Diputada de Morena propone castigar con prisión arrancones clandestinos

TLAXCALA, Tlax., 20 de octubre de 2026.- Organizar arrancones clandestinos podría convertirse en un delito castigado con hasta cuatro años de prisión, mientras que participar en estas competencias ilegales podría costar hasta tres años de cárcel, de acuerdo con una iniciativa presentada por la diputada Madai Pérez Carrillo en el Congreso de Tlaxcala.

La propuesta plantea incorporar al Código Penal estatal un capítulo específico para sancionar las competencias vehiculares ilícitas en la vía pública, incluidas aquellas convocadas a través de redes sociales, con el propósito de frenar prácticas que ponen en riesgo a conductores, peatones y habitantes de las zonas donde se realizan.

La iniciativa fue presentada después del choque múltiple ocurrido la madrugada del 3 de octubre en el bulevar Ocotlán, en la capital tlaxcalteca, donde una joven de 22 años resultó lesionada durante una carrera clandestina, según los antecedentes expuestos por la legisladora.

El proyecto establece de seis meses a tres años de prisión para quienes participen en estas competencias sin autorización, además de multas y la suspensión de la licencia de conducir de uno a tres años.

Para quienes organicen, convoquen, patrocinen o faciliten vehículos y otros bienes para realizar los arrancones, propone de uno a cuatro años de prisión, siempre que la competencia llegue a iniciarse.

Las penas aumentarían hasta en una mitad si las carreras se realizan cerca de escuelas, hospitales o zonas habitacionales; si los conductores están bajo los efectos del alcohol o las drogas; si participan menores de edad, o si se utilizan vehículos del transporte público o unidades con placas alteradas, ocultas o que no correspondan.

El castigo más severo se aplicaría cuando ocurra una muerte. La iniciativa contempla de cinco a diez años de prisión por homicidio culposo cometido durante una competencia vehicular ilícita, además de multas y suspensión de la licencia de conducir hasta por diez años. En caso de lesiones, las penas correspondientes aumentarían en una mitad.

Pérez Carrillo argumentó que las disposiciones de movilidad y tránsito ya prohíben los arrancones, pero las sanciones vigentes se concentran principalmente en el ámbito administrativo, por lo que consideró necesario establecer consecuencias penales para quienes generen estos riesgos.

La legisladora aclaró que la propuesta no busca criminalizar las competencias automovilísticas autorizadas ni a quienes acudan únicamente como espectadores; la intervención penal estaría dirigida a quienes participen en carreras ilegales o hagan posible su realización.

Además, plantea que estos delitos se investiguen de oficio. Si se utilizan vehículos concesionados del transporte público, las autoridades deberán dar vista a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que determine las medidas administrativas correspondientes.