¡Y ahora vienen “Narco-jueces”!

         Para nadie es novedad que, desde su origen, el Partido Morena fue financiado por el crimen organizado y por el narcotráfico.

         Para nadie es secreto que, por esa razón, desde que López Obrador era candidato presidencial, promovió la amnistía a los grupos criminales y por eso acuño el ridículo eslogan de “abrazos y no balazos”. 

         Para nadie es nuevo que, por esa misma razón, desde 2015 proliferan no solo los “narco-diputados”, sino que abundan los “narco-senadores”, “narco-alcaldes” y “narco-gobernadores”.

         Y tampoco es un secreto que, a cambio de los votos del narco que los llevaron al poder, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum convirtieron a sus gobiernos en aliados y brazo político de las bandas criminales y narcas.

         Sí, a las cosas por su nombre; “al pan, pan y al vino, vino”: Obrador y Sheinbaum son “narco-presidentes”, pésele a quien le pese

         Y también por esa razón y para que el cuadro esté completo, sólo faltaba construir la figura de los “narco-jueces”.

         Es decir, impartidores de justicia impuestos a propuesta de los grupos criminales, aliados de los gobiernos de Morena.

         ¿Suenas descabellado?

         Sí, igual de descabellado que cuando aquí advertimos del ingreso del crimen organizado y el narcotráfico en políticas; igual de descabellado que la terrible realidad mexicana en donde proliferan los “narco-legisladores”, “narco-gobernadores” y “narco-presidentes”.

         Pero ese –el de la destrucción paulatina de la democracia y el asalto paulatino del poder por parte del crimen–, es el método empleado en el mundo entero por los populistas autoritarios que se transforman en dictadores.

         Y la mejor prueba de que el paso siguiente son los “narco-jueces”, a partir de la reforma al Poder Judicial, es que López Obrador estalló la mañana de ayer contra la DEA norteamericana, la que habría advertido del peligro que significa abrir la elección de jueces.

         Sí, la DEA habría dicho que, con la reforma al Poder Judicial propuesta por AMLO –y que abre la elección de jueces al voto universal y secreto–, México corre el riesgo de que, al final de cuentas, los jueces sean impuestos por los barones del crimen.

         Así de simple pero así de peligroso.

         Lo peor del caso es que, sin verificar si en realidad la DEA dijo lo que dicen que dijo, López Obrador exigió que tal agencia no interfiera en asuntos que sólo competen a México y a los mexicanos.

         Así reaccionó el presidente mexicano: “La opinión de la DEA, se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente.

“Y con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? 

“Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna, dando largas y largas, no me corresponde meterme”. (FIN DE LA CITA)

Lo cierto es que, lo haya dicho o no la DEA, está latente el peligro de abrir la puerta para crear las figura de los “narco-jueces”, “narco-ministros” y, por compoleto, un “narco-Poder Judicial”.

Y el enojo presidencal no es otra cosa que la confirmación de que serán una realidad los “narco-jueces” 

En efecto, si los grupos mafiosos ya controlan ostensiblemente los poderes Ejecutivo y Legislativo, con la reforma al Poder Judicial tienen el campo libre para imponer no solo candidatos a modo a la Judicatura, sino para inducir el voto a favor de tal o cual candidato.

Y es que frente al segundo “narco-gobierno federal”, el de la señora Claudia Sheimbaun, en realidad asistimos al “¡fuera máscaras!” –y está a los ojos de todos la alianza del nuevo gobierno con el crimen–, lo que prendió los focos rojos en algunas de las industrias fundamentales instaladas en México.

Por ejemplo, algunas armadoras de autos anuncian que se van del país, a causa de la creciente e incontenible ola de violencia, del cada día más pernicioso cobro de piso y, sobre todo, porque el nuevo gobierno anuncia que veremos más de lo mismo.

En pocas palabras, resulta que nadie, entre las grandes empresas extranjeras instaladas en México, cree los discursos y las promesas de la futura presidenta de México, sobre todo ante la evidencia de que acabaron las elecciones, pero siguen las masacres, el cobro de piso y el reino criminal.

Y ese es solo el principio del despeñadero.

Al tiempo.