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TLAXCALA, Tlax., a 6 de enero de 2017.- Por supuesta filtración de información reservada a personas ajenas a la institución, violencia de género, violación a los derechos humanos, laborales y la comisión de probables delitos en las que ha incurrido la consejera Dora Rodríguez Soriano, contra empleada de confianza Elsa Martínez Jiménez.
Elsa Martínez, asistente de la Consejera Electoral Dora Rodríguez Soriano, denunció que fue víctima de violencia de género por parte de la Consejera Electoral Dora Rodríguez Soriana así como maltrato y discriminación.
En ese sentido, la afectada refirió en el documento que los consejeros deberá iniciar los procedimientos de responsabilidad en contra de la Consejera electoral Dora Rodríguez, “por las múltiples anomalías en las que incurrió la consejera en favor del partido político PAC, al pasarle información de forma ilícita y sin el conocimiento del resto de los consejeros electorales, atentando en contra de la Unidad del ITE”.
El oficio que se dio lectura en la correspondencia en asuntos generales de la sesión celebrada este jueves, la agraviada indica ya presentó su queja al Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, no obstante a la fecha no se defina su situación laboral.
Además, tampoco se ha resuelto su permanencia en el ITE, ya que ha sido propuesta para el servicio profesional electoral, ” todo esto por culpa directa de Dora Rodríguez, ya que ha presionado políticamente al resto de los Consejeros Electorales, para eludir su responsabilidad y perjudicarme en mis derechos laborales y humanos” indica el oficio sin número.
Denunció que fue víctima de agresiones y humillaciones de forma permanente por parte de la Consejera Dora Rodríguez Soriano, y que a la fecha no se ha iniciado ningún procedimiento sancionador en su contra, por lo anterior solicitó la intervención del Congreso del Estado a fin de que se sancione a la funcionaria.
Asimismo, Martínez Jiménez dijo que en caso de solicitar pruebas comparecerá cuándo le solicité el Poder Legislativo para evidenciar las pruebas que a decir de la afectada tiene en su poder para demostrar la actuación ilegal en favor de un partido político.