Busca Diputada que estudiantes no respondan mensajes después de clases

TLAXCALA, Tlax., 8 de octubre de 2026.- Los estudiantes de Tlaxcala podrían tener protección legal frente a la exigencia de responder mensajes, avisos y tareas digitales fuera del horario escolar. 

La diputada integrante de la bancada de Morena, Gabriela Hernández Islas presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para crear la Ley para Garantizar el Derecho a la Desconexión Digital de las Personas Estudiantes, con la que busca establecer límites a las comunicaciones académicas y proteger el descanso de niñas, niños y adolescentes.

El proyecto parte de lo que calificó como una situación cada vez más común en las comunidades escolares, pues llegan por distintos grupos de mensajería, tareas publicadas durante la noche y solicitudes de respuesta inmediata que extienden las obligaciones escolares hasta los fines de semana o las vacaciones.

La propuesta de Ley plantea que las instituciones educativas definan canales oficiales de comunicación, horarios de atención y plazos razonables para responder y entregar actividades. 

La intención es dar certeza a estudiantes y familias sobre cuándo deben atender las indicaciones escolares y evitar que la conexión permanente se convierta en una exigencia cotidiana.

Uno de los puntos principales establece que los estudiantes puedan abstenerse de leer, atender o responder comunicaciones académicas digitales fuera de los horarios y periodos protegidos, sin sanciones, represalias, pérdida de puntos, inasistencias o anotaciones desfavorables.

La iniciativa aclara que este derecho no elimina las tareas ni impide el trabajo autónomo, la investigación o el aprendizaje a distancia. Busca que las actividades se programen con anticipación, que las instrucciones sean claras y que los plazos sean proporcionales a la complejidad del trabajo.

El proyecto establece que las instituciones educativas deberán elaborar protocolos de desconexión digital, informar sus canales oficiales, fijar horarios por nivel o modalidad y evitar que los grupos informales sean el único medio para comunicar obligaciones académicas.

También considera coordinar la carga digital entre asignaturas, prever alternativas para quienes enfrenten barreras de conectividad y establecer mecanismos gratuitos y confidenciales para presentar inconformidades. La propuesta prohíbe las represalias por ejercer el derecho a la desconexión.

Las reglas contemplan excepciones para emergencias de protección civil o seguridad, riesgos para la integridad de una persona y contingencias que requieran atención urgente; en esos casos, las comunicaciones deberán limitarse a lo indispensable.

La Secretaría de Educación Pública del Estado tendría la responsabilidad de emitir criterios generales, promover capacitación y dar seguimiento mediante los mecanismos institucionales existentes. En las instituciones de educación superior con autonomía, la aplicación deberá respetar sus propias normas y órganos de gobierno.

La iniciativa también considera la desigualdad en el acceso a dispositivos e internet, así como las necesidades de estudiantes con discapacidad, para evitar que la falta de conectividad se convierta automáticamente en incumplimiento académico.

El proyecto de decreto prevé que la ley entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en caso de ser aprobada.