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El pleno del Poder Legislativo abordará este jueves el dictamen de reforma constitucional para crear el sistema estatal anticorrupción.
TLAXCALA, Tlax., 14 de junio de 2017.- Este jueves a las 11 horas en sesión extraordinaria de la sexagésima segunda legislatura, el pleno del Poder Legislativo abordará el dictamen de reforma constitucional para crear el sistema estatal anticorrupción.
Luego de que este miércoles en reunión de las comisiones unidades del Poder Legislativo aprobaron el dictamen, en la que acordaron crear contralorías internas cuyo titular será designado por el Congreso local en los órganos autónomos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP).
El legislador, priista señalo que es “una propuesta que tiene todas las particularidades de cada una de las propuestas”, en ese sentido, se creará la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa, que dependerá del Poder Judicial de la entidad.
Asimismo, se considera la integración del Comité de Participación Ciudadana el cual deberá estar integrado por cinco ciudadanos destacados por su participación a la transparencia y será electo con base a lo que establezca la ley.
El diputado Enrique Padilla Sánchez, refirió que para revisar la deuda pública que heredan los entes fiscalizables, dentro del proyecto se dota de nuevas facultades a Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
En lo que fue la reunión de las comisiones unidas asistieron 13 de los 16 legisladores locales, quienes autorizaron el dictamen, de igual forma se descartó la propuesta de nombrar Sistema de Ética e Integridad Pública a propuesta de Padilla Sánchez.
Este martes, 13 de los 16 diputados que acudieron a la sesión de las comisiones de Puntos Constitucionales, Finanzas y Fiscalización e Información Pública, validaron el dictamen, en el que entre otros aspectos, desecharon la posibilidad de nombrar a éste como Sistema de Ética e Integridad Pública.