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EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN TLAXCALA, ¿CONSTITUCIONAL?

El transporte público de pasajeros en Tlaxcala, en particular, el de taxis y el de “combis”, ha estado secuestrado desde el siglo pasado por un puñado de familias y se pretende desde el Poder Legislativo local, al amparo de la 4T, no solo mantenerlo cautivo para ese pequeño puñado de familias, sino todavía concentrarlo más, pretendiendo que solo “ellos” sean los que operen el servicio mediante plataformas digitales, excluyendo a todos y cualquier persona que pretenda dedicarse al transporte de personas, mediante aplicaciones telefónicas, como ocurre en todo el mundo.

Tales transportistas viven de cara al pasado y pretenden encerrar a Tlaxcala en una especie de castillo feudal, donde ellos, y solo ellos, sigan siendo los amos del transporte público.

Que el diputado local, Miguel Piedras, en su calidad de presidente de la comisión legislativa de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, pretenda al amparo de la 4T, monopolizar aún más el transporte conocido comúnmente, como “taxi”, es un golpe bajo a las pretensiones transformadoras de la 4T, y por ende, es un golpe artero al presidente de la República.

Pero dejemos a un lado las consideraciones políticas. Vayamos a la esencia de lo que pretende el diputado Miguel Piedras.

El artículo primero constitucional federal, ordena con toda claridad y precisión, fuera de toda duda, que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos… así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse…”

El tercer párrafo del mismo artículo primero constitucional, ordena: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

El diputado Miguel Piedras, pretende de un plumazo, anular el goce del derecho al transporte que todas y todos los tlaxcaltecas merecemos y que mejor nos acomode. Siendo que como acabamos de leer, el debería ser el primer obligado, constitucionalmente, a “promover, respetar, proteger y garantizar”. Con su iniciativa de ley o de reforma de ley en la materia que nos ocupa, no respeta ni garantiza.

El artículo 25 constitucional, federal también, ha sentenciado que: “… mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.”

Como podemos ver, el diputado Miguel Piedras, y quienes le secunden en ésta iniciativa, están perdidos. Promueven iniciativas que están condenadas a no tener efectos, pues serían revertidas por anticonstitucionales.

Y por si alguien tiene dudas todavía, chequemos que manda el artículo 28 constitucional: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas,.. la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos… todo acuerdo, procedimiento o combinación de los… empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.”

El mismo artículo 28, en su párrafo 11, cierra cualquier espacio a la duda: “… Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.”

Veremos que hace la Legislatura local en ésta materia. Veremos también, cómo actúa el Ejecutivo. La Constitución de todas y todos los mexicanos, ya resolvió de antemano cualquier controversia en la materia.