Valor & Ideas

EL PUEBLO PONE, EL PUEBLO QUITA

Frase que repetía insistentemente, desde que era opositor, Andrés Manuel.

Era de esperar que al llegar al poder, continuara con el proceso de transición hacia una democracia plena. Pero no es así. El presidente está concentrando nuevamente en su persona, el mayor número de poderes.

Y es que el proceso de transición a la democracia pasa por acotar el poder del presidente, como se empezó a hacer, al quitarle el control del órgano electoral, con la reforma constitucional electoral de 1996. 

En la reforma de 1996, muchos de los hoy conspicuos heraldos de la 4T, votaron la reforma y lo mismo ocurrió en la reforma de 2014, que sustituyó al IFE por el actual INE. Se debe destacar que la reforma de 2014, fue impulsada por todos los partidos opositores al gobierno federal, encabezado entonces por el PRI, a través de Peña Nieto en la presidencia. 

En este contexto no se debe pasar por alto que Cuauhtémoc Cárdenas gana el gobierno de la ciudad de México, en ese entonces todavía con la calidad de jefe de gobierno del Distrito Federal. Desde entonces, quienes son dueños de Morena, han gobernado la ciudad de México y han tenido una alta representación en los poderes Legislativo de la ciudad de México y el Congreso de la Unión.

Así las cosas, quienes hoy gobiernan al país, son autores del entramado legal electoral. Tampoco debe ser dato menor, que el actual presidente del INE, Lorenzo Córdova, es hijo nada más y nada menos que de Arnaldo Córdova (+), maestro, consejero y seguidor de López Obrador.

Ruín, grotesco, fariseísmo (aparentan rigor y austeridad, pero bien que eluden los preceptos de ley y su espíritu) puro, el desplegado por la 4T en contra del INE y demás órganos constitucionales autónomos.  

La única elección presidencial organizada por el INE, fue precisamente la de 2018. Sus responsabilidades electorales nacen en 2014. Lo ocurrido antes de 2014, no es responsabilidad del INE. 

El INE, no legisla. Legisla el Poder Legislativo.

Las reformas constitucionales de los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99, 116 y 122 de la Constitución, que entraron en vigor el sábado 21 de diciembre de 2019, fueron impulsadas y promovidas por Andrés Manuel, ya presidente y por las dos cámaras federales, la de Diputados y la de Senadores, en ese entonces con mayoría aplastante por parte de Morena y sus aliados.

Por lo que decir que el INE es antidemocrático, al limitar la supuesta libertad de expresión del presidente y de la jefa de gobierno de la ciudad de México, al no poder difundir su obras y actos de gobierno, ni tampoco promover la participación ciudadana, el 10 de abril, siendo que ellos mismos legislaron y aprobaron las reformas de los artículos constitucionales mencionados.

Dichas reformas constitucionales tienen que ver con los ejercicios de la Consulta Popular y la Revocación de Mandato.

Reformas aprobadas a las prisas, como es el sello de la 4T. Pues mire usted, en la reforma a la materia de la Consulta Popular, el artículo 35 constitucional, en su fracción VIII, numeral 3°, dispone: “No podrán ser objeto de consulta popular… la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral…”

El numeral 4°, manda: “El Instituto Nacional Electoral… promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía… Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares… Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno…”

La fracción IX del mismo artículo 35 constitucional, norma la revocación de mandato y ordena en su numeral 1°: “Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas…”

¿Quién hizo la petición? ¿Las y los ciudadanos? Todos sabemos quién hizo la petición. ¡No fueron los ciudadanos! 

El numeral 7° de la misma fracción IX del propio artículo 35 constitucional, determina: “Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. El Instituto y los organismos públicos locales… promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos… Ninguna otra persona física o moral… podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno…”

¿Cómo ve? ¿El INE es el culpable? Está claro. Ahí están los mandatos constitucionales aprobados por los diputados y senadores de Morena y aliados. Qué no se hagan las víctimas. 

Como ya lo dejé establecido en colaboración anterior. Que el presidente concluya su mandato para el que fue electo. Estas reformas constitucionales que estamos desglosando, fueron aprobadas en 2019. La elección presidencial fue en 2018, luego entonces, no aplican para el actual mandatario. Y por si hubiera alguna duda, el mismo artículo 35 constitucional ordena: “No podrán ser objeto de consulta popular… la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral…”

Más claro, ni el agua, por más que Morena la quieran enturbiar.

Que los consejeros electorales no sean santos de su devoción. Que los consejeros electorales, no sean almas de Dios. Son harinas de otro costal. La ley es la ley y tiene que aplicarse. Que quede claro: el INE no hizo estas reformas, ni ninguna otra. El INE solo es responsable de la elección presidencial de 2018. El INE está presidido por el hijo de un amigo (qepd), del presidente Andrés Manuel. 

El pueblo pone y quita, sí, pero conforme a la ley. El ejercicio de revocación de mandato del próximo 10 de abril, no cumple con los requisitos de ley. Y por más que digan que es un ejercicio democrático, no lo es, en tanto no cumple con el principio de Legalidad.