Poder y dinero/Víctor Sánchez Baños
“Deja de hablar del gobierno y de la Presidencia”, amenaza a Héctor Suárez
En la entrega anterior comentábamos que hoy 3 de mayo, en todo el orbe se celebran los principios fundamentales de la libertad de expresión y de prensa; es el día en que enaltecemos la defensa e independencia de los medios de comunicación y los trabajadores que ejercen su derecho a informar con gran responsabilidad, aún ante los continuos ataques al ejercicio de su profesión.
El tema de hoy sería otro, sin embargo, decidí reflexionar brevemente sobre lo que escuché este martes por la mañana en Aristegui Noticias, cuando el actor Héctor Suárez denunció públicamente las amenazas de muerte de la que han sido objeto él y su familia, precisamente por ejercer libremente su derecho a expresar lo que piensa sobre el proceder corrupto e impune de personajes públicos de la política nacional.
“Deja de hablar del gobierno y de la Presidencia”, le advirtió un sujeto no identificado, colocando un arma de fuego en la nuca de Suárez, el pasado 17 de abril. Héctor ha puesto en el escenario del trabajo periodístico, una serie de aportaciones críticas que exponen particularmente los desatinos en los que ha incurrido el ciudadano Presidente Enrique Peña Nieto, no solo en sus fallidas políticas para combatir los ya incontables problemas internos del país, sino también de su torpe proceder en las relaciones con el exterior, léase Estados Unidos de América y su nuevo líder Donald Trump.
Lo anterior, confirma que México es uno de los países del mundo más peligrosos para la libertad de prensa y sus profesionales; hasta ahora registra un saldo rojo como lo señalamos la semana pasada, de asesinatos y desapariciones de periodistas que son una vergüenza para nuestra sociedad (http://www.e-tlaxcala.mx/
articulo/2017-04-26/los- sonidos-del-silencio-la- prensa-incomoda
Frenar la libertad de expresión en México, es un atentado que violenta y transgrede las garantías constitucionales ejercidas particularmente por los profesionales …).
Los periodistas viven con miedo, cuando su trabajo debería ser garantizado sin condiciones por el gobierno, porque su papel es el de informar sobre lo que realmente está sucediendo en México y motivar el debate público que incida en un mejor desarrollo y bienestar de la población, además del ejercicio pleno de nuestros derechos en al parecer una todavía muy incipiente democracia.
El respeto y protección de la prensa nacional, en todas sus modalidades, debería ser el punto central del derecho más amplio para el ejercicio de la libertad de expresión, pero no es así, por una parte, por el control de la información que ejerce el Estado, sobre todo con la publicidad gubernamental que le da vida y privilegios a quiénes se someten a sus reglas, y por otro, por los homicidios, persecuciones y amenazas cumplidas a periodistas y ahora de actores, porque se “atreven” a juzgar, denunciar y criticar al gobierno de la República.
Lo que es una realidad es que los mexicanos están en la indefensión de estar bien informados, porque todo hace indicar que las amenazas y los atentados en contra de los periodistas, vengan de donde vengan, tienen el objetivo de controlar la información y silenciar las voces que describen otras realidades a las que se leen en los comunicados oficiales.
De qué forma la sociedad tendrá la información necesaria para asumir una posición y exigir la rendición de cuentas del gobierno, por ejemplo, sino es con la labor libre de la prensa; se manipula la información con el uso poco transparente del gasto en publicidad oficial, que sigue sin tener los mecanismos de regulación indispensables para su distribución, por cierto, como lo había prometido EPN.
Silenciar o intentar silenciar la expresión de las ideas, es un atentado que nos perjudica a todos. La exigencia inmediata es que los gobiernos federal y estatales, transparenten su gasto en publicidad oficial, que se investigue y castigue a los culpables de homicidios y amenazas a los periodistas, que se garantice de una vez por todas la labor libre de la prensa y el derecho a la información de los mexicanos, como lo establece la Constitución y no se siga quedando en letra muerta y en discursos de doble moral para cumplirlo.