Violencia sin freno y vacíos de autoridad/ Opinión

Los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en el país son cotidianos desde hace más de casi dos décadas. Sin embargo, lo que hoy sorprende son sus capacidades para confrontar, atacar y amenazar al Estado. Han evolucionado a lo largo del tiempo, se reconfiguraron y se armaron mejor y ampliaron su poder corruptor, frente al deterioro de las instituciones de seguridad pública del país. Esto es algo que no se puede negar.

Los grupos criminales han evidenciado una alta capacidad de organización, de establecimiento de controles sociales, de reclutamiento y apoyo para ejecutar sus operaciones y seguir siendo competitivos en el mercado ilegal de drogas y otras actividades delictivas. Consolidaron alianzas en las esferas políticas y estructuras sociales, ampliaron su radio de acción y sus finanzas se mantuvieron sin mayores contratiempos.

Lo que no queda claro es lo que ha hecho el Estado mexicano frente a este fenómeno. Algo no cuadra, las autoridades en las tres esferas de gobierno –federal, estatal y municipal-- parecen no saber qué hacer frente a la amenaza que representan los grupos criminales de la delincuencia organizada y, mucho menos, como controlarla.

Si tomamos los últimos sucesos de la semana que se dieron en Guanajuato, Sonora, Zacatecas y la Ciudad de México, todos episodios llenos de violencia tanto por la lucha entre los grupos delincuenciales como por ataques a las autoridades, vemos un común denominador: ineficacia para responder a las acciones criminales.

En Celaya, a partir de un operativo fallido para capturar a José Antonio Yepez Ortiz, “El Marro”, considerado el líder del cártel de Santa Rosa de Lima y quien lleva años causando violencia inusitada en varias zonas de estado de Guanajuato, concluyó en conmoción, terror e incertidumbre a la ciudadanía. La incursión policiaca y de la Guardia Nacional culminó con la captura de un grupo amplio de supuestos miembros de la organización delictiva.

La respuesta fue implacable y el mismo día en que ocurrieran las detenciones. Diversos eventos entre quema de vehículos, bloqueo de calles, bombazos, tuvieron a los ciudadanos atemorizados durante casi 16 horas. En los siguientes días, fueron decomisaron por el Ejército 12 explosivos en un vehículo abandonado frente a la refinería de Salamanca.

El mensaje del líder criminal fue contundente: “Me la voy a cobrar, peso de a libra”. En un video que difundió la organización llamada Cartel de Santa Rosa de Lima, “El Marro” refería amenazas explícitas al Presidente y su gabinete y, a su vez, anunciaba una alianza con el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Tijuana para continuar su ola delincuencial. Al final, el operativo y la alarma ciudadana fue para nada, pues todos los detenidos salieron libres.

Por lo que hace a Sonora, Caborca y Guaymas han sido el escenario de masacres en los últimos 15 días. En el primer poblado fueron abandonados 10 cuerpos sin vida sobre una carretera, días antes aparecieron los cadáveres de cinco jóvenes. Estos últimos casos son el telón de fondo de una disputa entre grupos criminales que han impuesto su ley en esa entidad, por cierto, cuna del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.

En Zacatecas, el último evento de violencia se produjo el viernes, cuando fueron abandonados 15 cuerpos en una carretera cercana a Fresnillo, otras once personas muertas serían encontradas en zonas cercanas a ese lugar, a consecuencia tanto de enfrentamientos entre grupos criminales rivales como con fuerzas del orden. Un total de 26 víctimas durante menos de 24 horas hablan por sí solas del nivel de violencia que existe en ese lugar, sin contar otros hechos de violencia en Sinaloa, Jalisco y Tamaulipas.  

Por otra parte, el evento del día viernes contra el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, no es menos grave, un atentado directo, que dejó al funcionario con tres heridas de bala no graves a pesar del nivel de la agresión perpetrada por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según lo refirió el propio servidor público casi al momento de ingresar al hospital donde fue intervenido.

¿Cómo leer estas amenazas directas a los poderes del estado? ¿Cómo leer el atentado contra García Harfuch? Es evidente que esto es un franco desafío a la estructura de gobierno, a la figura presidencial y a cualquier forma de orden. Esta forma de confrontar todo tipo de autoridad implica un reto, pues cuando un grupo delictivo cruza las líneas del orden, las confronta y las minimiza, lo hace porque puede hacerlo y en otras palabras por saber que puede actuar prácticamente con impunidad.

La lectura sobre el atentado al secretario de seguridad ciudadana antecedida por los eventos en Guanajuato, Sonora y los de Oaxaca y otros sitios más, nos dejan ver tres cosas: 1) la delincuencia ha perdido el respeto total a las instituciones del Estado en todos sus niveles, 2) el Estado está en un tiempo suspendido, fuera de juego y viendo pasar los días, sin reaccionar y condicionar mecanismos de contención claros para imponer estos límites y 3) las formas de organización delictiva podrían evolucionar y construir alianzas que ante vacíos de autoridad abren espacios de oportunidad criminal.

Los grupos criminales no se encuentran debilitados, intimidados o amenazados, como tantas veces se ha sugerido desde el sexenio de Felipe Calderón. Todo lo contrario, ya que las afrentas directas y públicas también podrían leerse como un empoderamiento de estos grupos frente a un Estado laxo, débil y carente de mecanismos de contención y control del crimen organizado a lo largo y ancho del país.

Los desafíos a cualquier Estado de derecho, se dan porque no hay respeto a los límites de ningún tipo de autoridad y porque la falta de respeto a esos límites ha sido permitida, fomentada y en algunos casos condicionada por incapacidades de fondo y forma que se pueden reducir en una falta de responsabilidad, capacidad, voluntad política y compromiso para imponer el orden. El discurso oficial de “abrazos no balazos” está rebasado por la realidad.