Autorizan a Ejecutivo constituirse en aval de TET ante el ISSSTE

• EXHORTAN A PGJE Y TSJE INSTRUMENTAR ACCIONES QUE IMPIDAN FILTRAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES

TLAXCALA, Tlax., 21 de febrero de 2018.- En sesión ordinaria, el Pleno Legislativo aprobó el dictamen formulado por las Comisiones de Finanzas y Fiscalización y la de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para que se constituya en aval o garante solidario del Tribunal Electoral de Tlaxcala ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), respecto al convenio relativo a la incorporación de los trabajadores y los beneficiarios de éstos del citado Tribunal, a los derechos y beneficios que otorga ese Instituto en materia de seguridad y servicios sociales.

Al dar a conocer el citado dictamen, el diputado Alberto Amaro Corona, refirió que para que el Tribunal Electoral de Tlaxcala pueda llevar a buen término los trámites de afiliación ante el ISSSTE, requiere que el Ejecutivo del Estado se constituya en su garante solidario ante el citado Instituto, para que en caso de mora en el entero de cuotas del Tribunal ante el ISSSTE, éste solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la afectación de las participaciones del Estado para garantizar el entero de cuotas, quien a su vez afectaría el presupuesto correspondiente al Tribunal para resarcir el pago señalado.

Así también reiteró, que la medida es solo de carácter preventivo de acuerdo a la normatividad del ISSSTE, pues en ningún momento se pondrán en riesgo las finanzas del Estado, ya que en caso extremo, el único presupuesto afectado sería el del propio Tribunal.

En otro orden de ideas, el diputado Alberto Amaro Corona, dio lectura a la iniciativa por la que se exhorta al encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y, a través de estos a Magistrados y Jueces de lo Penal,  a instrumentar las acciones conducentes que impidan la filtración de información y el tráfico de influencias, con motivo de las investigaciones y órdenes de aprehensión, derivadas  de las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, detectados en la rendición de cuentas públicas municipales.

En este tenor, puso de manifiesto que las denuncias realizadas están basadas, desde luego, en pruebas y elementos objetivos, así como en una colaboración estrecha entre el Órgano de Fiscalización y la Procuraduría General de Justicia, de tal manera que, de configurarse algún delito, las investigaciones conducentes y las peticiones de órdenes de aprehensión, estén debidamente fundamentadas y motivadas, pero también, hay una exigencia legal para que las investigaciones se realicen con la objetividad, el profesionalismo y la secrecía que marca la ley, de tal manera que no deba de existir ningún tipo de filtración en la información que tienen bajo su resguardo tanto la Procuraduría como el Tribunal Superior de Justicia y los Juzgados Penales, pues entonces, la impartición de justicia que exige la ciudadanía se desvirtúa y se fomenta la impunidad y la corrupción.

Por ello, desde la máxima Tribuna del Estado, Amaro Corona exigió a la Procuraduría General de Justicia, a través de quien actualmente se encuentra encargado del Despacho, para que dejen de filtrar información respecto a las investigaciones que se están llevando a cabo sobre las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior en contra de ex presidentes municipales, violando la secrecía que debe regir la investigación de los delitos.

De mismo modo, se pide al Doctor Héctor Maldonado Bonilla, actual Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y a través de él a los Magistrados y Jueces de lo Penal, a que una vez que radiquen las carpetas de investigación correspondientes, se circunscriban a iniciar los respectivos procesos y  procedimientos con estricto apego a la ley, sin ningún tráfico de influencias, sin ningún tipo de filtración de información sobre órdenes de aprehensión o cualquier otra que vaya en detrimento de la exigencia social de transparencia en la rendición de cuentas, en el castigo a los responsables de los desvíos de recursos públicos, que propician impunidad y corrupción.