han fallado los sucesivos gobiernos de este siglo, pues no pueden proteger a los que con su trabajo incomodan al narco.

El último crimen político de un periodista, que yo recuerde, fue el 30 de mayo de 1984, cuando mataron a Manuel Buendía en la Ciudad de México.

Hasta el siguiente sexenio se detuvo al autor material y al asesino intelectual: había sido el director de la extinta Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla, quien fue apresado personalmente por el Procurador de Justicia del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga.

No hubo impunidad. Pero de ahí en adelante prácticamente nadie que agreda o mate a un periodista ha sido castigado.

¿Nos extraña? No, porque así está el país. El índice de impunidad en delitos contra periodistas es igual que el del resto de la población.

El periodista no es una persona que demande protección especial por el hecho de ser periodista, como se ha malinterpretado a raíz de los anuncios hechos por la Presidencia para reforzar fiscalías contra delitos a comunicadores.

No es por ahí. No hay trato privilegiado por ser periodista.

Recuerdo, a propósito, una anécdota ilustrativa sobre el tema que vale la pena recrear.

El 19 de septiembre de 1985 ocurrió el terremoto en la Ciudad de México, y en La Jornada e