Aprueban agravar sanciones normativas en materia de hidrocarburos

TLAXCALA, Tlax., 22 de julio de 2017.- Durante la décima sesión ordinaria de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura Local y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; la Sexagésima Segunda Legislatura Local se adhiere al Acuerdo emitido por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se solicita a las Cámaras del Congreso de la Unión, a que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, agrave las sanciones establecidas para las hipótesis normativas que prevén las conductas delictivas en materia de hidrocarburos.

De acuerdo al boletín oficial, se menciona que tomando en consideración el Artículo 27 Constitucional, párrafo séptimo, que a la letra dice: …”Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”…

Por lo que se destacó que la sociedad en general tiene conocimiento de la situación que se presenta en diversas entidades de la República Mexicana, en torno a la extracción u “ordeña ilegal” de hidrocarburos, conductas delictivas que han aumentado con el paso de los años y que generan una grave afectación social, tanto en los sectores económico y político, como en el ambiental, circunstancias que motivaran los actos tendientes, a agravar las sanciones ya establecidas y en su caso a crear mecanismos eficaces para prevenir dichas conductas.