Abre Alfonso Sánchez puerta a un Plan B
La senadora garantiza no utilizar el tema de la trata de personas como estandarte electoral y niega interesarse en participar en las elecciones de 2018
TLAXCALA, Tlax., 22 de agosto de 2017.- Este día, durante la exposición: Análisis y evaluación de los informes 2013 - 2015 de la Comisión Intersecretarial, por la senadora Adriana Dávila Fernández, en el Congreso de Tlaxcala, respondió a sus detractores y subrayó que en su labor contra la trata de personas no buscará un posicionamiento de tipo electoral rumbo al 2018.
La apizaquence señaló que ante las críticas y ataques en su contra por la aprobación de la ley Marco del Parlamento Latinoamericano, pese a existir otros promotores de esta ley, la funcionaria señaló que se ha convertido en un tema de carácter político del que dijo, no quiere ser partícipe.
"Yo no tengo, por ningún motivo intención alguna de seguir un juego de carácter electoral, quien haga un juego de carácter electoral no solo es ruin y bajo, es un mal servidor público o es un mal político porque la política tiene que hacerse también con altura, no sólo se trata de ganar elecciones, se trata de hacer lo mejor para este país y a mi me interesa mucho eso", subrayó.
Durante su intervención, Adriana Dávila argumentó que en Tlaxcala es necesaria la capacitación y sensibilización de los servidores públicos, así como contar con diagnósticos y datos verídicos de la situación sobre trata de personas, así como claridad y transparencia en los datos presentados a organizaciones de la sociedad civil, organismos federales y sociedad en general.
En este punto destacó que el material impartido por la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), entre personal docente y estudiantes, carece de claridad, así como se desconocen los montos específicos sobre su producción, difusión e impacto.
Por igual cuestionó el diagnóstico que presentó el gobierno del estado sobre trata de personas es una recopilación de datos con algunas variables pero que no presenta evidencias de seguimiento y supervisión de las víctimas rescatadas, así como apuntó que el estado carece de protocolos de investigación desarticulación de redes de tratantes, ni sistemas de reintegración social y protección contra una revictimización de mujeres, niñas y jóvenes rescatados.
A esto sumó que las Asociaciones Civiles a quienes les son entregadas víctimas de trata rescatadas deben contar con una regulación en cuestión de infraestructura suficiente, personal capacitado y médicos especializados para evitar casos como los albergues de Casitas del Sur, Mamá Rosa y el más reciente en el estado de Guanajuato donde se está implicando a un sacerdote por el delito de violación y posible trata de personas.
Bajo este aspecto, Dávila Fernández dijo que ha sido cuestionable el material difundido por el gobierno del estado donde fueron 33 mil pesos a servidores públicos del gobierno local, lo cual se considera como un desvío de recursos.
En respuesta a los señalamientos en su contra, la senadora puntualizó: "Me ha tocado defender a Tlaxcala en muchos lugares de los que voy, no a los tratantes, no todos los que participan en el Carnaval son tratantes (...) yo tampoco lo soy" y reitero que el trabajo que realice en conjunto con asociaciones civiles y entes gubernamentales no sea utilizado a su favor con fines político-electorales.






