CUIDAD DE MÉXICO, 10 de septiembre de 2019.- Por considerarla como una amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, el Grupo mayoritario de Morena en el Senado de la República y aliados, a los que sumaron Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista, aprobaron una reforma para combatir a quienes acuerdan criminalmente evadir millonariamente al Fisco Federal.

Con 82 a favor y el voto en contra de 34 del PAN y PRI, en sesión de este martes, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó tres iniciativas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación; y, del Código Penal Federal.

La comisión de los actos ilícitos en contra del fisco federal entiéndase por el contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal y su equiparable; y, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos, en adición a la agravante formulada.

La iniciativa del senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena, busca combatir a los EFOS (empresas facturadoras de operaciones simuladas) y EDOS (empresas que deducen operaciones simuladas), y a cualquier otra conducta delictiva de contenido económico.

Adiciona en el artículo 5 de Ley de Seguridad Nacional los delitos fiscales que por su relevancia y daño o perjuicio al Fisco Federal afectan las finanzas públicas del país y en consecuencia ponen en peligro su estabilidad o permanencia.

En el caso de la iniciativa del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propone aumentar las penas para quienes expidan o enajenen comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Particularmente, busca imponer penas de cinco a ocho años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que posibiliten operaciones inexistentes.

Además de tipificar el contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Por Acción Nacional, la iniciativa de la senadora Minerva Hernández Ramos establece modificaciones legislativas que permitan prevenir y sancionar la compra y venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, que dañan y perjudican a la Hacienda Pública.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 2014 a la fecha se han generado comprobantes fiscales apócrifos con un valor aproximado de 2 billones de pesos, y es que la factura electrónica se ha ocupado por la delincuencia organizada como comprobante, que les ampara servicios o productos irregulares o inexistentes.

Además, para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas son aquellas que hacen fraude al emitir facturas apócrifas sobre operaciones, compras o servicios no realizados con el fin de simular aumentos de gastos de operación para pagar menos impuestos.