Teléfono rojo
Tiene al país en vilo por sus yerros y obsesiones ideológicas.
Él mismo está acorralado por sus malas decisiones y nada más.
López Obrador ha sido el Presidente con mayor respaldo político desde 1982, al que se le han cuadrado los partidos, los empresarios, las iglesias, los sindicatos, tiene el apoyo del gobierno de Estados Unidos, de los medios y de la mayoría de la población, pero no da una.
Como no puede gobernar, porque no sabe, en su entorno hay voces que consideran que el estorbo que impide el buen desempeño de la 4T está en la democracia, en las voces críticas y en el boicot de fantasmales conservadores que complotan tras las sombras.
Jamás van a admitir ser los culpables del desastre que se nos viene encima -y algunos sectores de la población ya lo comienzan a vivir-, y corregir. No tienen autocrítica.
Por eso los susurros al presidente van en el sentido de “aplástalos, antes que nos aplasten a nosotros”.
Su vocero que escribe con un seudónimo en redes sociales, le pidió abiertamente que golpee primero: “el que perdona pierde, Andrés Manuel”, publicó con todas sus letras.
¿Resistirá el Presidente la tentación de la tiranía, ante su incapacidad para corregir?
Mientras tenga alta aprobación sí, pero esa va a caer.
Hace un par de semanas habló reiteradamente de golpismo en su contra, e incluso felicitó al Ejército por no dejarse seducir por “el canto de las sirenas” de un golpe de Estado.
¿Por qué? ¿En dónde tiene su mente el Presidente López Obrador?
El domingo informó que Hacienda dará recursos adicionales a la secretaría de la Defensa para controlar y operar diez hospitales.
El jueves dio a conocer que se creaba una empresa para que el Ejército y la Marina puedan explotar comercialmente el aeropuerto de Santa Lucía.
López Obrador expande las funciones del Ejército y desplaza a los civiles.
Hacen bancos, transportan dinero y valores, se encargan de hospitales, de la seguridad, del cuidado del combustible, de la migración…
Según el Presidente hacen aeropuertos más baratos y más rápido que los ingenieros civiles.
Los ha puesto en todos los lugares donde hay negocios o es posible hacerlos.
Ya metió a las Fuerzas Armadas como factor de poder económico en el país, igual que ocurre en Cuba y Venezuela, donde coroneles y generales dirigen empresas de hotelería, de petróleo, fábricas, constructoras y desde luego la seguridad.
Ahora vamos a tener al Ejército Mexicano en la construcción y explotación comercial del aeropuerto, donde controlará no sólo el tráfico aéreo, sino los hoteles, tiendas y dará los permisos y concesiones a las casas de cambio.
Las Fuerzas Amadas son nuestro orgullo y no están para hacer negocios.
Ahora investigan y persiguen al narcotráfico, y resulta contradictorio que al mismo tiempo administren los negocios en torno a ese puente de acceso de drogas y dinero ilegal al país, que es el aeropuerto capitalino (en construcción), y las casas de cambio donde se realizan operaciones de lavado.
No es creíble la candidez de las intenciones de un político, AMLO, que siempre criticó y no pocas veces calumnió a las Fuerzas Armadas.
La inercia golpista de un sector dominante en Morena, el más cercano a los afectos del Presidente, asoma sus tentáculos por todos lados.
Dieron un zarpazo a la empresa privada el fin de semana en Mexicali.
Aprovecharon el aislamiento social a que obliga el coronavirus para sesionar en la Cámara de Diputados, ellos y sus partidos aliados, y pusieron las reglas de la reelección de legisladores. Cero voto en contra.
Le hicieron juicio político a Rosario Robles (no había uno desde hace 94 años), a la que condenaron en ausencia y sin prueba alguna. Dictaron su sentencia antes que el poder judicial, contra una mujer que no se ha demostrado que se haya robado un peso: 271 votos contra cero. “Verdugos improvisados”, les dijo Muñoz Ledo.
Totalitarismo es lo suyo, y ante el tamaño del desastre económico y de salud pública (regresó el sarampión, erradicado desde 1992), las presiones al interior del grupo gobernante para instaurar una tiranía van a arreciar.
Hace dos meses llevaron al Senado un mamotreto de casi mil páginas con quince reformas constitucionales y un nuevo Código Penal Federal que anulaba las garantías del individuo ante el Estado.
¿Para los delincuentes? No. Para tener presos sin juicio previo a empresarios, opositores, periodistas, contribuyentes y ciudadanos en general que provoquen la sospecha del gobierno.
Ahí estaba el proyecto: arraigo ante cualquier acusación en todos los delitos.
Era un proyecto de dictadura que llegó al Senado de manos de las más altas autoridades del país, y lo retiraron por el rechazo público que hizo el líder de Morena en la cámara alta y, según trascendió, la protesta del presidente de la Suprema Corte.
Eso trae entre manos un grupo que rodea al Presidente.
Sus anhelos de tiranía se van a fortalecer ahora que se cae la economía y flaquean las instituciones de salud pública, porque les quitaron presupuesto (subejercicio) y se lo aumentaron al Ejército (sobrejercicio).
Van a culpar a otros de su fracaso y del dolor de millones que vivirán en carne propia los resultados de una obsesión de poder que carecía de sustento programático y de capacidad de gestión.
Cuidado, algunos de ellos piensan que el estorbo es la democracia.